Primer gran revés de la legislatura para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Tras cosechar el 28 de mayo de 2023 la actual mayoría absoluta, el Partido Popular ha sacado adelante todas las leyes y reformas que ha estimado oportuno. Sin embargo, con la Ley Trans ha pinchado en hueso.
El pasado 22 de diciembre, el Partido Popular aprobó en la Asamblea de Madrid, junto a Vox, su propuesta de modificación de la Ley Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual y de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, conocidas como 'leyes LGTBI'.
Esta modificación de la ley derogó una veintena de artículos y modificó la redacción de otros cuatro. En esta reforma se eliminaron conceptos como la autodeterminación de género o la inversión de la carga de la prueba, así como la discriminación por error o la coeducación.
Al mismo tiempo, retocaba aspectos sanitarios, eliminando la necesidad de un informe de impacto LGTBI para las normativas de la Comunidad. También se quitó el artículo destinado al reconocimiento y apoyo institucional del colectivo por parte del Ejecutivo regional.
Sin embargo, poco le ha durado la alegría al equipo de Ayuso. El pasado 18 de julio, el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos del Gobierno central contra la Ley Trans de la Comunidad de Madrid, suspendiendo varios artículos, como el que exigía a los menores trans informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición.
Como también hizo el Defensor del Pueblo, el Ejecutivo central llevó ante la corte de garantías diversos preceptos de esas dos normas autonómicas al considerar que vulneraron la Constitución e invaden competencias exclusivas del Estado. Al admitir a trámite su recurso, el pleno del Tribunal Constitucional suspendió la vigencia y aplicación de los artículos impugnados, entre los que también figuraba el que permite el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que el Ejecutivo consideró que suponía una excepción a la prohibición absoluta de las terapias de conversión.
Ayuso recula y hace caso al Tribunal Constitucional
Ante este anuncio del Constitucional, el Gobierno de Ayuso aprobará hoy en el pleno de la Asamblea, sin debate y por lectura única, una reforma de la ley trans. El lavado de cara constará de un artículo de la ley LGTBI y cinco de la trans, incluido el artículo 14, fuente de toda polémica.
Posterior a la remodelación de la norma, la Comunidad de Madrid pedirá que haya un asesoramiento antes y durante el proceso, exigiendo un informe médico en el caso de que el menor tratado presente alguna enfermedad o patología previa.
Este gran cambio, que se acerca a los postulados de lo aprobado por el Ministerio de Igualdad en su momento, ha sido bien recibido entre la izquierda madrileña, que considera que Ayuso se ha visto obligada a "recular". No tanto en Vox, que ha cargado contra este paso atrás del Partido Popular.
Un movimiento que han aprovechado tanto José Antonio Fúster como la nueva portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, para defender su 'no' en la votación de este jueves. El pleno, aparte de la polémica LGTB, estará marcado por la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y las críticas que PP y Vox harán a la nueva crisis desatada en el entorno del presidente del Gobierno.
