Recortar a veces no es sinónimo de ahorrar sino de gastar todavía más. Es lo que está ocurriendo en la Comunitat Valenciana, en la que el cierre precipitado de Canal 9 se ha convertido en una sangría económica que deja una factura de 38,4 millones de euros de momento por mantener en negro una televisión que sigue pagando a sus trabajadores por quedarse en casa, a sus proveedores por los compromisos anteriores y que al dejar de emitir sólo ha conseguido ahorrar en ingresos: ha dejado de cobrar los 2,4 millones de euros en publicidad desde que tenía comprometidos.
La decisión adoptada con la mayoría absoluta del Partido Popular se justificó el pasado 27 de noviembre cuando fue ratificada en las Cortes Valencianas con criterios de eficiencia. El President de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró que no se podía pagar una televisión mientras se dejaban de pagar hospitales. Pero desde entonces, la Generalitat ha tenido que seguir pagando su televisión.
Los 1.613 trabajadores de Canal 9 cobran unos 5 millones de euros al mes por quedarse en casa
En concreto, los 1.613 trabajadores de Canal 9 siguen cobrando 160.000 euros al día, es decir, unos 5 millones de euros al mes por quedarse en casa. Puesto que la ley obliga a negociar un ERE de extinción durante al menos tres meses, eso significa que RTVV pagará 4 nóminas antes de poder cerrar un acuerdo de extinción a finales de marzo, es decir, 20 millones de euros antes de poder liquidar a la plantilla. Fuentes de la Generalitat revelan que el consell valenciano ha mantenido tres reuniones con los trabajadores y ha planteado una tercera oferta a los empleados del ente público a los que plantea una liquidación con 24 días por año trabajado con un máximo de 20 días por año. El comité de empresa de RTVV ha rechazado esa tercera oferta. Esas mismas fuentes revelan que se estudia ya la posibilidad de pedir a Hacienda nuevas fórmulas de liquidez para hacer frente a los sobrecostes imprevistos.
Las irregularidades en la ejecución del primer ERE de Canal 9 fueron el detonante que llevó a Fabra a cerrar la radiotelevisión pública. Desde entonces, el saldo de los errores en la gestión han llevado a readmitir a 952 empleados, a seguir pagando sus sueldos y a emprender un nuevo expediente de regulación de empleo que puede terminar costando a las arcas públicas hasta 100 millones de euros en total, aseguran fuentes del ente.
El pago de las nóminas a empleados por que se queden en casa es sólo el primer gasto derivado de la forma en que se ha ejecutado ese cierre. En segundo lugar, Canal 9 está teniendo que pagar los derechos de emisiones deportivas que había contratado. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha forzado a la Generalitat a pagar otros 16 millones de euros por la emisión de la Fórmula 1.
A todos esos gastos hay que sumar los llamados "costes estructurales" del ente entre los que se incluyen las instalaciones, seguridad o tecnología que siguen siendo abonados. Entre las compras figura una unidad móvil de última tecnología que ni siquiera ha sido estrenada.
Los ingresos perdidos por irse a negro
Buena parte de esos costes podría haberse aminorado si Canal 9 y Radio Nou hubieran seguido registrando ingresos por publicidad. Pero el fundido a negro ha impedido cobrar incluso campañas que ya habían sido contratadas con el ente público valenciano. En concreto, la publicidad prevista para la campaña navideña ascendía a 640.000 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El apagón de Canal 9 ha reducido a cero los ingresos por publicidad del ente público
En total, el ente público ha dejado de ingresar algo más de 2 millones de euros por publicidad no emitida lo que aumenta todavía más la factura de un cierre que si se hubiera negociado mientras se mantenían las emisiones habría permitido, al menos, aligerar sus costes mediante los ingresos publicitarios.
El coste de ignorar a los técnicos
La partida de gastos se amplía con un concepto más: el de los servicios jurídicos a los que el gobierno de Alberto Fabra ha recurrido en lugar de utilizar la abogacía de la Generalitat y cuyos dictámenes ha desobedecido. Tal y como reveló Vozpópuli, el consell contrató a PriceWaterhouseCoopers para analizar qué había que hacer con la televisión pública y a Garrigues Abogados para que le asesorara en el cierre del ente público. El coste total de los servicios de consultoría y asesoramiento externo del gobierno Fabra supera los 800.000 euros.
Sin embargo, la Generalitat ha hecho caso omiso a los dictámenes jurídicos de ambos despachos. De hecho, Garrigues desaconsejó no sólo la ejecución del ERE en los términos en los que fue llevado a cabo sino también el apresurado cierre de Canal 9 sin “honrar los compromisos adquiridos”. Pese a esas advertencias, el ejecutivo valenciano llevó a negro la televisión.
A día de hoy, el coste de esa factura supera los 38,4 millones de euros sin contar el gasto en abogados. Siguiendo el argumento de la Generalitat, con la cuantía perdida en la mala ejecución del cierre se podrían haber construido casi un hospital como el de Gandía de 400 camas y un coste inferior a los 50 millones de euros y unos 8 colegios públicos.
