Los barones del PSOE asistieron con preocupación a los prolegómenos de la mesa de Estado a Estado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña pero, llevada a cabo una primera reunión, el miércoles en Barcelona, darán un margen de confianza a la “necesidad de diálogo” que invoca Pedro Sánchez, siempre y cuando no suponga “menoscabo al resto de las comunidades autónomas”; particularmente en materia de financiación, la cual une sensibilidades tan diferentes como son las del presidente valenciano, el federalista Ximo Puig, o el castellano-manchego, el españolista Emiliano García-Page.
Ese margen de confianza alguno lo hace extensivo, incluso, al presidente catalán, el republicano Pere Aragonès, tras plantarse ante las pretensiones del huido Carles Puigdemont y el ala más radical del independentismo, de incluir a ex presos condenados por el 1-O en esa mesa de negociación con el Gobierno. “Desde el momento en que no está el líder de ERC, Oriol Junqueras, plantear eso era plantear un imposible y se interpretó de la única manera que cabe: como el enésimo intento de Junts pel Cat de dinamitar una negociación que ellos ya no controlan”, señala un barón socialista.
Eso sí, advierte, la mesa no puede dar lugar a nuevos agravios porque entonces no sería acuerdo sino “chantaje” con el único fin de conseguir nuevos “privilegios” para Cataluña, como el que pretendió Artur Mas en septiembre de 2012 en La Moncloa planteando a Mariano Rajoy un Pacto Fiscal con el Estado igual al Vasco o al Navarro. De aquella negativa del entonces presidente del Gobierno nació un proceso independentista que La Moncloa intenta ahora desactivar del todo sin perder de vista su retaguardia socialista.
Guillermo Fernández Vara: “Los avances de esta política de diálogo están a la vista: cuantas menos expresiones de independentismo, menos ciudadanos en la Diada del Once de septiembre”
Porque no es casualidad que al día siguiente de dar el polémico cabezazo ante la Senyera en Barcelona, Pedro Sánchez se plantará este jueves en Zaragoza para entrevistarse con el más furibundo adversario de esa mesa, el presidente aragonés, Javier Lambán, a garantizarle que Aragón y Cataluña compartirán “en igualdad” la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030.
A cambio, Lambán y él comparecieron en una declaración institucional sin preguntas, durante la cual el líder del PSOE aragonés, que un día antes de la primera cita de esa mesa de diálogo se había mostrado “escéptico” sobre ese diálogo de Estado a Estado, se limitó a recordar que “Aragón es una comunidad política milenaria que hace 800 años ya se llamaba Aragón y sus habitantes se reclamaban aragoneses”. Fuentes socialistas aragonesas recuerdan a este periódico, no obstante, que ya hace semanas señaló que el presidente del Gobierno ”tiene todo mi apoyo para intentar buscar salidas al conflicto que plantea el independentismo catalán”.
El que más claro tiene esta última idea expresada por Lambán es el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien, en conversación con Vozpopuli y a la espera de que la mesa se dote de contenidos concretos, afirma vigilante aunque rotundo: “Los avances de esta política de diálogo están a la vista: menos expresiones de independentismo, menos ciudadanos en la Diada del Once de septiembre”.
Una vez pasada la conmoción interna por los indultos a los presos condenados por el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y puesta en marcha esa mesa de diálogo, la pluralidad de voces entre los barones socialistas oscila entre la resignación y la esperanza. Y eso hace que Fernández Vara, un habitual de las posiciones más españolistas del PSOE, coincida en esta hora con el más federalista Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana.
Ximo Puig: Cualquier acuerdo de la mesa se debatirá en el Consejo de Política Fiscal (CPFF) y “por supuesto tendrá consecuencias para el conjunto de las comunidades; no habrá privilegios para Cataluña”
“Creo que las cosas son muy complicadas pero, sin lugar a dudas, hay una conciencia clara de que (el diálogo) es el único camino. Por lo tanto, todos los interlocutores tendrán que actuar en consecuencia y los que no están en la mesa también”, reflexiona Puig en una charla con Vozpópuli, en lo que constituye un aviso tanto a Puigdemont como al PP de Pablo Casado, que abjura de todo cuanto Sánchez y Aragonés decidan en esa mesa. “Habrá avances lentos pero los habrá. No hay otro camino que el diálogo”, insiste el presidente valenciano.
En lo que sí se muestra rotundo es en el aviso de que, como Vara, Lambán, García Page y el resto de barones, estará vigilante de que la mesa de diálogo no genere nuevos agravios financieros entre Comunidades Autónomas. Cualquier acuerdo se debatirá en el Consejo de Política Fiscal (CPFF) y “por supuesto tendrá consecuencias para el conjunto; no habrá privilegios para Cataluña”.
Page, el más ‘vigilante’
Por su parte, Emiliano García Page prefiere poner el acento en esa actitud vigilante frente a posibles agravios, que también muestran otros barones, antes que en las bondades del diálogo per se con una formación, ERC, la cual demostró retirando la bandera española tras la intervención de Pedro Sánchez en el Palau de la Generalitat que aún le queda por recorrer mucho camino de vuelta a la legalidad.
Page ya advirtió hace unos días que cualquier avance en materia de financiación con Cataluña “quedará supeditado al acuerdo entre todas las comunidades autónomas”. Y previendo que el Gobierno y Pedro Sánchez pudieran caer en la tentación de satisfacer una demanda cercana a lo que pueda ser un Pacto Fiscal con el Estado, tal que el derivado de los Fueros Vasco y Navarro, reconocido en la Constitución (1978), ha avisado que lo llevaría a los tribunales sin dudar.
Incluso ha pedido a los miembros del consejo consultivo de Castilla-La Mancha que se preparen para posibles "batallas constitucionales". “Ojalá" no les tenga que pedir un informe sobre los márgenes de actuación que tiene como presidente autonómico, avisó, "si se trata de defender el orden constitucional y la igualdad de las comunidades autónomas en los servicios públicos y en el conjunto del funcionamiento del sistema jurídico español".
