La Audiencia de Barcelona ha avalado la decisión del juez del caso Volhov de enviar a la Audiencia Nacional a miembros del entorno del expresident Carles Puigdemont y del "estado mayor" que organizó el 1-O ante los indicios de que integraron la "estructura organizativa" de Tsunami Democràtic.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona desestima el recurso que presentaron las defensas contra la remisión de la causa a la Audiencia Nacional, al que se adhirió la Fiscalía por considerar que la decisión del juez carecía de la "más mínima motivación fáctica y jurídica".
En una causa que permanece secreta, la Audiencia Nacional investiga desde 2019 por indicios de terrorismo a la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que organizó las principales protestas contra la sentencia a la cúpula del procés, entre ellas la ocupación del aeropuerto o el corte en la autopista AP-7.
Desvío de fondos públicos
El juez del caso Volhov, que indaga el supuesto desvío de fondos públicos al entorno de Puigdemont, decidió el pasado mes de junio enviar a seis de los investigados a la Audiencia Nacional, al concluir que formaron parte de la cúspide de Tsunami.
Se trata de tres empresarios miembros del "estat major" (estado mayor) que organizó el 1-O -el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el exdirigente de CDC David Madí y Oriol Soler, próximo a ERC-, así como el historiador Josep Lluís Alay, responsable de la oficina de Puigdemont y hombre de confianza del expresident, al que acompañaba cuando en marzo de 2018 fue arrestado en Alemania.
También figuran entre los investigados por Tsunami el informático de Waterloo Jaume Cabaní, a quien el juez vincula con transferencias de fondos a Puigdemont mediante criptomonedas, y la militante de ERC Marta Molina.
Para la Audiencia de Barcelona, del caso Volhov se desprenden "indicios bastantes" de que algunas personas investigadas "estarían integradas en la estructura organizativa de Tsunami Democràtic y participarían de manera principal en las actividades delictivas organizadas y encaminadas a la movilización de la masa social independentista, al servicio del propósito perseguido".
La sala, que descarta que se haya vulnerado el derecho de los imputados a un proceso con todas las garantías, recuerda que Tsunami está siendo investigado por "promover y realizar presuntamente múltiples episodios violentos y coactivos" y que, dadas las "dimensiones" de sus actividades, "requirió organización, planificación, jerarquía, uso de redes sociales y aplicaciones para dispositivos".
En ese sentido, subraya que el delito de terrorismo, competencia de la Audiencia Nacional, engloba tanto a las personas integradas en bandas armadas para realizar actos delictivos, como los que "cooperen en ellos o provoquen la participación en los mismos".
