El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha lanzado una "cortina de humo" esta semana. El Ejecutivo regional que lidera la popular Isabel Díaz Ayuso ha propuesto renunciar a la designación de un juez para el Tribunal Superior de Justicia de la Región en aras de "despolitizar" el órgano de los magistrados.
"No estamos cuestionando la independencia del poder judicial en España, sino afirmándola para robustecerla y que no se dé la apariencia de parcialidad como consecuencia del origen del nombramiento de los magistrados", justificó el pasado martes el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López.
Pero lo cierto es que conseguir esto es complicado. Primero se debería aprobar en la Asamblea de la Comunidad de Madrid un proyecto de ley por mayoría absoluta. Por ahora este intento de desligarse del nombramiento de jueces sólo cuenta con los 30 votos del PP y con los 26 de Ciudadanos, socio de legislatura de Ayuso.
De ahí se remitiría como proposición de ley al Congreso de los Diputados, pues se está planteando es una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). De salir adelante, este cambio afectaría a todos los parlamentos autonómicos y, por ende, a todos los Tribunales Superiores.
"Una asamblea de una comunidad no puede decir que no lo va a hacer, porque es que la ley le obliga”
"No tienen potestad para hacerlo"
Es en la LOPJ donde encallaría la propuesta. Como explica a Vozpópuli el portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, "ninguna asamblea regional tiene potestad para hacer lo que le están vendiendo a la gente".
Según la legislación, los parlamentos de las comunidades autónomas mandan una terna al Consejo General del Poder Judicial una terna de candidatos, y es el órgano de Gobierno de los magistrados quien escoge a uno para ocupar la sala civil y penal del Tribunal Superior correspondiente.
"Una asamblea de una comunidad no puede decir que no lo va a hacer, porque es que la ley le obliga". Prado recuerda que en la última reforma de esta ley orgánica, que se produjo en el diciembre pasado, ningún partido quiso cambiar esta figura por la que los gobiernos de las comunidades proponen a un juez.
Otras fuentes de la misma asociación apuntan que lo que realmente despolitizaría la justicia es que todos los jueces fuesen elegidos entre todas estas organizaciones, sin intermediación de los políticos.
