La Comisión Europea ha asegurado este miércoles que, para aprobar los pagos a cada país dentro del plan de recuperación, vigila que el reparto de los fondos entre los beneficiarios esté basado en un procedimiento "abierto y transparente", ha informado a EFE un portavoz de la institución. Bruselas evita pronunciarse específicamente sobre las críticas del PP a la distribución entre comunidades autónomas de las ayudas de fondo de recuperación, pero indica que "la cooperación con los socios regionales y locales es fundamental para el diseño y la implementación" de los planes nacionales.
Así, el portavoz ha recordado que la normativa del fondo anticrisis "reconoce a las autoridades regionales y locales como socios clave" para llevar a cabo las reformas e inversiones de los planes, así como que los Estados miembros están obligados a informar sobre el proceso de consultas tanto con ellas como con agentes sociales y otras partes interesadas.
"Al analizar que los hitos y objetivos han sido cumplidos satisfactoriamente, la Comisión vigilará que todas estas condiciones se han cumplido", ha destacado el Ejecutivo comunitario. Esto incluye "verificar que la distribución de los fondos siguió un proceso abierto y transparente basado en convocatorias y licitaciones claras, de forma que todos los potenciales beneficiarios sean tratados con igualdad si esto está específicamente mencionado en un hito u objetivo".
"La Comisión utilizará todas las herramientas de verificación a su disposición para comprobar que el dinero gastado ha contribuido a (alcanzar) los resultados esperados, incluido el impacto territorial en caso de que este hecho sea parte de los hitos y objetivos", ha remarcado.
Lenta ejecución
Algo más de 2.000 millones de euros de los fondos europeos presupuestados en 2021 se quedan en el aire por la lenta ejecución del Estado en el arranque del Plan de Recuperación, según recogió Vozpópuli. El Gobierno sólo ha logrado autorizar el 91,4% de los 24.198 millones de euros incluidos en los PGE del pasado año del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), al que están asociados los 70.000 millones de transferencias no reembolsables que llegarán desde Bruselas hasta 2026. Es decir, que se han autorizado inversiones por 2.074 millones menos de lo que se preveía en el primer año de ejecución.
De hecho, el Gobierno podría haber perdido mucho más, cerca de 3.200 millones, de no ser por una modificación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, que incluyó en los Presupuestos de 2022. Inicialmente, dicha ley únicamente permitía trasladar al próximo ejercicio los remanentes de los créditos que amparen compromisos de gastos contraídos. Y si los 22.124 millones de euros autorizados en 2021 ya fueron un 9% inferiores a lo presupuestado, los compromisos adquiridos por el Gobierno se redujeron al 87% (20.973 millones), según las cifras avanzadas por el Ministerio de Asuntos Económicos esta semana.
Sin embargo, la cláusula de este real decreto-ley que el Ejecutivo ha modificado en los PGE de 2022 permite trasladar a este año todo el dinero autorizado y que no haya sido gastado, no sólo el comprometido. Este es un matiz importante porque ahora el Gobierno podrá invocar a esta modificación para gastar a lo largo de este año los 1.151 millones de fondos europeos que se autorizaron en 2021 pero no se lograron comprometer. Estos se sumarán a otros 9.972 millones que se comprometieron y no se gastaron.
Hay que tener en cuenta que de los 24.198 millones previstos inicialmente, sólo se han desembolsado 11.001 millones, menos de la mitad (aunque, a su vez, la mayor parte se ha quedado en las CCAA y sólo 1.000 millones han llegado a las empresas, tal y como publicó Vozpópuli). Por tanto, según lo expuesto anteriormente, además de los 26.900 millones presupuestados, este año podrá hacer uso de 11.123 millones que se autorizaron en 2021 y no se llegaron a pagar; pero los otros 2.074 millones que no se lograron autorizar, se quedarán en el aire.
El precedente de otros fondos UE
El problema está en que, aunque el Gobierno podría cargar los 2.000 millones a los Presupuestos de 2023, posiblemente en 2022 también se de un remanente. Por un lado, por el sistema escogido para gestionar los fondos europeos delegando en las CCAA sin tener en cuenta sus necesidades, lo que está ralentizando los procesos. Y, en segundo, lugar, por el precedente de España con la gestión del dinero proveniente de Europa, siendo el Estado más atrasado en la gestión de los fondos estructurales y de cohesión.
En el último presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020, y al cierre de ese último año, había ejecutado un 43% de los fondos estructurales y de inversión asignados, el porcentaje más bajo de todo el bloque. Con todo, el Gobierno afronta el reto de ejecutar a tiempo todos los fondos europeos que Bruselas pondrá a disposición del país para paliar la crisis de la covid-19, incluidos los otros 70.000 millones en préstamos que solicitará próximamente.
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