Documentación en papel y en soporte informático, correos electrónicos, dinero e, incluso, fotografías de las vacaciones. La quincena de registros realizados este martes dentro de la 'Operación Grizzly' que investiga un pufo de 82 millones de euros en las certificaciones de obras de tres adjudicaciones de la línea del AVE a su paso por Barcelona no sólo buscaba elementos de pruebas de estas suspuestas irregularidades, sino también indicios de los cohechos que presuntamente recibieron seis trabajadores de la empresas pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Según fuentes cercanas a la investigación, la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, Roser Aixandri, ordenó para ello la entrada y registro en las viviendas de todos ellos con instrucciones claras de "encontrar e intervenir en los mismos dinero, dádivas de cualquier tipo y evidencias de viajes realizados", así como cualquier tipo de documentos e información sobre los contratos bajos sospechaque tuvieran en sus domicilios. En la decisión ha pesado el hecho de que en una investigación anterior por hechos similares, la 'Operación Yogui', se concluyera que uno de los altos cargos de la sociedad estatal imputados en la misma había recibido, además de fondos en metálico, compensaciones como viajes a Aspen (Estados Unidos), una estación de esquí de lujo.
La juez ha ordenador "encontrar e intervenir" en los domicilios de los directivos de la empresa pública "dinero, dádivas y evidencias de viajes realizados"
Los seis cargos de Adif investigados son el director de contrato Carlos Javier M.F., el gerente de área Mauro B.D. y los directores de obra Juan Carlos R.V., Alejandro L.S., Ignacio C.P. y Adriano R.R., todos ellos de la empresa estatal salvo el último, que estaba destinado en la ingeniería pública Ineco, participada por la compañía de infraestructuras ferroviarias. Éste, el gerente de área y Juan Carlos R.V. están bajo sospecha por su participación en los trabajos para la construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad en el sector de Sant Andreu del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinidad, una obra que fue adjudicada en su momento por 177,4 millones de euros a la Unidad Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona Infraestructuras y Copicsa.
De los tres, la juez ordenó el registró de sus domicilios, todos ellos en Barcelona, y, además, de dos de ellos sus "despachos profesionales" en las dependencias que Adif tiene, respectivamente, en la calle Baixada de La Sagrera y en la Estación de Francia, también de la capital catalana. En estos últimos lugares, la magistrada fijaba como objetivo de la actuación de los agentes de la Guardia Civil la localización de documentos en papel o soporte informático, incluidos teléfonos móviles y correos electrónicos particulares y profesionales, relacionados precisamente "con las instrucciónes acerca de las mediciones o soportes a certificar mensuales" de dicha obra desde el inicio de la misma, en septiembre de 2010. Las fuentes consultadas destacan que entre los investigadores existe "la creencia razonada de que pudiera recibir gratificaciones" precisamente por dar el visto bueno al uso de materiales de inferior calidad al contratado o por 'inflar' los trabajos realizados por las adjudicatarias con el consiguiente sobreprecio.
Un despacho de la calle Titán
De los otros tres trabajadores de Adif ahora investigados, dos lo son por la construcción de la estructura de la estación de La Sagrera, unos trabajos presupuestados en 366,4 millones de euros que son realizados por la UTE formada por Dragados, Acciona Infraestructuras, Comsa y Acsa. Se trata, en concreto, de Ignacio C.P. y Alejandro L.S.. El domicilio del primero en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial y el del segundo, en Terrassa (Barceona) también fueron 'visitados' por agentes de la Guarida Civil en busca de pruebas de las supuestas 'mordidas' recibidas. También pasó lo mismo con sus puestos de trabajo. Uno, el del primero, situado en el edificio que Adif tiene en la calle Titán de Madrid. El segundo, en la dependencias de la compañía en la calle Baixada de La Sagrera, de la capital catalana.
Los registros incluyeron también los "despachos profesionales" de cinco de los trabajadores de Adif y de siete directivos de empresas adjudicatarias
Finalmente, el sexto empleado de la compañía pública del que se registro su vivienda y despacho es Carlos Javier M.F., en su caso por el proyecto de construcción de los accesos a la estación de La Sagrera, adjudicado en su día por 222,8 millones de euros a la UTE integrada por las constructoras catalanas Rubau y Copisa, y las grandes Ferrovial Agromán y FCC Construcción. En el caso de esta última compañía, al menos tres de sus directivos destinados en la UTE encargada de dichos trabajos vieron también como sus "despachos profesionales" y equipos informáticos, incluidas sus cuentas de correo, eran registradas, siempre según fuentes cercanas a la investigación.
Junto a estos empleados de FCC Construcción y los seis empleados de Adif, la juez también ha autorizado el registro de los despachos de otras cuatro personas pertenecientes a las UTE o a empresas de ingeniería que sobre el papel tenían que controlar, precisamente, que las mediciaciones de los trabajos realizados se ajustaba a la realidad y los materiales eran los fijados en los pliegos de licitación. En todos los casos, el auto de la magistrada autorizaba a la Guardia Civil a 'volcar' la información de ordenadores, teléfonos, tabletas, discos duros y servidores externos de cualquier "información relacionada con las obras objeto de investigación". Además, ha hecho un requerimiento de información a varias de las empresas adjudicatarias para que faciliten "los correos corporativos y carpeta profesional" que tuvieran en sus equipos informáticos otra media docena de trabajadores de las mismas que tuvieron algún tipo de relación con los trabajos ahora bajo sospecha.
