La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, parece que en ocasiones olvida la mitad de las funciones de su ministerio: la de los derechos sociales. Al menos, eso dicen los datos. A lo largo de todo el año 2022 su gabinete ha dejado sin gastar 55 millones de euros mínimos presupuestados que tenían que gastarse para ayudar a personas con dependencia.

Así queda reflejado en el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, publicado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En el informe, que analiza la situación anual de las personas dependientes, también denuncian que tampoco se ejecutaron más de 11 millones de las cuotas de la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales. "En 2022, no se ejecutó totalmente el presupuesto aprobado para el Sistema de Atención a la Dependencia, y mientras existen los datos vergonzosos de las listas de espera, 55 millones de euros no se gastaron de las cantidades presupuestadas en el nivel mínimo por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030", denuncian desde el Observatorio.

El otro dato alarmante, aparte del dinero que se ha dejado de destinar a los necesitados, es la cantidad de personas que han acabado el año todavía esperando atención. "A fecha 31 de diciembre de 2022 había en España 1.490.860 (75.000 más que en 2021) personas en situación de dependencia reconocida y otras 131.810 pendientes de valoración, 7.214 más que hace un año. [...] El número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha descendido en 15.923 personas. Aun así, 177.423 personas se encuentran en lista de espera, el 11,9% de las personas con derecho", reza el escrito.

Con esto, la desatención (los pendientes de valorar + las personas en lista de espera) alcanza a 309.233 personas, 8.709 menos que en 2021, 64.000 menos que en 2020 y 119.000 menos que en 2019.

Aunque el dato ha mejorado a lo largo de los años, todavía queda por avanzar, puesto que la falta de medios y de inversión provocó el pasado año que fallecieran 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia, 19.661 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. No fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Esto supone que diariamente fallecen más de 124 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.

Las comunidades que peor nota sacan en este sentido son Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura y Galicia, porque en ellas, el tiempo de tramitación de un expediente supera los doce meses (la media en España es de 344 días). Por su parte, sólo cinco territorios están por debajo o cercanos a los seis meses que establece la Ley como plazo para esta tramitación: las comunidades de País Vasco, Castilla y León, Navarra, Cantabria y Castilla La Mancha.

Otros tres puntos que no se han cumplido durante este año son los siguientes. Por un lado, el Plan de Choque para la dependencia no ha cumplido con el objetivo de establecer la teleasistencia como un derecho subjetivo del que se beneficiará toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio. El 69% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con el servicio de Teleasistencia.

Por otro lado, la mejora de las prestaciones e intensidades de los servicios. En cuanto a la prestación más importante, desde un punto de vista cuantitativo (prestación por cuidados en el entorno familiar), se ha reducido la prestación, pasando de 236,49€ a 234,96€, lo que se suma al retroceso del año 2021 donde pasó de 239 a 236,49€, en total se ha reducido un 2%.

Y por último, tampoco se ha conseguido mejorar la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio. Según los datos obtenidos por el Observatorio, la intensidad media del Servicio de Ayuda a Domicilio se sitúa en 33,45 horas mensuales de media para los 3 grados, mientras que en el año 2021 era de 33,65.

Mientras que se dejan sin gastar todo el dinero que debía presupuestarse para personas con necesidades y con dependencia, Ione Belarra prefiere hablar de supermercados públicos, de cines a dos euros o de ilegalizar asociaciones como 'Desokupa'.

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