A partir del próximo mes de abril, las cerca de 4.000 marquesinas de las paradas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) empezarán a ser renovadas y el Ayuntamiento de Madrid ingresará 150 millones de euros por ello en los próximos años. La EMT ha adjudicado la gestión de los servicios de "diseño, fabricación, suministro, instalación, conservación, explotación, traslado, retirada, mantenimiento de marquesinas y postes-bus en la Villa de Madrid" a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por JCDecaux y Cemusa. Curiosamente, este mismo lunes la filial de FCC ha sido vendida a la empresa francesa. Además explotará la publicidad, por lo que se quedará con la mayor parte de los beneficios del negocio publicitario. El contrato tiene una duración de 13 años y medio prorrogable a 6 años más y, según denuncia el grupo municipal de UPyD, "está lleno de sombras".
La formación magenta pedirá explicaciones al Ayuntamiento de Ana Botella por las dudas legales que se desprenden de la licitación. Por un lado, UPyD critica que la adjudicación de este servicio pueda suponer restar patrimonio e ingresos al Ayuntamiento de la capital ya que un dominio público pasa a manos privadas; y por otro denuncian las prisas del nuevo contrato, probablemente porque el Gobierno municipal esté buscando una inyección de dinero de forma rápida. Esta adjudicación es, junto con la integración de Madrid Movilidad en la EMT, una de las soluciones que el equipo de Botella plantea para sanear las cuentas de la EMT, una empresa que, con 21,5 millones de pérdidas, no ha resultado rentable en 2013. "El problema de la EMT no se va a solucionar tan fácilmente", reconocen fuentes de UPyD a Vozpópuli.
El contrato hipoteca tres legislaturas
En un comunicado, el grupo magenta ha anunciado que preguntará por este asunto en la próxima Comisión municipal de Economía y Hacienda. Su portavoz municipal, David Ortega, ha explicado que lo "más llamativo de este contrato es su enorme duración", ya que tendrá vigor hasta el año 2027 o incluso hasta el 2033 en caso de prorrogarse. "¿Es legítimo, desde el punto de vista democrático, que un Gobierno con las elecciones a meses vista tome una decisión que hipoteca hasta a tres posibles futuros alcaldes?", se ha preguntado el edil de UPyD.
UPyD considera también que el traspaso de esa competencia del propio Ayuntamiento a la EMT "no está claro", sobre todo "bajo qué fórmula jurídica del mismo". "Pero nos preocupa aún más la descapitalización del propio Ayuntamiento, que con esta decisión política pierde ingresos que ahora van a parar a una sociedad anónima, con lo que eso supone de pérdida de transparencia y control", ha recalcado.
Otro "serio problema jurídico" de este contrato es, según UPyD, la reversión de las marquesinas a la EMT cuando termine el plazo de la concesión administrativa. "¿También revertirá a la empresa municipal el dominio público donde se asientan las marquesinas? En este caso, se estaría otorgando el uso privativo de un dominio público, algo que choca radicalmente con el artículo 132.1 de la Constitución, que establece que este tipo de bienes son inalienables", ha apostillado el portavoz de UPyD.
En definitiva concluyen que el Ayuntamiento ha buscado una fórmula "apresurada y poco respetuosa" con la legalidad de inyectar dinero a la EMT, "lastrada" en sus resultados económicos por "la mala gestión del PP", algo denunciado hasta la saciedad desde la oposición. "Estamos hablando de una empresa básica para Madrid, y hay que esforzarse por garantizar su viabilidad económica al tiempo que se mantiene un servicio público esencial. Ahí estaremos de acuerdo siempre con el equipo de Gobierno, pero no vamos a transigir con chapuzas legales o fórmulas oscurantistas que, a la larga, acaban perjudicando a la ciudad", ha concluido Ortega.
