Después de un primer debate sobre la reforma en general el pasado mes en Luxemburgo, los ministros podrán detenerse esta vez en detalles concretos de las ayudas directas. La presidencia europea que este semestre ocupa Polonia ha preguntado a las delegaciones su opinión sobre la "estructura por capas" del pago de los subsidios y sobre el planteamiento de redistribución entre Estados miembros y sectores.

El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, aboga por revisar las ayudas directas para fijar un pago base o 'tarifa plana' para los agricultores de la Unión Europea, al que se podrán sumar un 30 por ciento de subsidios a cambio de determinados esfuerzos medioambientales --como el barbecho ecológico, por ejemplo-- y otros apoyos para zonas desfavorecidas.

España considera "inaceptable" esta propuesta porque considera que generará "importantes desequilibrios territoriales y productivos" y porque cree que no tiene en cuenta la "diversidad de cultivo ni las zonas u métodos de producción" mediterráneas, lo que pondría "en serio peligro la viabilidad de muchas explotaciones". Así lo ha expresado la ministra española, Rosa Aguilar, en sus intervenciones ante el Consejo y, la más reciente, el pasado lunes en la Eurocámara.

Los incentivos para 'reverdecer' la PAC forman una de las propuestas más destacadas del Ejecutivo comunitario, en su intento por justificar mejor ante la opinión pública el gasto agrícola europeo, pero muchos de los Estados miembros han expresado sus dudas o reticencias a reservar hasta un 30 por ciento de las ayudas a este objetivo. Los ministros dedicarán el almuerzo a puerta cerrada a este asunto.

Los ministros europeos también abordarán a petición de Hungría una solicitud para extender el sistema de cuotas de producción de azúcar hasta 2020, pese a que la liberalización del sector está prevista para 2015 y el comisario ha dejado claro que este asunto no forma parte de la reforma. Austria, Francia y Lituania se han sumado a Hungría a esta petición que fue planteada por varios ministros en su reunión de octubre, aunque España no se pronunció.

Por otra parte, los Veintisiete discutirán el programa de ayudas para alimentar a la población más desfavorecida de la Unión Europea. La Comisión y varios países como Francia y España piden aumentar el presupuesto de este plan para 2012, después de que una sentencia obligara a un drástico recorte de 450 a 117 millones de euros, pero otros seis países, con Alemania a la cabeza bloquean la decisión. Fuentes europeas han confirmado que el asunto se ha incluido en el último momento en la agenda, lo que hace pensar que ha habido avances para romper la minoría de bloqueo.

Bienestar de gallinas ponedoras
La reunión de este lunes servirá también para examinar los avances de cada Estado miembro en el cumplimiento de la directiva de bienestar de las gallinas ponedoras, que obligará a partir del 1 de enero de 2012 a introducir mejoras en las jaulas, tales como aumentar la superficie hasta un mínimo de 750 cm2 por ejemplar, disponer de nidos para las gallinas y de dispositivos para limar uñas.

La Comisión Europea ha anunciado para este lunes un informe con datos por países para evaluar los progresos de cada uno, dado que en debates anteriores varias delegaciones habían solicitado más tiempo para adaptarse a la nueva norma. También se quiere discutir la posibilidad de medidas para los países que no cumplan con la directiva, desde apoyos para acelerar el progreso hasta sanciones contra los productores rezagados, han informado fuentes comunitarias.

Por otro lado, los ministros debatirán sobre la "dimensión exterior" de la Política Pesquera Común (PCP), cuya reforma también ha de negociarse en el próximo año. La Unión Europea cuenta con un gran número de acuerdos bilaterales en materia pesquera con países como Noruega e Islandia, con los que se establece un intercambio de cuotas, y otros como Marruecos o Guinea Bissau, a los que se paga compensaciones por faenar en sus aguas.

Bruselas propone mantener los acuerdos de pesca bilaterales con terceros países, pero con un enfoque "sostenible" de la actividad y con requisitos añadidos como garantías de los Derechos Humanos por parte de los socios que suscriban estos pactos. En esta dimensión exterior de la PCP, la Comisión también plantea que los nuevos acuerdos se firmen en base a informes científicos que aseguren que se adquieren derechos de capturas sobre excedentes y por ende la explotación del recurso es sostenible.

Finalmente, los ministros dejarán para diciembre, tal y como se ha hecho tradicionalmente, el reparto de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas en aguas comunitarias, pese a que la comisaria del ramo, Maria Damanaki, aseguró meses antes que llevaría la negociación a noviembre para ganar tiempo.