El representante legal del BBVA declaró durante un total de tres horas y 24 minutos en la Audiencia Nacional. El encargado de poner cara al banco, investigado como persona jurídica por los encargos al comisario José Manuel Villarejo, fue el responsable de sus servicios jurídicos en España, Adolfo Fraguas. Desplegó una medida estrategia que pasó por conceder a la Fiscalía irregularidades internas en la contratación del polémico mando, pero poco más.
Los contratos con la empresa de Villarejo no pasaron los controles del área jurídica del banco, dijo. Tampoco se acreditó debidamente que el policía, todavía en activo, cumpliese con lo que se le había exigido y, a pesar de ello, se le abonaron grandes cantidades de dinero. Hasta ahí llegó la asunción de responsabilidades del banco que afectan, sobre todo, al exjefe de seguridad ya jubilado que contrató al mando, Julio Corrochano, y al exresponsable del área de riesgos y responsabilidad inmobiliaria, Antonio Béjar, actualmente enfrentado con el banco y un verso libre al margen de la línea que siguen el resto de directivos de la entidad investigados.
Fraguas amagó incluso con entregar al que fuera presidente del banco durante dos décadas, Francisco González. Pero solo fue un amago. Lo hizo al apuntar varias veces hacia su figura como el responsable de la orden de contratar con Cenyt, la sociedad de Villarejo. Pero en casi todas las ocasiones se escondió tras la versión de Corrochano, recogida en un cuestionario que le remitió el banco cuando estalló el escándalo.
Las respuestas meditadas y por escrito del exjefe de seguridad del banco a quien Villarejo -ex compañero suyo en la Policía- le pagó los muebles de su casa, fueron de los pocos documentos con los que se presentó el BBVA a dar explicaciones por 14 años de encargos a la trama policial. El resto de fuentes de conocimiento eran los letrados, el estudio forensic y documentación que no llegó a precisar.
Fraguas ni siquiera pudo trasladar a los investigadores el punto de vista del resto de directivos del banco investigados, porque han preparado su defensa con un equipo de abogados que no son propiamente del BBVA. Sobre los trabajos de Villarejo, tampoco pudo aportar grandes detalles. De manera recurrente alegó que no habían sido capaces de recuperar los “entregables” donde se recogen los resultados de sus actividades.
Corrochano destruyó los informes
Y culpó de nuevo a Corrochano de haberlos destruido por miedo al efecto que podría tener en la reputación del banco. No obstante, eso no le impidió decir que hasta donde sabe el BBVA, la información recopilada por Villarejo, procedía de datos públicos.
No aclaró del todo si en el banco sabían que al contratar a VV Development, la filial de Cenyt, estaban contratando a Villarejo. Fraguas explicó que quien se presentaba como apoderado era su socio Rafael Redondo, también investigado. El fiscal tuvo que recordarle que fueron años de encargos y pagos millonarios (10,2 millones) como para que nadie supiera quién estaba detrás de esa empresa. El representante legal replicó que si todos en la entidad tuviesen que supervisar cada paso que se adopta, necesitarían ser “una legión”.
El doble juego del banco se expresó con claridad en dos de los asuntos centrales de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional. Uno de ellos es la operación que encargó el banco a Villarejo en 2004 para desactivar el intento de Sacyr Vallehermoso de hacerse con el banco y descabalgar a Francisco González.
Fraguas admitió que el contrato no pasó los controles internos, pero recordó que al final quien paró el asalto no fue el comisario, sino la CNMV. Entre medias el comisario justificó sus emolumentos informando de que había hurgado en la vida privada de un exministro o en que había interceptado cientos de llamadas, entre otras acciones.
La denuncia contra Pineda
Respecto a la investigación en torno a Ausbanc y a su presidente, el BBVA asume que no existió siquiera un contrato formal y que Corrochano llegó a un acuerdo verbal con Cenyt. Pero negó que las pesquisas del comisario en las que el juez ve una vulneración de derechos fuesen la base sobre la que se presentó después una denuncia para detener y encarcelar al presidente de la asociación de consumidores bancarios para el que la Fiscalía pide 118 años de cárcel.
El Ministerio Público cree que fue Francisco González quien ordenó directamente contratar a Villarejo, que lo hizo sabiendo que Corrochano tenía vínculos con él por haber sido compañeros y que su condición de policía le permitía acceder a bases de datos privadas. Por ello el segundo banco más importante de España está investigado por los delitos de cohechos revelación de secretos y corrupción entre particulares.
