Josep González i Cambray (Lérida, 1972) lleva tan solo seis meses como consejero de Educación del Gobierno de Cataluña y ya se enfrenta a una posible inhabilitación. Además, ha sido el causante del primer gran embrollo mediático para Pilar Alegría, una ministra que mantiene un perfil más esquivo que su predecesora en el cargo cuando de comentar polémicas se trata. "La escuela en Cataluña, en catalán", defiende.
El dirigente de ERC no solo ha anunciado su intención de desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Generalitat a garantizar que los centros educativos catalanes imparten un mínimo de 25% de clases en castellano, sino que también ha enviado una carta a todos los directores para animarles a mantener sus proyectos lingüísticos y, en definitiva, sublevarse contra el fallo. De cumplir con sus amenazas estaría prevaricando y, en consecuencia, podría ser inhabilitado como en su día lo fue Quim Torra.
A diferencia de Clara Ponsatí y Josep Bargallo, González i Cambray no procedía estrictamente del ámbito educativo. Es ingeniero técnico industrial y licenciado en marketing y, aunque ha impartido clases en la Universidad de Lérida y la UOC -la misma del ministro Manuel Castells- ha desarrollado el grueso de su actividad profesional en el ámbito de la administración pública de Cataluña.
Antes de hacerse con el mando de Educación en mayo de 2021, el político republicano ocupaba el cargo de director general de Centros Públicos en el mismo departamento. Fue durante esta etapa cuando se hizo más conocido, ya que le tocó responsabilizarse del dispositivo para volver a las clases presenciales en Infantil, Primaria y Secundaria en un contexto de pandemia. Su gestión de la crisis le sirvió de catapulta para convertirse en consejero y uno de los nuevos rostros que integran el Govern de Pere Aragonès.
Contra la sentencia del TSJC
Tras conocer que el Tribunal Supremo no admitía a trámite el recurso de casación que la Generalitat había presentado contra la sentencia del TSJC que blinda el castellano en las aulas, González-Cambray corrió a dar una rueda de prensa y emprendió una tourné por distintos medios catalanes. "Tengo garantías de la ministra de que no se ejecutará la sentencia [...] Solo el ministerio puede instar a ejecutar esta sentencia", aseguró en RAC-1.
Sus declaraciones levantaron una enorme polvareda política y Alegría se vio obligada a apagar el fuego. "Frente a una sentencia firme no cabe debate: es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública, sea la Generalitat o cualquier ciudadano estamos obligados a cumplirlas", sentenció 24 horas después de las declaraciones del de ERC.
Cabe señalar que, tal y como publicó Vozpópuli, la Abogacía del Estado es una de las partes demandantes implicadas en el proceso judicial y, por ello, puede instar a la ejecución forzosa de la sentencia en caso de que el Govern cumpla con sus amenazas y no garantice el 25% de las horas de clase en todos los centros escolares catalanes.
Cambray apela a la 'ley Celaá'
González-Cambray sostiene que la Lomloe -conocida popularmente como 'ley Celaá'- indica que "hay que garantizar en los territorios donde existen dos lenguas cooficiales el aprendizaje de ambas lenguas al término de la etapa obligatoria". "Y esto es lo que estamos haciendo. No habla de porcentajes", defendió en la citada emisora. Sin embargo, el castellano continúa siendo lengua vehicular y, prueba de ello, es que algunos proyectos lingüísticos que no lo respetaban han sido tumbados recientemente con la nueva ley vigente. "La escuela no debe decidir nada, debe seguir haciendo el trabajo como hasta ahora. La sentencia no le afecta en nada", añadió el consejero de Educación.
González-Cambray, que cuenta en su haber con un libro de cuentos orientales, es un firme defensor de que la escuela en Cataluña debe ser en catalán. Así lo dejó patente en una entrevista con el diario Ara poco después de asumir su cargo actual. "La escuela en Cataluña, en catalán. Es la única manera de igualarnos, nos da equidad y nos da igualdad de oportunidades", manifestó.
Preguntado sobre si estaba seguro de que todos los profesores de ESO y Bachillerato impartían el 100% de las clases en catalán, el consejero respondió que no. "Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es actuar haciendo el acompañamiento para que nuestros profesionales impartan sus clases en la lengua vehicular del sistema educativo catalán, que es el catalán. Tenemos la impresión que no está pasando que todos nuestros profesionales impartan las clases en catalán y, por lo tanto, hay que ver qué está pasando, hacer un diagnóstico de la situación y, a partir de aquí, tomar decisiones", declaró.
Por otro lado, el dirigente político catalán también defiende no dar "ni un euro público de financiación" a las escuelas que separan a niños y niñas en las aulas.
En 2020, González-Cambray fue uno de los 21 detenidos en el marco de la operación Volhov de la Guardia Civil que investiga la financiación del procés y de la estructura con la que cuenta el exjefe del Ejecutivo catalán Carles Puigdemont en la ciudad belga de Waterloo. Un episodio que tachó de "surrealista".
