La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han desarticulado, en una operación conjunta con 39 detenidos, una organización criminal que presuntamente estafó casi un millón de euros a más de 700 víctimas, a las que robaban o fotografiaban el DNI para luego pedir créditos por internet para comprar móviles de alta gama y otros productos de lujo.
Según han informado este domingo ambos cuerpos, la banda operaba fundamentalmente en Tarragona y los investigadores no descartan que el número de víctimas siga aumentando, ya que muchas de ellas ni sabían que se encontraban en listas de deudores tras sufrir la estafa. La operación se ha desarrollado en dos fases, la última recientemente, y hasta ahora se calcula que el total aproximado defraudado por esta organización asciende al millón de euros, con más de 700 víctimas.
La investigación se inició en 2023 al detectarse un incremento significativo de hurtos y robos de DNI en diversas zonas de veraneo de la Costa Dorada, de manera que la Guardia Civil y los Mossos constituyeron un equipo conjunto de investigación que en noviembre de ese año identificó la existencia de una organización criminal con una estructura estable y una distribución de roles y funciones entre sus miembros, con un único objetivo: el de cometer estafas a gran escala.
El 'modus operandi' comenzaba con la compra de los datos de terceras personas, obtenidos mediante el hurto o robo físico del propio DNI, o través de capturas fotográficas hechas por algunos de los miembros de la organización mientras trabajaban en varios centros de ocio de Tarragona y Reus, según la nota de prensa de los investigadores.
Una vez obtenidos los datos, entraban en las páginas web de empresas de créditos y comprobaban mediante una simulación si con esos datos podían tener acceso a un crédito. En caso afirmativo la empresa crediticia les pedía otros datos personales como el puesto de trabajo, la nómina o la banda, que otros miembros de la banda obtenían mediante la introducción de los datos en la web de la Seguridad Social.
Con toda esta información necesitaban realizar un último paso, la falsificación de la nómina y la de un certificado bancario que acreditara la domiciliación de un recibo de agua, luz o de cualquier otro suministro o servicio. Una vez conseguido esto, la organización criminal, mediante cuentas bancarias falsas, solicitaba créditos de entre 3.000 y 5.000 euros y compraba por internet teléfonos de alta gama y otros productos tecnológicos de lujo.
En algunas de estas páginas web donde adquirían los teléfonos podían contratar tarjetas de crédito, lo que aprovechaban para solicitarlas y usarlas posteriormente en casinos, cajeros y otros servicios. Los productos de lujo comprados eran enviados a determinados lugares y recogidos en todo el territorio nacional por otros miembros de la organización.
En el caso de los teléfonos móviles eran vendidos posteriormente en tiendas de Reus y Tarragona con la connivencia de sus propietarios que obtenían así dinero en metálico, según la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra.
Los investigadores comprobaron que en algunos casos, a fin de obtener una financiación rápida de terminales de alta gama, la organización tenía un colaborador que trabajaba para una importante empresa de telefonía, y que se encargaba de que la documentación aportada por la organización criminal fuera aprobada y tramitada con más celeridad.
Durante 2023 la organización empezó a tener problemas para obtener financiación en algunas empresas en Cataluña y tuvo que desplazarse a Valencia y Zaragoza para seguir desarrollando la misma actividad delictiva. En noviembre los agentes detuvieron a 19 personas por varios delitos de estafa y falsedad documental y se efectuaron siete registros, resolviéndose 121 ilícitos penales.
En una segunda fase fueron identificadas y detenidas otras 20 personas, que fueron puestas a disposición del juzgado en funciones de guardia de Reus (Tarragona), y se esclarecieron 267 hechos denunciados ante los Mossos, 38 de los cuales corresponden a delitos cometidos en el Baix Camp y el Priorat.