El juez al frente del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha tomado esta semana decisiones de calado en las principales piezas de investigación del caso Tándem. Las más mediáticas -y que implican a clientes VIP de su entramado- seguirán bajo la lupa del juzgado al menos medio año más ya que ha decidido prorrogarlas para practicar las diligencias pendientes. Destacan las que afectan a Iberdrola, BBVA, los hermanos Pérez-Maura (cuyo encargo tiene derivada en el extranjero) o el espionaje que impulsó a la agencia Método 3.
Frente a este criterio, el magistrado considera que hay otras tres líneas de investigación que ya deben tocar a su fin. La más importante de ellas es la bautizada como 'caso Dina'. En ella el magistrado de la Audiencia Nacional ha investigado durante cerca de dos años el presunto robo, difusión en prensa y rotura de la tarjeta telefónica de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias. Sin embargo, las últimas conclusiones policiales sobre la imposibilidad de accerder al contenido del dispositivo abocan la causa a su fin. El instructor da concluidas también la que afecta a la empresa Persán y la relativa al encargo de Segur Ibérica.
Pese a las treinta piezas que integran ya esta macrocausa de corrupción, el foco se mantiene en las que afectan a los clientes del Ibex. Es el caso de la investigación por BBVA o Iberdrola. En relación a esta última, el juzgado acaba de prorrogar las pesquisas justo después de interrogar al presidente Ignacio Sánchez Galán y otros exdirectivos por los encargos al Grupo Cenyt. El magistrado acaba de citar a una quincena de testigos en calidad de perjudicados por estos trabajos y tiene resolver sobre cuestiones esenciales para el futuro de esta pieza, tales como la relativa a una posible imputación de la matriz.
Clientes VIP de Villarejo
El análisis de los audios y las diligencias policiales llevaron al juez a citar a la excúpula, la cual se desliga de los contratos y los delega en el anterior jefe de seguridad de la multinacional vasca. En las últimas semanas, el presidente de ACS, Florentino Pérez, ha solicitado al juez que impute a Iberdrola S.A por estos trabajos, además de la filial que ya consta en la causa. Una pretensión que respalda José Antonio del Olmo, el exdirectivo que denunció facturas falsas y que acaba de reiterar a la Audiencia Nacional que él no trabajó para ninguna filial. El asunto está ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción que tiene que pronunciarse sobre estos hechos.
En lo que respecta a la pieza sobre el BBVA también quedan flecos pendientes de resolver. Pese a que lleva más tiempo en instrucción que la anterior, muchos de sus protagonistas (directivos del banco, en su mayoría) han guardado silencio hasta ahora. En los últimos meses han solicitado voluntariamente declarar para dar su versión sobre estas contrataciones. El banco se convirtió en uno de los principales clientes del Grupo Cenyt, al que abonó hasta 10,23 millones de euros por más de una decena de trabajos. La semana del 14 al 18 de febrero el magistrado interrogará a un total de 13 de ellos por estos hechos.
Entre los convocados se encuentra el exjefe jurídico Eduardo Arbizu o el actual director del servicio jurídico de BBVA España Adolfo Fraguas, citado en calidad de testigo. Además, quieren escuchar en sede judicial a los empleados de la sucursal en la que el Grupo Cenyt abrió una cuenta en 2004 (año en que comenzaron los encargos) y recabar de PwC más información sobre su forensic. Esta investigación interna que se impulsó para depurar responsabilidades sigue enfrentando a los imputados en esta pieza con la entidad. Tal es el caso del exdirectivo Antonio Béjar o el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano.
Pendientes de Guatemala
Este último declaró por primera vez en diciembre y lo hizo para delegar las contrataciones en la anterior cúpula. Apenas horas después, la Policía acudió a su domicilio para incautarle documentos de Cenyt. Al margen, el juez también tiene que responder en esta pieza sobre diligencias solicitadas por Ángel María Garay Echevarría (Ausbanc) o el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el cual pidió incluir en esta investigación el delito de organización criminal. "No se puede inferir, con la seriedad que el derecho penal reclama, que se ha alcanzado la convicción de que la fase preparatoria ha llegado a su fin", precisa el instructor en su auto de prórroga de este jueves.
Tampoco se vislumbra el final de la investigación por el proyecto Pit. En este caso juez y Fiscalía Anticorrupción coinciden en que la investigación por el encargo de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura debe seguir su curso ante “la complejidad intrínseca” por los delitos transnacionales. Este proyecto por el que abonaron más de 7 millones de euros tenía una doble vertiente: frenar la extradición de uno de los hermanos a Guatemala y obstaculizar una investigación allí contra una de sus empresas. Los fiscales aguardan el resultado de una comisión rogatoria al país de centroamericano para solicitar nuevas diligencias.
Nueva cita judicial para Villarejo
Se trata de uno de los trabajos más vanidosos del clan de Villarejo, que vendió a los clientes que auparían al embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, a la presidencia del país para frenar la investigación abierta contra Grup Marítim TCB, entonces empresa de los navieros. En los últimos audios analizados por la Policía incluso se alude a la implicación en este ambicioso proyecto de Baltasar Garzón o del expresidente del Gobierno Felipe González. La pieza se mantiene viva por los delitos de cohecho, estafa agravada, tráfico de influencias, falsedad y organización criminal.
Finalmente, también se prorroga la número 27 relativa a un espionaje de José Manuel Villarejo a la agencia Método 3 y Francisco Marco. En este caso, el juez justifica su decisión en que todavía no se ha tomado declaración por estos hechos al propio Villarejo; una diligencia "nuclear", en palabras del instructor. Además, también avanza que volverá a citar a Marco en su condición de denunciante, ya que cuando declaró en la Audiencia Nacional por estos hechos no se citó al abogado del comisario jubilado, lo que cercenaría su derecho de defensa.
Fin para tres piezas
Frente a la decisión de alargar estas pesquisas, el instructor acuerda zanjar otras tres más, siendo la más mediática la que afecta a Pablo Iglesias. La conocida como pieza Dina no tendrá más prórrogas pese a que todavía le queda por citar como testigos a Dina Bousselham, su pareja Ricardo Sá Ferreira y el exDAO Eugenio Pino. Si en un principio se comenzó investigando el presunto robo y difusión en prensa de la tarjeta telefónica de la antigua asesora de Podemos, la causa dio un giro de 180 grados cuando el juez sospechó que podría estar implicado el exvicepresidente del Gobierno.
Por ello encargó a la Policía Científica que analizara de nuevo el dispositivo SD para esclarecer cómo y cuando se rompió. Los agentes, tras casi un año de trabajo, acaban de informar a la Audiencia Nacional que no pueden acceder al contenido de la SD debido a que está severamente dañada. De esta forma el magistrado declina seguir indagando si Iglesias -que retuvo al menos medio año la tarjeta en su poder- tuvo algo que ver con estos hechos y mantiene el foco en el comisario jubilado y los dos periodistas de Interviú que le dieron al policía una copia del dispositivo.
Además, el magistrado también finaliza las investigaciones seguidas en la pieza 25 y 26, relativas a los encargos efectuados por Persán y Segur Ibérica. En la segunda de ellas el magistrado accede a la petición de uno de los acusados y avanza que citará como testigo al exjefe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional Enrique Barón. Así pues, la causa que estalló en noviembre de 2017 seguirá en instrucción en paralelo al juicio por tres de los primeros encargos que se sigue celebrando en la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Solo por estos tres trabajos la Fiscalía Anticorrupción pide más de 100 años de prisión para el comisario Villarejo.
