Paralizado hasta septiembre. Así se encuentra el conflicto por las radiales en quiebra, que este jueves ha visto cómo se suspendía una nueva reunión que pretendía arrojar más luz sobre el asunto. Parece que ni las palabras de la vicepresidenta del Gobierno afirmando que "sí o sí esta semana" tenía que estar por finalizado han podido con los obstáculos.
En esta ocasión el problema parece haber sido la falta de un documento de Bruselas sobre las condiciones de los bancos. En ese sentido se manifiesta un informe de la Abogacía del Estado que expone que cualquier solución que se acuerde debe contar con el beneplácito europeo.
Después de varias prórrogas y de haber estado la propuesta guardada en un cajón durante más de cuatro meses por las diferencias entre Hacienda y Fomento, la pasada semana se llegaba a un acuerdo tras cerrar la gran banca una compra de 650 millones de deuda de los bancos extranjeros. Como explicaba Vozpópuli, los bancos españoles se mostraron dispuestos a asumir la deuda extranjera tras mejorar la rentabilidad del bono a 30 años auna horquilla del 2% al 2,5% anual.
La situación parecía haberse desbloqueado después que las concesionarias llevarán más de dos meses sin recibir contestación a sus propuestas para el rescate, y la propia vicepresidenta del Gobierno hablaba el pasado jueves de que esto tenía que resolverse en una semana. Una vez más parece que el problema tendrá que quedar en el aire hasta la vuelta de las vacaciones.
Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran a EFE que a última hora de este miércoles se daba prácticamente por seguro que el plan se viese esta mañana en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. El Ejecutivo ha decidido finalmente suspenderla y no encontrarse con los seis mayores bancos acreedores para perfilar los principales términos de la creación de la sociedad 100% pública que aglutinará a las autopistas de peaje en quiebra.
La intención inicial era cerrar en la medida de lo posible la mayoría de los puntos que sustentarán la creación de esta sociedad en la reunión mantenida por los ministerios de Hacienda y de Fomento con las principales entidades financieras a fin de abordar la creación de la misma en el mes de septiembre. Precisamente, al 19 de dicho mes se ha aplazado la junta de acreedores de la autopista de peaje AP-36 entre Ocaña y La Roda. Las mismas fuentes señalan que la creación de esta sociedad ya contaba con el visto bueno de Bruselas.
Entre los puntos que se negocian en las reuniones que han mantenido en los últimos días las partes implicadas cobra especial relevancia el incremento de la rentabilidad fija que devengaría el bono a 30 años. Parece que el incremento de la rentabilidad, fijada en un primer momento en el 1%, se podría elevar ligeramente sin llegar a alcanzar el 2%, probablemente en torno al 1,9%
En las conversaciones que se han mantenido con los ministerios de Fomento, de Hacienda y de Economía a mediados de julio también se ha abordado cómo y quién va a comprar la deuda que tienen contraída las entidades financieras extranjeras con las sociedades concesionarias en concurso de acreedores. Sobre la mesa está aplicar también una quita del 50%.
Condiciones de la banca
La intención de los bancos pasaba por que el Banco de España libere las provisiones realizadas por las autopistas, así como la estructuración de la financiación en varios tramos, siendo de 646 millones el de deuda nueva por la compra del pasivo de la banca extranjera. Lo que parece descartado es que estos bonos estén garantizados por el Estado. De hecho, se mantiene el planteamiento de que la garantía de los mismos la asuma la propia Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa).
Desde la banca se reclamaba que estos bonos estuviesen garantizados por el Estado y que se mejorase la rentabilidad fija que devengarán para que lo que se reciba no esté por debajo de lo que se paga ahora por el bono español a 30 años, cercano al 4 % (3,968 %). El sector pedía que los bonos a 30 años emitidos por la sociedad pública pudiesen ser comprados por terceros, fundamentalmente bancos, sin una penalización del 10 %.
También se pedía modificar los estatutos de Seittsa a fin de habilitarla para poder captar futuros ingresos mediante la tarificación de las vías y la integración de las sociedades concesionarias. Entre los puntos que se han tratado destaca también renovar el plazo actual de 30 a 10 años más.
Para garantizar la viabilidad de estas carreteras, el Ejecutivo planteó a la banca y concesionarias una quita del 50 % a la deuda total, que asciende a 4.600 millones de euros.
