La Comunidad de Madrid ha desmentido la versión que la Delegación del Gobierno ha dado a la juez que investiga la manifestación del 8-M en la capital. Fuentes del Administración de Isabel Díaz Ayuso han asegurado a Vozpópuli que la Dirección General de Salud Pública ha avisado al Juzgado que sí informó al departamento del Ejecutivo sobre el "riesgo inminente" del coronavirus en dos resoluciones sobre medidas sanitarias adoptadas el 6 de marzo.
El Gobierno autonómico ha refutado el argumento del secretario general de la Delegación de Gobierno, Fernando Talavera Esteso, quien aseguró ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que no había recibido ninguna comunicación sobre la Covid-19 por parte de la Comunidad de Madrid hasta después del 14 de marzo, cuando ya se había decretado el estado de alarma.
Según han precisado las fuentes consultadas, la Comunidad de Madrid envió la notificación a través de sendos correos electrónicos un día antes de la concentración. En ambos se adjuntaron las resoluciones publicadas el 7 de marzo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) relativas a las medidas sanitarias en los centros de mayores y en los centros de salud.
"Riesgo de carácter inminente"
En la primera de las resoluciones se acordaba suspender las actividades en los centros de mayores en las tipologías de hogares y clubes y servicios de convivencia familiar y social. En los tres folios, que la propia directora de Salud Pública mandó a poner en conocimiento de la Delegación de Gobierno, se alegaba que existían "razones objetivas" para adoptar dicha "medida preventiva y de contención de la transmisión de la Covid-19". Según precisaba, en medio de "la situación de alerta sanitaria" la actividad en los centros de mayores suponía "un grave riesgo de carácter inminente para la salud pública".
Las fuentes consultadas han asegurado a este diario que desde la Administración se ha informado a la juez de dichas notificaciones y del carácter de ambas resoluciones. En el auto, recogido por Vozpópuli, la magistrada requiere a la Delegación de Gobierno en Madrid que informe sobre cuándo recibió las dos resoluciones de la Dirección General de Salud Pública de la comunidad. En el marco de la petición, detalla el contenido de ambos escritos y destaca que fueron publicados en el BOCM el pasado 7 de marzo, un día antes de la manifestación por el Día de la Mujer y una semana antes de que el Ejecutivo decretara el estado de alarma.
Diligencias de investigación
La solicitud efectuada este martes desde el Juzgado tiene lugar en medio de las pesquisas que se llevan a cabo para determinar si el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco Pardo, prevaricó al permitir -entre otras- la manifestación del 8 de marzo. El auto se ha dado a conocer justo un día después de que trascendiera que la juez había acordado retirar la imputación de lesiones tras recibir un informe forense en el que se alega la imposibilidad de acreditar relación alguna entre asistir al 8-M y contagiarse de coronavirus.
Ahora, en el marco de las diligencias, la Delegación de Gobierno deberá informar sobre la "primera comunicación, indicación, alerta o noticia" que recibió por escrito en relación con el coronavirus procedente de cualquier Administración con anterioridad al 14 de marzo. Según consta en el auto, la juez ha dado plazo hasta el 30 de abril para facilitar la respuesta.
La información que se proporcione se sumará a la batería de diligencias ordenadas por el Juzgado a la Guardia Civil el pasado 25 de marzo, cuando admitió a trámite la denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares y acordó investigar los hechos denuncias en relación a José Manuel Franco. La magistrada, según indicó en el primer auto, pretende determinar si "se dio orden expresa al delegado del Gobierno de Madrid de no prohibir las manifestaciones al margen de cualquier consideración sanitaria" y si "se adoptó alguna medida de prevención por parte de la Delegación del Gobierno".
