El régimen de Nicolás Maduro intenta de nuevo ejercer la acusación en la causa que investiga el presunto saqueo de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y posterior blanqueo de capitales en suelo español. Fuentes jurídicas han informado a Vozpópuli de que el mandatario ha presentado un recurso contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción de Madrid número 41, Juan Carlos Peinado, quien le expulsó del procedimiento.
Tal y como adelantó este diario en julio, el régimen bolivariano se había personado en la pieza que investiga en España a más de una veintena cargos del chavismo a los que se les acusa del lavado de millones de dólares procedentes de las arcas públicas del país caribeño. La lista la encabezan el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos y el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico y expresidente de Corpoelec Javier Alvarado Ochoa. Villalobos fue detenido en dos ocasiones y actualmente se encuentra en libertad provisional. Alvarado ingresó en prisión en mayo. Ambos continúan en España y han sido reclamados por Estados Unidos.
La Fiscalía anticorrupción se opuso a que el equipo de Maduro -al que pertenecían muchos de los investigados- actuara como acusación y tuviera acceso a toda la información y las diligencias. Entre sus argumentos, alegó que el sucesor de Hugo Chávez no estaba legitimado para ejercer la acusación ni popular ni particular.
Varios de los acusados también recurrieron la decisión del magistrado, quien finalmente optó por expulsar a Maduro de la causa, aunque lo justificó en un error de trámite, según publicó El Confidencial.
La decisión del juez Peinado se sumó a la negativa que recibieron los letrados del mandatario venezolano del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en la causa que investiga el presunto pago de comisiones a políticos y funcionarios del Gobierno bolivariano por parte de la asturiana Duro Felguera a cambio de obra pública en Venezuela.
Comisión rogatoria a Venezuela
Al estar investigados varios excargos de Chávez y Maduro, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid emitió a principios de año una comisión rogatoria a las autoridades de Venezuela para solicitar información sobre estos funcionarios acusados de blanquear dinero en España. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, el régimen de Maduro aún no ha dado respuesta.
El magistrado, a petición de la Fiscalía anticorrupción, requirió a Venezuela que facilitara la presunta investigación que el ministerio público de ese país tiene contra los supuestos cabecillas de la "organización criminal" acusada de saquear a PDVSA y a Corpoelec y de blanquear ese dinero a través de la compra de inmuebles en ciudades como Madrid y Marbella.
Investigación en la Audiencia Nacional
La investigación se encuentra ahora en manos de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón. Tal y como adelantó Europa Press, a principios de mes la magistrada aceptó asumir la causa del juez Peinado y dirigir la investigación.
Según las pesquisas, "los beneficios ilícitos obtenidos por la organización criminal con la comisión de los delitos precedentes de defraudación, falsificación, información privilegiada y corrupción fueron al menos en parte blanqueados en España mediante la adquisición de bienes inmuebles y la creación de sociedades patrimoniales".
Tras la decisión de la Audiencia Nacional de asumir la causa, la Fiscalía Anticorrupción acordó redoblar los esfuerzos en su investigación para probar que el dinero invertido en España por los seguidores del régimen bolivariano procede de actividades ilícitas, según han informado a este diario fuentes jurídicas.
