Faltan medios y hay descoordinación. La Audiencia Nacional se ha convertido en un almacén permanente de casos de corrupción, en un auténtico cuello de botella en el que las investigaciones caminan lentas, al ritmo que marcan los jueces encargados de ellas, condicionado en ocasiones por la falta de presupuesto, que se traduce en carencia de magistrados de apoyo, y también por las rencillas personales y las intrigas políticas. No hay más que observar el pulso librado durante semanas entre el juez Pablo Ruz y su compañero Gómez Bermúdez a cuenta de los llamados ‘papeles de Bárcenas’, finalmente resuelto el miércoles por la sala de lo penal a favor del primero, para hacerse una idea de los enredos que se esconden detrás de estas investigaciones y de la incapacidad con la que el Ministerio de Justicia y el propio Consejo del Poder Judicial afrontan este caos.
Como botón de muestra, fuentes judiciales ponen como ejemplo el día a día del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular provisional, hasta septiembre, es el propio juez Pablo Ruz. En esta instancia judicial se están ventilando, entre otros asuntos, la 'trama Gürtel', cuya instrucción inició el ex juez Baltasar Garzón hace cuatro años, el 'caso de la Sociedad General de Autores (SGAE)', el 'caso Nueva Rumasa', la llamada 'operación Pretoria' y el agujero en Caja Castilla-La Mancha.
La sobrecarga del juzgado número 5, donde está destinado el juez Ruz, explica en parte que la instrucción del 'caso Gürtel' dure ya más de cuatro años
En la 'trama Gürtel' se investiga la red de corrupción que dirigía Francisco Correa y en la que presumiblemente estaba implicado hasta las cachas el extesorero del PP Luis Bárcenas. El ‘caso SGAE’ descansa en el supuesto desvío de más de 30 millones de euros desde la citada sociedad y alguna de sus filiales, con fundadas sospechas de presuntos delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta. Tiene a Teddy Bautista como principal protagonista.
En Nueva Rumasa, se escondía un entramado societario de más de un centenar de firmas, la mayoría de ellas radicadas en paraísos fiscales, gestionado por la familia Ruiz Mateos. Está acusada de un delito de estafa. La 'operación Pretoria' se inició en 2009 para destapar posibles delitos de soborno, corrupción urbanística y blanqueo de capitales, en los que están implicados varios alcaldes catalanes del PSC y CiU. Por último, en la antigua Caja de Castilla-La Mancha se busca por el mismo juzgado si su expresidente, Juan Pedro Hernández Moltó, entre otros, incurrió en un delito de fraude después de que la entidad necesitara una recapitalización superior a los 7.000 millones de euros para atender los derechos de sus depositantes.
En el juzgado número 1 de la Audiencia se instruyen los sumarios del 'caso Afinsa', una parte del de Marsans y el del Banco de Valencia
Otros ejemplos donde el tráfico sumarial ha generado un atasco monumental pasan por el juzgado número 1, que instruye al mismo tiempo el 'caso Afinsa', parte del de Marsans y el del Banco de Valencia, y por el número 4, que se ocupa del ‘caso Bankia’ y de la 'operación Emperador', orientada a poner firme a la mafia china que opera en España.
¿Cuántos años durará la instrucción de todos estos sumarios? Fuentes judiciales de la propia Audiencia no tienen la respuesta. De momento, el Consejo del Poder Judicial ha pedido a esta última que envíe un listado de todos los casos de corrupción sometidos en estos momentos a investigación para estudiar la posibilidad de colocar a jueces de apoyo, una iniciativa que, según las mismas fuentes, apenas servirá para superar el colapso que sufren los diferentes juzgados.
