El expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), la compañía encargada de la Operación Chamartín de Madrid, controlada por BBVA, Antonio Béjar, considera que el banco presidido por Carlos Torres ha emprendido una persecución contra él, según aseguran a Vozpópuli fuentes cercanas al exdirectivo, que en septiembre fue despedido después de acusar al expresidente Francisco González de ser el responsable de la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Las citadas fuentes relatan que este directivo habría sufrido al menos dos circunstancias desagradables en las últimas semanas, de las que culpabiliza a la actual cúpula de BBVA. En este sentido, el banco ya se ha visto obligado, al menos en uno de los casos, a rectificar una decisión que penalizaba los intereses económicos del exempleado de la entidad.
El nivel de persecución sería tal, siempre según esta versión recabada, que el propio Béjar habría valorado la posibilidad de interponer una denuncia contra la entidad financiera, una decisión que por el momento ha sido descartada.
Eduardo Arbizu
Sin embargo, prosiguen las fuentes cercanas a Béjar, otros empleados habrían salido del banco con mejores condiciones económicas, como por ejemplo, apuntan, sería el caso del responsable jurídico entre 2002 y 2018, Eduardo Arbizu, quien habría ingresado 327.000 euros como retribución variable pocos meses antes de ser despedido en julio.
Fuentes jurídicas del caso explican a Vozpópuli que la retribución por un despido improcedente de cualquier integrante del consejo de administración de BBVA, como es el caso de Arbizu, supone un desembolso millonario para la entidad.
BBVA no contesta
Vozpópuli se ha puesto en contacto con BBVA, sin haber conseguido una respuesta a las quejas planteadas por Béjar. La entidad financiera deberá declarar como imputada en los próximos días por haber contratado de forma presuntamente ilegal a Villarejo para que este polémico agente persiguiera a los deudores del banco.
El encargado de responder en el nombre del banco a las preguntas del magistrado que instruye el caso Tándem, Manuel García-Castellón será el actual director de servicios jurídicos del BBVA, Adolfo Fraguas,
Con los encargos presuntamente irregulares realizados por BBVA, Villarejo habría investigado de forma ilegal al dueño de Inmobiliaria Colonial, Luis Portillo, y al propietario de la promotora Martinsa, Fernando Martín, según las grabaciones publicadas por el diario Moncloa.com.
Ya en julio, Béjar fue destituido como máximo responsable de la Operación Chamartín, al norte de la capital, después de que este exdirectivo decidiera en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón culpar a la cúpula del banco de la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Francisco González
En concreto, tal y como adelantó este diario, el ex jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias apuntó a Francisco González (FG) como la persona que le habría ordenado que contratara a las empresas del clan policial mafioso liderado por Villarejo, para llevar a cabo investigaciones patrimoniales a sus clientes morosos.
Fuentes cercanas a FG descartan que el expresidente conociera al excomisario Villarejo, con quien aseguran jamás tuvo contacto, ya que la persona responsable de su contratación habría sido, siempre según esta versión, el también excomisario y ex jefe de seguridad del banco Julio Corrochano.
En septiembre, BBVA dio un segundo paso para alejarse de Béjar y le despidió, asegurando en una nota de prensa que esta decisión se había adoptado "como resultado de un procedimiento interno que ha durado meses". Y en la parte final de la nota de prensa difundida a los medios de comunicación, la entidad aseguraba que el despido no tenía relación con la estrategia de defensa de Béjar.
Tras reconocer Béjar ante el juez la contratación de Villarejo, los fiscales de anticorrupción retiraron la petición de fianza de 500.000 euros
Tras reconocer Béjar ante el juez la contratación, los fiscales de anticorrupción retiraron la petición de fianza de 500.000 euros, por lo que este exdirectivo pudo abandonar sin medidas cautelares la Audiencia Nacional, lugar en el que ha declarado hasta en tres ocasiones.
Por el contrario, el exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano, la persona que habría contratado a Villarejo, se negó a declarar tras lo que el juez le obligó a prestar una fianza de 300.000 euros para no ingresar en prisión.
