La Audiencia Nacional manda al banquillo a Duro Felguera. La Sala de lo Penal acaba de confirmar todos los indicios contra la compañía asturiana y los procesados en la causa que arrancó en 2017 por corrupción y blanqueo de capitales. Los magistrados no solo respaldan la decisión del instructor Ismael Moreno, sino que apuntan a una "maniobra de corrupción de funcionarios venezolanos alargada en el tiempo".
Así se desprende de varios autos dictados por la Sala de lo Penal en marzo y que avanza Vozpópuli en los que los magistrados constatan los indicios acreditados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 que procesó a la compañía y a un total de doce personas el pasado 24 de julio, como desveló este medio.
El foco de este procedimiento se pone en la adjudicación a Duro Felguera de una central de generación eléctrica en Venezuela en 2009 de 1.500 millones de dólares. Anticorrupción constató que la compañía, que fue rescatada por la SEPI en 2021, utilizó sociedades interpuestas (como Terca o Ingrespe) para, mediante la firma de contratos ficticios, facilitar el presunto desvío de más de 100 millones de dólares en mordidas a funcionarios venezolanos de la órbita del chavismo.
Duro Felguera relega en Chávez
En relación al recurso interpuesto por Duro Felguera, que solicitaba la nulidad del auto del juez, la Sala de lo Penal determina que la compañía sí puede ir al banquillo como persona jurídica, aunque la reforma legal que permitió actuar contra las empresas es posterior a la adjudicación de la central. Los magistrados recuerdan que se habrían constatado pagos de la compañía desde antes de la adjudicación millonaria, en diciembre de 2008, hasta marzo de 2013.
Precisamente por estos hechos la Fiscalía Anticorrupción pidió que se abriera juicio oral contra la firma, su expresidente Juan Carlos Torre Inclán; el que fuera CEO Ángel Antonio Suárez del Valle; el presidente de Técnicas Reunidas (Terca) Luis Barrios y una serie de exaltos cargos del gobierno venezolano, entre los que se encuentran el que fuera viceministro de Energía Nervis Villalobos. Les atribuyen delitos de corrupción, falsedad y blanqueo de capitales.
El recurso de Duro Felguera argumenta que fue una adjudicación directa, por decisión del presidente de Venezuela. Si se admitiera, ello tampoco excluiría la posibilidad de maniobras destinadas a corromper a las autoridades y funcionariosAuto de la Sala de lo Penal de 19 de marzo
El magistrado actuó en consonancia con lo solicitado por la Fiscalía, y la Sala, ahora, confirma los indicios. "El auto de procesamiento abreviado imputa una serie de hechos que describen una serie de actuaciones destinadas a conseguir una situación de privilegio de Duro Felguera en la construcción de la central termoeléctrica, tanto en la adjudicación y formalización contractual, como en su ejecución", indican.
Al hilo, recuerdan la tesis del magistrado acerca de que en Venezuela era necesario que "alguien desde dentro del Gobierno y Ministerios afectados tuvieran buenas relaciones engrasando y mediando en los posibles retrasos". Por tanto, no se trataba únicamente de conseguir la adjudicación que se acordó el 4 de mayo de 2019, "sino de unas actuaciones más amplias".
El delito no está prescrito
De hecho, frente al criterio de la empresa, los investigadores sostienen que fue Rafael Ramírez -expresidente de PDVSA y hombre fuerte del chavismo- el que consiguió que el millonario proyecto energético se terminara adjudicando a Duro Felguera. Ésta, a cambio, se habría comprometido a realizar "varias entregas a funcionarios públicos venezolanos", siendo Del Valle y Torres los que decidieron dichos pagos.
En relación con ello, Duro Felguera alegó en su recurso que se trató de una adjudicación directa por decisión del presidente de Venezuela, cargo que ejercía en aquel momento Hugo Chávez. Los magistrados responden que incluso si hipotéticamente hubiera sido así, tampoco ello excluye la posibilidad de "maniobras destinadas a corromper a las autoridades y funcionarios" para conseguir la millonaria adjudicación.
En relación con la prescripción de los hechos que alega la defensa de la empresa asturiana, los magistrados sostienen que los delitos están vigentes puesto que los sobornos a funcionarios se habrían alargado hasta 2013 y que el plazo de la prescripción sería de diez años y no de cinco, atendiendo a las penas previstas por los tipos penales imputados.
Tampoco ve la Sala que se le pueda eximir a tenor del compliance y los programas de prevención de riesgo de la empresa. "Esta Sala considera que en el caso presente no se aportan elementos indiciarios que conduzcan de forma ostensible a entender que Duro Felguera realizó actividades de supervisión, vigilancia y control en relación con la actividad de las personas físicas que realizaban funciones dentro de la empresa", añaden.
Del mismo modo, también concluyen que no pueden dar por válido el alegato de la multinacional acerca de que no ha prestado declaración en relación a los delitos de falsedad o de blanqueo de capitales. Por ello sostienen que no han podido defenderse de estas imputaciones con las que irá al banquillo de los acusados.
No hay indefensión de Duro Felguera
En su respuesta, la Sala determina que comparte el criterio del magistrado Ismael Moreno acerca de que ha estado personada en las diligencias en su condición de imputada dese 2017 y que ha tenido tiempo suficiente para "ilustrarse" de los hechos que se le atribuyen. "La parte recurrente no aporta elementos que acrediten una indefensión material, dado que su defensa ha tenido pleno acceso durante toda la fase de instrucción a las diligencias practicadas", sentencian.
Del mismo modo, la Sala de lo Penal desestima también el recurso interpuesto por Nervis Villalobos, quien ha negado en todo momento irregularidad alguna con la adjudicación. Los magistrados rechazan su archivo y sostienen que hay indicios suficientes de su presunta mediación para favorecer a Duro Felguera.
