El Campus de la Justicia, una de las obras emblemáticas inacabadas del pasado de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre, y parada hace cuatro años, aún provoca dolores de cabeza al ejecutivo de Ignacio González.
Lo último es la “aparición” de veinte millones de euros en facturas que estaban en los cajones de la Consejería de Justicia, que en la actualidad gestiona Salvador Victoria y que son producto del gobierno de Alfredo Prada, quien fue cesado por Esperanza Aguirre cuando era responsable de Justicia. Curiosamente Alfredo Prada, al que todos apuntan como responsable de la actual situación, es presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció en octubre del año 2009 que debido a la crisis paraba el complejo que quería construir en Valdebebas, muy cerca de la nueva Ciudad Deportiva del Real Madrid. Lo iban a diseñar los arquitectos más famosos del mundo y se paseó la maqueta por las ferias más importantes del planeta. Hoy solo está la urbanización y el 'donuts', el edificio del Instituto de Medicina Legal, vacío.
Desde 2009 la sociedad ha continuado funcionando y es ahora cuando se ha comenzado a liquidar la empresa, que a pesar del tiempo transcurrido aún sigue viva provocando gastos a los madrileños. No se han aprobado las cuentas de la sociedad Campus de la Justicia desde el año 2010 ni se han presentado en el Registro Mercantil, lo que ha supuesto un tirón de orejas por parte de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. “Se hará en su momento”, según dijeron fuentes del Gobierno regional.
La sociedad no se podía disolver entre otras muchas razones porque en los cajones había facturas millonarias, según ha denunciado la diputada socialista Amparo Valcarce en la Asamblea de Madrid. El Gobierno de la Comunidad aprovechó el Plan de Pago a Proveedores que aprobó el Ejecutivo de la nación el pasado año para sacar esas facturas y enviárselas a su antiguo compañero Antonio Beteta a Hacienda para que pagara a los proveedores. Esas facturas se han remitido ahora a la Asamblea de Madrid, junto con el resto del Plan.
Se estima que el gasto que se ha hecho hasta la fecha en este proyecto fallido es de unos 120 millones de euros
En la relación figura, concretamente, con fecha 26 de diciembre de 2012, por importe de 20.666.728 euros una “transferencia de crédito que incrementa la partida 89410-Campus de la Justicia S.A.- del programa 112 ‘modernización de las Infraestructuras de la Administración de Justicia’ para hacer frente al mecanismo extraordinario de financiación para pago de proveedores”.
La Comunidad de Madrid deberá devolver ese dinero, al igual que el resto de las facturas que ha abonado el Gobierno central dentro de este plan para pagar a los proveedores a los que se debía dinero. Fuentes de la Consejería de Justicia indicaron que "se trata de un tema de Hacienda y que el dinero va destinado a liquidación final de la sociedad y su disolución". No aclararon a qué se refiere esa cantidad.
La diputada del PSOE señaló que es increíble que aparezcan facturas de un proyecto parado hace cuatro años por valor de 20 millones de euros, cuando además para los presupuestos del año próximo se baja un 20% la aportación para Justicia gratuita.
Valcarce ha hecho una pregunta por escrito en la Asamblea, ya que el documento que incluye esos 20 millones, que entró en la Cámara el mes pasado, no especifica a quien o para qué es esa cantidad y quiere saberlo. Se temen que sean las indemnizaciones que se han abonado a los arquitectos por los proyectos fallidos, “pero son sólo suposiciones”. Al no recibir contestación, presentará en los próximos días una pregunta para que sea contestada en Pleno.
Se estima que el gasto que se ha hecho hasta la fecha en este proyecto fallido es de unos 120 millones de euros (a los que hay que sumar estos 20), pero el daño es mucho mayor que esta inversión fantasma. Se acordó que para poder hacer frente a esa obra, y que no costara mucho a las arcas públicas, se venderían edificios en propiedad. Se vendieron los de la calle Hernani 54, por un total de 62 millones de euros, y el de Fernández de la Hoz, por 13,5 millones. Como no se había terminado (ni comenzado las obras) el Campus de la Justicia, los juzgados se tuvieron que ir a edificios alquilados. Se perdió patrimonio y se aumentaron los gastos corrientes.
El caso más sonado fue el de Plaza de Castilla. Se llegó a intentar modificar el Plan General de Madrid para concentrar la edificabilidad en ese punto y a cambio ceder Pradillo 62 y Capitán Haya 6 al Ayuntamiento y así lograr autorización para la construcción de un edificio de 105 metros. Todo quedó en nada.
Además, todos los juzgados de Madrid han visto ralentizadas sus obras de mantenimiento porque existía la promesa de trasladarse al Campus de la Justicia, lo que ya no se va a producir. Con la crisis se pararon las obras, por lo que el estado de los edificios de la Justicia en Madrid es en muchos casos lamentable, según dijo una persona que conoce el patrimonio inmobiliario de esta consejería.
