La Audiencia Nacional no ve indicios para imputar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, o a sus antecesores Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos en relación a la caja B que manejaron los extesoreros de la formación, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, dado que, según considera, habrían actuado sin "intervención o interferencia" de sus superiores.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal alcanza esta conclusión al resolver 9 recursos contra el auto de transformación en procedimiento abreviado de la pieza de los papeles de Bárcenas, en el que, el pasado 23 de marzo, Pablo Ruz dio por acreditada una caja B en el PP, consideró al partido responsable civil subsidiario, y propuso juzgar a 6 imputados, entre ellos Bárcenas, Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez.
No obstante, el tribunal sí cree que existen "claros y contundentes indicios" de la existencia de "entregas en efectivo" por un montante de 200.000 euros que Bárcenas entregó al gerente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha", José Ángel Cañas, "cuyas sumas al parecer tenían su origen en Sacyr-Vallehermoso y estaban supuestamente destinadas a subvenir los gastos de la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas de 2007". De esta forma, la Sala avala la decisión de Ruz de enviar a los juzgados de Toledo la parte del procedimiento en la que se investiga la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en la concesión y ejecución en 2007 de un contrato de basuras que el Ayuntamiento de la ciudad adjudicó a la empresa Sufi, filial de Sacyr. Según el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, este contrató se concedió como contrapartida a una donación.
La Sección Cuarta respalda así que los juzgados de la capital castellano-manchega investiguen a Cañas; al entonces tesorero del PP de Castilla-La Mancha, Lamberto García Pineda; al exalcalde de Toledo José Manuel Molina y al expresidente de Sacyr Luis del Rivero. La causa se sigue también contra el actual presidente de la compañía, Manuel Manrique.
Rechaza los recursos
La Sala confirma la resolución de Ruz, al rechazar en tres autos los recursos presentados por Manos Limpias e IU (acusaciones que pedían proceder contra Rajoy, Cospedal y Acebes), el PSOE de Valencia, Observatori Desc, ADADE y los acusados Bárcenas, Lapuerta, Páez y Laura Montero, empleada de la empresa de arquitectura Unifica (encargada de la reforma de la sede de Génova). La Sala señala que, al igual que "existen nítidos indicios de participación" de los imputados "y entidades también implicadas", "al contrario no se han acumulado indicios suficientes para imputar a otras personas llamadas en su día como imputados" como es el caso de Acebes, al que posteriormente se le levantó la imputación, según recoge Efe.
De esta manera, los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel confirman que en el banquillo de los acusados del juicio por la contabilidad B del PP se sentarán, además de los dos extesoreros 'populares', el exgerente de la formación Cristóbal Páez, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.
La Audiencia rechaza así la petición de IU para averiguar las posibles responsabilidades penales de los que han sido secretarios generales del PP, al estimar que resulta "tarea reiterativa e ineficaz, pues ya se ha efectuado con el resultado exculpatorio que aparece en el procedimiento". La colaición de izquierdas llegó a pedir en su escrito de acusación una condena de 15 años de cárcel para Acebes, a expensas del resultado de este recurso, lo que ya no podrá mantener a tenor de los acordado por el tribunal.
Manos Limpias pidió también la imputación de los secretarios generales y del presidente Mariano Rajoy, a lo que la Sala contesta que los "particulares comportamientos de los sres Bárcenas y Lapuerta, desde su condición de Tesoreros del Partido Popular, en cuya órbita y conforme a sus funciones pudieron llevar a cabo las presuntas conductas penales de las que son objeto, sin intervención o interferencia de terceros ajenos a ellos", no pueden "acarrear sin más las imputaciones pretendidas".
