El aforamiento exprés de Juan Carlos I tiene como objetivo blindarlo frente a la demandas de paternidad que se le avecinan, concretamente frente a la demanda conjunta presentada en 2012 por parte de Albert Solá y de la belga Ingrid Jeanne Satiau, según asegura la BBC. Ambos aseguran que son hijos de Juan Carlos, y pruebas médicas han demostrado que tienen un 91% de posibilidades de ser vástagos del mismo padre.
La inmunidad legal del ex Jefe del Estado ha hecho que durante casi 40 años no pudiera ser imputado ni investigado por ningún tipo de juez. Ahora, el Gobierno quiere hacerle un aforamiento especial por el cual no podría ser tampoco llevado a ningún proceso ni civil ni penal.
El pasado viernes 20, el PP formalizó el cambio legal para garantizar el aforamiento a don Juan Carlos, quien tras abdicar ha perdido su inviolabilidad, y lo hizo registrando en el Congreso dos enmiendas a una reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tiene en tramitación la Cámara Baja. La modificación legal podría aprobarse en el Congreso en una o dos semanas y su entrada en vigor se calcula antes del verano.
El Gobierno ha considerado que esta es la vía más rápida para dar esa protección especial al rey saliente ante cualquier demanda que pueda presentarse contra él.
Anticipándose a lo que regulará la futura reforma global de la Ley del Poder Judicial (LOPJ), actualmente en fase de anteproyecto, las enmiendas establecen que el rey Juan Carlos y su esposa, doña Sofía, al igual que la princesa de Asturias, doña Leonor, pasarán a considerarse aforados como los diputados o senadores y las acciones judiciales que se abran contra ellos deberán tramitarse en las salas civil y penal.
