La Fiscalía de Madrid tiene en su mesa una denuncia contra la empresa de ingeniería TSK por incluir presuntamente información falsa en los pagarés incorporados entre los años 2022 y 2023 en el mercado alternativo de renta fija (MARF). El texto, cuya existencia confirman fuentes de toda solvencia, apunta a un posible engaño a inversores con la emisión de estos pagarés.
Las mismas fuentes explican que la denuncia ha sido interpuesta ante la Fiscalía de Delitos Económicos de la Comunidad de Madrid por los presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad documental societaria. Por su parte, fuentes fiscales consultadas por este medio explican que no hay ninguna investigación preprocesal abierta por estos hechos.
Los mismos se ciñen al programa de emisión de pagarés de 2023 y, en concreto, al informe de solvencia (solvency report) sobre TSK emitido por la marca que elabora análisis financieros EthiFinance Ratings, S.L. Dicho documento, con fecha de 4 de diciembre del pasado año, establece que el Grupo TSK presenta una capacidad adecuada para hacer frente a sus compromisos financieros, aunque limitada por la exposición a condiciones económicas, financieras o de mercado adversas.
Denuncian engaño a inversores
El documento prosigue que el grupo tiene un riesgo de crédito "reducido" debido a la elevada solvencia y diversificación de sus clientes, en gran parte respaldada por entidades públicas o grandes grupos inversores. En cuanto al volumen de negocio explica que durante el ejercicio 2022 facturó 1.405 millones de euros, de los que ha cobrado 1.380 millones.
Por su parte, el importe de los créditos comerciales vencidos a más de 180 días netos asciende a 5.156 miles de euros, de los cuales un importe de 3 millones de euros han sido cobrados a la fecha de formulación de las cuentas anuales consolidadas de 2022.
Al respecto, los denunciantes sostienen que esta información contenida en el programa de emisión de pagarés no es veraz y piden a la Fiscalía que indague si se ha cometido delito con el supuesto engaño a inversores. Al respecto recuerdan el artículo segundo del reglamento del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) que determina que este se rige por todas las entidades que participan en el mismo.
Del mismo modo se apela al artículo 26 de dicho reglamento, que establece que las entidades emisoras "están obligadas" a comunicar al mercado "toda la información relevante" y que la responsabilidad de la información elaborada y remitida al mercado corresponde a la entidad emisora y a sus administradores.
Presunta alteración de las cuentas
Del mismo modo se pone el foco en la información recogida dentro del programa de emisión de pagarés, relativa a los "activos financieros a corto plazo". En dicho apartado, se alude a que Avanzalia ostenta una deuda con el Grupo TSK de casi 105 millones de euros más intereses derivados del acuerdo de financiación formalizado en 2019 para construir una planta solar en Panamá cuya inversión sería de casi 140 millones de euros.
"A 31 de diciembre de 2022 el Grupo TSK ostenta saldos derivados de esta financiación (principal más intereses) por importe de 104.794 miles de euros que se corresponde con los hitos de construcción que se van incorporando al principal del préstamo una vez certificados por el cliente", reza el programa.
Se trata de un extremo que ahora se pide investigar a la Fiscalía junto con la información facilitada en el ejercicio anterior. En relación al año 2022, la empresa de ingeniería determina que se financió un importe de 88 millones de euros a cierre del ejercicio del año 2020.
Los denunciantes sostienen que esta cifra no es real y que como consecuencia de la liquidación del contrato de crédito, la obligación entre Avanzalia y TSK ascendería, a fecha de 31 de diciembre de 2023, a 96,5 millones de euros. Se trata de un monto que dista del ofrecido por el grupo y que podría alterar también las cuentas anuales de la compañía.
TSK dice que la denuncia es falsa
Desde TSK explican a este medio que la denuncia es falsa y que no es cierto lo que se recoge en ella. El Grupo considera que se está tratando de dañar su imagen y que, ante ello, llevarán el asunto a la Justicia. En relación a la deuda de Avanzalia aseguran que existe y que el impago permanece, siendo "irreal y falaz" que dicha deuda haya sido reducida.
Al respecto explican que se llevaron a cabo acciones ejecutivas en los tribunales panameños y también en los españoles, donde se está a la espera de que un juzgado ratifique la ejecución de las prendas. Al hilo defienden la veracidad de las cuentas de TSK y explican que las mismas están auditadas sin salvedades.
Frente a ello, los denunciantes piden a la Fiscalía de Madrid que investigue estos hechos y que se actúe contra el presidente y consejero delegado del Grupo TSK, Sabino García, y contra la directora económica financiera del Grupo, Beatriz García, entre otros.
Al respecto piden investigar los hechos por el delito de estafa a inversores, recogido en el artículo 282 del Código Penal y castigado con penas de prisión de seis meses a un año, y también falsedad documentaria societaria. Este último lo regula el artículo 390 del Código Penal y contempla penas de prisión de tres a seis años, así como multas de hasta doce meses.
