La Comisión Europea envió "una solicitud de información" a la la Fundación de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) del Gobierno "tan pronto como se tuvieron las primeras señales de posibles irregularidades" por el llamado caso mediador.
Así consta en una respuesta firmada por la Comisaria europea de Asociaciones Internacionales, la finlandesa Jutta Urpilainen, a una pregunta parlamentaria formulada por Esteban González Pons.
El eurodiputado del PP señala que los ex ministros Carmen Calvo, Arancha González Laya y Juan Carlos Campo, así como la entonces secretaria de Estado Ione Belarra, tuvieron acceso a un informe realizado por la Intervención General del Estado en el año 2020 que denunciaba las graves irregularidades observadas en la gestión de la Fundación.
Informe del Gobierno
La Comisión sostiene que "no tuvo acceso al informe mencionado por su señoría". Pero que sí se puso en contacto con esta entidad por el presunto desvío de fondos.
"Cuando la Comisión tiene conocimiento de un posible caso de malversación de fondos, adopta todas las medidas que se consideran adecuadas de conformidad con el marco jurídico aplicable", dice Urpilainen.
González Pons también pregunta por las medidas que piensa adoptar la Comisión con respecto a esta investigación. "Cuando la Comisión se entera de casos sospechosos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte al presupuesto de la UE, adopta todas las medidas que considera oportunas de conformidad con el marco jurídico aplicable e informa de ello a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, en su caso, a la Fiscalía Europea", asegura la Comisión en la respuesta parlamentaria.
En manos de la Fiscalía Europea
El asunto relativo a estos cuatros contratos de la FIIAPP lo asumió la Fiscalía Europea tras constatarse que se habría producido un fraude con fondos comunitarios. La magistrada al frente del caso del tito Berni trasladó a este órgano el resultado de las pesquisas toda vez que se puso de manifiesto que el general de la Guardia Civil imputado en la causa, Francisco Espinosa Navas, podría haber influido para que uno de los empresarios salpicados se hiciera con cuatro contratos gestionados por la FIIAPP.
Se trata de cuatro contratos por importe total de 263.000 euros. La juez sospecha que el empresario valenciano que se benefició de los mismos, José Suárez ‘el drones’, los consiguió gracias a la influencia del general Espinosa Navas, ya que fue director del proyecto GARSI-Sahel, proyecto europeo financiado por la Comisión Europea y gestionado por la FIIAPP.
“Según las investigaciones esos proyectos podrían haber sido conseguidos a cambio de la entrega por el empresario beneficiado de dádivas, regalos o pagos al General de Brigada de la Guardia Civil”, expuso la juez en el auto por el cual daba traslado de esta parte de la investigación a la Fiscalía Europea.
Al respecto, y tal como desveló este medio, cabe recordar que la FIIAPP pidió personarse en estas diligencias que se siguen en el juzgado de instrucción número 4 de Tenerife, si bien tanto Anticorrupción como la magistrada instructora declinaron la petición; lo que se tradujo en la imposibilidad de la fundación de acceder al sumario de la causa.
Con todo, esta parte de las pesquisas se sigue en la Fiscalía Europea, la cual dirige la investigación junto con un juez de garantías que nombra la Audiencia Nacional. Tanto es así que fue la Audiencia Nacional la que dejó en libertad a Espinosa Navas a comienzos de mayo. La causa tinerfeña, por su parte, sigue adelante con el foco puesto en los cabecillas de la red que lideró tito Berni. De hecho, el exdiputado socialista vuelve a declarar este mismo jueves como imputado junto con su sobrino y exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes, tal y como desveló este diario.
