Los tres autos dictados ayer por el juez Pablo Ruz formalizan un cambio en su estrategia de investigación de los 'papeles de Bárcenas'. A partir de ahora, la instrucción se centrará en aquellos apuntes concretos en los que las pesquisas hayan encontrado indicios de un delito que, en opinión del magistrado, no haya prescrito aún. Es decir, los cometidos en 2007 o en ejercicios posteriores. Los apuntes contables del extesorero del PP dejarán, por tanto, de ser un fin en sí mismo -una vez que su credibilidad ha dejado de estar en duda- para pasar a ser un elemento de prueba más a partir del cual destapar supuestas corruptelas concretas. Por el momento, ya son cuatro las que investiga: el supuesto pago con dinero negro de las obras de remodelación de la sede de Génova 13, la comisión presuntamente recibida por el partido en Toledo por la concesión en 2007 de un contrato de limpieza a una filial de Sacyr, la adquisición de un local para la formación política en La Rioja con fondos de origen no aclarado y la extraña devolución por parte de Pontevedra de una deuda con la dirección en Madrid. Estas tres últimas las abrió formalmente ayer con sus últimos escritos.
El instructor deja claro que sólo investigará los apuntes contables a partir de 2007, ya que los posibles delitos que recogen son los únicos que considera no prescritos
La primera de estas anotaciones es la que provocó a finales de septiembre la imputación por el supuesto cobro irregular de 880.000 euros del arquitecto Gonzalo Urquijo, dueño de la empresa de interiorismo Unifica que realizó la remodelación de la sede central del PP en Madrid. Una cantidad que nunca fue declarada a Hacienda por esta sociedad y que llevó al juez Ruz a ordenar hace dos semanas el registro de la sede de la compañía. En el escrito en el que autorizaba la entrada en las oficinas, el magistrado ya recalcaba la "veracidad" de las anotaciones de la contabilidad manuscrita de Bárcenas y añadía que en la contabilidad oficial del PP, incorporada a la causa, aparecían detalles concretos que reforzaban las sospechas de las irregularidades sacadas a la luz por los 'papeles'. En concreto, dos pagos por adelantado a Urquijo por 552.000 y 859.149 euros que el arquitecto no incluyó en la facturas que remitió al partido de Mariano Rajoy.
Sobre la segunda línea de investigación, la referida a la supuesta comisión de 200.000 euros recibida en 2007 por el PP de Castilla-La Mancha para su campaña electoral de aquel año tras la concesión de la contrata de limpieza de Toledo a Sufi SA, una filial de Sacyr, el juez Ruz decidió ayer meterse a fondo. Para ello, acordó en auto la práctica de cinco diligencias referidas a este movimiento contable, destapado por Luis Bárcenas con varios de los documentos de las carpetas de colores que incorporó a la causa tras decidirse a 'tirar de la manta' el pasado 15 de julio. El magistrado quiere que el PP aporte en cinco días "toda la documentación contable o de cualquier otra índole que obre en su poder" sobre la presunta recepción por parte de José Ángel Cañas, gerente del partido en esta comunidad, de esa cantidad. Además, también ha ordenado que el próximo 6 de noviembre declaren ante él en calidad de imputado este dirigente regional del PP, así como los dos empresarios señalados: Luis del Rivero, quien fuera máximo responsable de Sacyr y ya estaba imputado en la cusa, y Manuel Manrique, también directivo de esta compañía.
Otra prueba caligráfica
El juez quiere también hacer una prueba pericial caligráfica de la letra de José Ángel Cañas para comprobar si las letras y los números que aparecen en los documentos manuscritos que entregó al juez el extesorero del partido fueron realizados realmente por el dirigente castellanomanchego. Además, Ruz ha requerido al Ayuntamiento de Toledo para que remita a su juzgado "testimonio íntegro en soporte documental e informático del expediente" por el que se adjudicó el contrato de recogidas de basuras de Toledo a la filial de Sacyr. Por último, ordena que una vez recibida toda la documentación requerida, se dé traslado de la misma a los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que éstos emitan un "informe acerca de la regularidad en la tramitación de la adjudicación". El magistrado quiere saber si la misma se hizo conforme a la ley y bajo "los principios de publicidad, concurerrencia, objetividad y transparecencia". En este punto, Ruz deja abierta la puerta a citar de nuevo a la secretaria general del PP y presidenta en esta comunidad, María Dolores de Cospedal, en cuyo interrogatorio como testgio del pasado 14 de agosto no dejó a las acusaciones que la preguntaran sobre este hecho.
El juez abre la posibilidad de citar de nuevo a Cospedal al reconocer que en su anterior comparecencia no permitió a las acusaciones que le preguntaran sobre la concesión a la filial de Sacyr
Para los otros dos apuntes contables en los que quiere centrar la investigación, el juez también plantea la colaboración de los funcionarios de la IGAE. En concreto, pide que este organismo haga un informe sobre el envío en 2008 de 200.000 euros desde Génova 13 a su partido en La Rioja para la adquisición de una sede en esta comunidad. Para ello, pone a disposición de la Intervención General la contabilidad del PP que ya está incorporada a la causa, así como la transcripción de la declaración que Bárcenas hizo el julio ante el juez y copia de la documentación que aquel día entregó en el juzgado. Sobre el apunte referido a una deduda del partido en Pontevedra de 160.000 euros y las referencias que el extesorero hizo en su testimonio de que la formación en esta provincia devolvió la cantidad de 50.000 euros en febrero de 2010, Ruz también solicita un informe previo de la IGAE antes de tomar una decisión sobre la petición de algunas de las acusaciones de citar a declarar como testigos a dos responsables del partido en la comunidad gallega
Fuentes jurídicas destacan que con sus tres últimos autos, en uno de los cuales es muy crítico con las acusaciones y sus peticiones de diligencias, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 deja bien claro que ha decidido pasar a un segundo plano las diligencias de declaraciones de testigos e imputados para centrarse en el análisis de los documentos que ya obran en la causa siempre y cuando entren dentro del periodo temporal que considera no prescrito, es decir, a partir de 2007. "Ahora empieza realmente a instruir", señala un abogado personado en la causa que considera que con este paso el magistrado "parece decirnos claramente que se ha acabado el rosario de citaciones que tanto os gusta a los medios de comunicación pero que en su opinión no aportan gran cosa a la causa". Ruz ha empezado ya a fijar las líneas rojas del caso.
