La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha descartado invalidar el informe pericial que apuntaba a un "error humano" del capitán del Villa de Pitanxo, Juan Padín, como "causa más probable" del hundimiento del buque en febrero de 2022 a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá), lo que le costó la vida a 21 de los 24 marineros a bordo. "La nulidad del informe es absolutamente improcedente", ha fijado el órgano.
Los magistrados de la Sección Tercera han desestimado así los recursos presentados por la defensa de Padín y por la de la armadora, el Grupo Nores. En concreto, estos habían solicitado la nulidad de ese informe al poner en tela de juicio la labor de los peritos responsables del mismo.
La Sala, en concreto, deja claro que "todas las aseveraciones que conciernen al acierto o desacierto de los peritos, en la forma y en el fondo de su informe pericial", las defensas pueden "hacerlas valer en los actos, orales o escritos, en instrucción o en acto del juicio". "Lo que la parte (Padín) pretende, que es la nulidad del informe pericial, es absolutamente improcedente, y es por ello que la resolución apelada tiene que ser completamente confirmada", añade.
Los magistrados aseguran que "puede aseverarse, como consideración general, que las partes apelantes, como cualquier otra de las partes del proceso, son muy libres de valorar el informe pericial, en el más amplio sentido, y de encontrarlo desde insuperable a digno de desecharse". "Pero ello no conlleva que deba ser declarado nulo", insisten. Y es que, inciden los magistrados, "ni siquiera de coincidir los órganos judiciales que fueren conociendo del caso con una valoración de tan baja puntuación como la que señalan las partes apelantes, el informe pericial sería nulo". "Sería, si se quiere utilizar el término, inutilizable, por ejemplo, de puro defectuoso, o, por ejemplo, por muy incompleto; pero no nulo", apuntan.
Según la Sala, "tiene interés subrayar que la crítica acendrada al trabajo, pericial, que la parte apelante, legítimamente, vierte en su escrito inicial y en su escrito de recurso de apelación, no ha de ser residenciada en el ámbito de la nulidad, porque en absoluto concierne a la nulidad del peritaje, sino que ha de ubicarse en el ámbito de la valoración".
Causas del naufragio
Las conclusiones de este informe pericial, a las que tuvo acceso esta agencia de noticias, señalan que, de acuerdo a "datos objetivos" y a las circunstancias analizadas, "se concluye que la causa más probable del hundimiento del buque fue un error humano del capitán, por la falta de percepción cabal del riesgo de hundimiento que suponía la maniobra que realizó para librar el embarre del aparejo del fondo marino".
Según este informe elaborado por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), Padín puso en "grave riesgo la seguridad del buque y sus tripulantes" al realizar esa maniobra, "con la mar y el viento de popa y la tolva de descarga de desperdicios abierta".
En segundo lugar, los peritos consideran un factor contribuyente del accidente la demora con la que el capitán dio la orden de abandono del buque a la tripulación, "lo que condicionó que pudieran realizar el abandono de forma ordenada y con alguna probabilidad de éxito".
El texto explica que otro factor clave habría sido la "falta de familiarización de los tripulantes con sus obligaciones y funciones atribuidas en el cuadro orgánico para situaciones de emergencia", además de con el uso de dispositivos de salvamento. Esto, a juicio de los expertos, "pone de manifiesto la falta de formación a bordo y la falta de realización de ejercicios periódicos de abandono de buque".
Las familias de los marineros fallecidos han valorado "de forma positiva" la decisión de la Audiencia Nacional de mantener en el procedimiento un informe que consideran "muy importante" para la investigación, según ha informado la portavoz María José de Pazo.
La Fiscalía ve en el naufragio del Villa de Pitanxo indicios de delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores, y las familias de las víctimas, que se querellaron contra el patrón y la armadora, también incluyeron la posibilidad de que se incurriese en otro delito de falsedad documental.