España

Bombas, cortes en la frontera y atentar contra La Vuelta: las ‘gestas’ de los CDR y Tsunami que amnistiará Sánchez

La ley de amnistía, tras las presiones de Junts, pretende liberar a los miembros de CDR y Tsunami que se enfrentan a distintas causas judiciales

Los Comités de Defensa de la República (CDR) y Tsunami Democràtic serán blindados en la ley de amnistía que prepara el Gobierno de Sánchez con Junts. Un gesto que trata de evitar que un total de 22 personas pasen por los juzgados. Se trata de 12 miembros de los CDR y 10 de Tsunami en total, aunque solo serían perdonados por los delitos vinculados al terrorismo -en caso de que salga adelante la propuesta que ha puesto sobre la mesa Puigdemont a Junts-. El resto de delitos, todos ellos de menor gravedad, sí tendrán que pasar por los juzgados.

De esta forma, Sánchez podría amnistiar a varios miembros de los CDR, un grupo en cuyo historial tiene, entre otras cosas, detenciones por fabricación de explosivos o el intento de boicotear La Vuelta a su paso por Lérida. En el caso de Tsunami, además de formar parte de la batalla campal en la plaza de Urquinaona -el juez García Castellón evaluará su nivel de implicación-, protagonizó el asalto al aeropuerto de El Prat.

Estos capítulos suponen el resumen del independentismo catalán superando la raya roja de la legalidad. La más reciente fue el pasado agosto durante La Vuelta. Cuatro presuntos miembros de los CDR fueron sorprendidos por la Policía Nacional en un bosque de Lérida con dos tanques con 200 litros de aceite cada uno. Su intención era arrojar el líquido sobre el asfalto para provocar que los ciclistas resbalasen. Fueron puestos en libertad con cargos de pertenencia a grupo criminal, desórdenes públicos, contra la seguridad vial y contra el medio ambiente. En estos momentos, la causa está archivada por la Audiencia Nacional, ya que es el Juzgado de Primera Instancia de Sonsonès quien está investigando los hechos.

También sigue la investigación sobre los CDR que fueron detenidos por posesión de explosivos. El informe que la Guardia Civil envió a la Audiencia Nacional tras la operación Judas en 2019 reflejó que esta formación, autodenominada 'Equipo de Respuesta Táctica', formaban un grupo terrorista. Entonces, el juez García Castellón dio por concluida la investigación y atribuyó a 12 investigados el delito de pertenencia a grupo terrorista y a nueve de ellos el de tenencia y fabricación de explosivos.

Ahora es la Sección Tercera de la Sala de lo Penal quien tiene que dictar sentencia firme sobre los doce acusados. En caso de que Puigdemont se salga con la suya -amnistiar el terrorismo siempre que no haya producido víctimas-, este grupo quedaría libre de cargos de manera automática tras la aprobación de la ley.

En el caso de Tsunami, en su historial hay dos grandes 'proezas': el corte de la AP-7 a la altura de la Jonquera y la invasión del aeropuerto de El Prat. El primer caso fue archivado porque para el juzgado de instrucción número 4 de Figueres prevaleció el derecho a manifestarse. Pese a ello, la acción provocó pérdidas millonarias a los camioneros: tal y como contó este diario, unos 15 millones de euros diarios.

En el caso de la toma de El Prat, Tsunami reunió a cientos de personas para bloquear el tráfico aéreo. La plataforma independentista difundió a través de Telegram tarjetas de embarque falsificadas para que los asaltantes pudieran acceder a zonas exclusivas para los viajeros. Los disturbios provocaron 172 heridos, de los cuales, 47 eran policías. Además, las compañías aéreas perdieron importantes sumas de dinero y los destrozos ocasionados fueron peritados en dos millones de euros.

Tal y como publicó este diario, el juez García Castellón sostiene que el delito de terrorismo se ha "consolidado" con la última documental aportada a este último caso, pero al no existir relación entre el turista francés fallecido por un infarto durante los hechos -lo hizo por causas naturales, según el juez-, también se amnistiaría al no haber víctimas mortales vinculadas al asalto.

Otro de los hechos por los que el juez ve indicios de terrorismo fue la batalla campal en la Plaza de Urquinaona el 18 de octubre de 2019. La policía, que incautó dos motosierras tras los hechos, recibió una lluvia de piedras que dejó varios heridos. Entre ellos, Iván Álvarez, un agente de la UIP que estuvo en coma tras recibir el impacto de una piedra. Este agente tuvo que ser jubilado y perdió un acto durante el suceso. Al caso se han personado otros dos policías heridos.

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