Ignacio Sánchez Galán está fuera del caso Villarejo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión que adoptó el juez instructor Manuel García Castellón en junio de sobreseer la causa al presidente de Iberdrola. En el auto, contra el que no cabe recurso, los magistrados explican que no se le puede seguir investigando en esta macrocausa dado que los delitos que se le atribuían por la contratación del Grupo Cenyt estarían prescritos.
De esta forma desestiman el recurso interpuesto por Florentino Pérez, quien litiga como perjudicado en la causa, y confirman la decisión de García Castellón. El instructor, apoyándose en el criterio adoptado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal para otros actores implicados en este caso Tándem, decidió archivar a Sánchez Galán. Entonces explicó que la "contundencia" de la Sala no le dejaba otra opción más que sobreseer la causa para él.
Ahora la Sección confirma su decisión y explica que, en lo que respecta al delito cohecho cometido por particulares, el plazo de prescripción es de 10 años. Teniendo en cuenta que los hechos que se atribuyen a Sánchez Galán tuvieron lugar entre 2004 y 2009, el delito en cuestión habría prescrito en 2019. Mismo análisis efectúan del delito contra la intimidad cometido por funcionarios públicos y por falsedad, "al no estar ninguno de ellos castigado con pena que alcance diez años de prisión".
Ni Sánchez Galán ni Iberdrola
De esta forma, la que se convirtió en una de las piezas claves del caso Tándem, queda reducida a la actuación supuestamente irregular del propio comisario jubilado y del que fuera jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo. Este último sigue imputado en el procedimiento como presunto responsable de la firma de los contratos de espionaje que la eléctrica encargó al Grupo Cenyt entre 2004 y 2017 y por los pagó alrededor de 1,1 millones de euros.
Por la causa han desfilado como imputados directivos de primera línea de la eléctrica como, además de Sánchez Galán, el que fuera 'número dos' de la mercantil José Luis San Pedro; el director de Riesgos Juan Carlos Rebollo y el exjefe del departamento de Administración Pablo Insunza. Estos fueron los tres primeros altos cargos de la multinacional vasca en verse implicados en el caso Villarejo, pero con el avance de las diligencias el juez imputó también al director general de negocios de la eléctrica, Francisco Martínez Córcoles; al expresidente de Iberdrola España Fernando Becker; y al que fuera jefe de gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.
Todos ellos están exonerados a día de hoy al no quedar probada su intervención en estas contrataciones presuntamente fraudulentas. Lo mismo ocurrió con Iberdrola S.A. Las acusaciones que litigan en esta pieza número 17 pidieron su imputación alegando que, aunque los pagos salieron de Iberdrola Renovables, la beneficiaria última de estos servicios de espionaje era la matriz. En junio de este año, y siguiendo el criterio de Anticorrupción, decidió no citar como investigada a Iberdrola alegando que era "desproporcionado" exigirle el control de sus filiales.
La que sí sigue implicada es Renovables. El juez tomó declaración al representante legal de la firma en enero de este año por presunto delito de cohecho. Los investigadores se centraron en el encargó que se efectuó en 2011 por lo que Villarejo denominó como proyecto Wind. El motivo por el cual no actuaron por los encargos previos es porque hasta 2010 no entró en vigor la reforma legal que permite la imputación de las personas jurídicas.
Sin vínculos con Villarejo
No obstante, en su cita en la Audiencia Nacional el representante de Iberdrola Renovables explicó que la factura que se abonó en febrero de 2014 al entramado empresarial de Villarejo eran gastos derivados de una oferta de servicio que se hizo para un trabajo concreto, pero que éste nunca se llegó a realizar.
Por su parte, los 'espadas' de la firma se han desligado siempre en todo momento de la causa. El propio Sánchez Galán dijo en su interrogatorio que no conocía a Villarejo y que lo relativo a la contratación de proveedores no era un asunto que dependiera de Presidencia, en la línea con lo defendido también por otros imputados en Tándem a los que también se les archivó la causa.
Sin embargo, el instructor siempre se negó a sacar a Sánchez Galán del procedimiento apoyándose, por un lado, en los audios que obran en el sumario, y por otro, en las declaraciones de algunos implicados como José Antonio del Olmo. Este antiguo directivo, que comenzó siendo denunciante y acabó imputado, implicó al presidente en un plan para costear el primer proyecto de espionaje (Arrow) fuera de los cauces legales. Sánchez Galán, por su parte, desmintió estas acusaciones y dijo que el departamento de Seguridad fue el que gestionó estos servicios.
