Canarias insta al Gobierno a dejar de usar a los menas como mercancía política

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sacó adelante este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Tenerife el acuerdo entre PSOE y PP de tratar la gestión de los niños migrantes en la Península como una cuestión de Estado. Para Canarias, al ser un asunto que afecta a la credibilidad internacional de España, el debate de las fuerzas políticas debe supeditarse a dar respuesta a los menores llegados en cayucos a las islas y que suman 5.500 efectivos.

La reunión de este miércoles con representantes de autonomías llegados de la Península y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, habría dejado a Clavijo con la sensación de haber cumplido sus objetivos y para los que cuentan con el respaldo de agentes sociales, económicos e institucionales de Canarias, salvo Vox. El presidente de los canarios siempre ha defendido gestionar este expediente desde la prudencia y bajar la temperatura del debate. 

Los socios del partido nacionalista canario que manda en Canarias, PP y otros insulares, han bendecido la gestión de Coalición Canaria con este asunto. Hasta 179 entidades han garantizado su respaldo a Clavijo para que se desbloquee el reparto de niños por centros especializados en atenderles en la Península.

Ahora, al margen de si PP y Vox rompen acuerdos de estabilidad institucional que tienen en diversas CC.AA, queda cambiar la Ley de Extranjería y fijar los costes financieros. Para hacerse una idea: 90 euros por persona y día es lo que paga Canarias actualmente con contratos negociados sin publicidad por razones de emergencia.

Pero al margen de fondos eso significa que, "si alguien no acepta esta obligación de acoger a los niños, no será por una cuestión de dinero, será justamente porque no quiere contradecir el discurso de Vox o porque realmente no quiere hacer frente a la amenaza que Vox ya ha hecho de romper esos gobiernos autonómicos", dijo este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Montero ha confirmado que en el reparto de menas entran todas las comunidades "sin excepción", también País Vasco y Cataluña, "más allá de que haya acuerdos con alguna fuerza política en relación con transferencias en materia de inmigración, pero irían a todos los territorios y por tanto nadie se excluiría".

El acuerdo es "un parche" que precisa un marco legal "con un debate sosegado"

Además, Canarias dice que el acuerdo de la conferencia sectorial de la infancia para el reparto de menores por la Península "es un parche" que precisa un marco legal "con un debate sosegado" en el Congreso de los Diputados con un decreto ley que sirva para las islas y la ciudad autónoma de Ceuta.

"Canarias necesita una respuesta ya, hoy mismo ha llegado una patera con dos fallecidos a la isla de El Hierro", afirmaba Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. La consejera de Coalición Canaria (CC) agradeció a todas las comunidades autónomas sus esfuerzos con los niños migrantes establecidos en las islas tras llegar en cayucos de forma irregular. 

Delgado dijo que una cosa es un debate parlamentario sobre la extranjería en España y otra cosa es la respuesta que demanda. La consejera canaria recordó que el retraso en el envío de menores a la Península no es derivado de insolidaridad regional sino de la burocracia financiera del Ejecutivo central puesto que los fondos para las Comunidades se transfirió el 31 de diciembre de 2023 y, con esa ficha presupuestaria, es con la que se está ejecutando el reparto en 2024. "El reparto de 2022 se ha llevado a cabo y en 2023 el dinero llegó el 31 de diciembre de 2023, y estamos tramitando ahora esos repartos", dijo Delgado.

"Primero necesitamos un decreto ley, una respuesta ya", dijo Delgado, que instó que esta figura legal es lo más útil por eficiencia. "El PP no pidió una conferencia sectorial para pedir información, y no está ligada una cosa con la otra" dado que el decreto ley depende del Gobierno central. "Todas las comunidades han expresado su voluntad de apoyar a Canarias", dijo Delgado. "Los efectos del decreto ley son desde el momento que se aprueba, es lo que requerimos", recordó.

Además, Delgado pidió al Gobierno central que colabore con las regiones en aspectos como la acreditación legal de los niños para poder ser escolarizados en la Península. Agregó que la reunión de la conferencia sectorial de infancia de Tenerife era para analizar la reforma del artículo del articulo 35 de la Ley de Extranjería pero no para pactar repartos.

El Gobierno defiende a los menores

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, dijo este miércoles al término de la conferencia sectorial de Infancia que el derecho de los menores está por encima de su origen y que el Tribunal Constitucional ha dictado que esa competencia es titularidad autonómica. "No pueden estar hacinados", dijo Torres. Admitió el esfuerzo del PP por aceptar 400 menores no acompañados aunque "lo peor es que no se manifiesta" e instó a "dar una respuesta de Estado". "Hemos venido a esta conferencia sectorial porque nos lo ha pedido el PP", dijo el ministro, de origen insular.

Además, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dijo al término de la reunión que "la pelota está en el campo del PP" y sobre el reparto de mecanismo voluntario "aunque no es suficiente" ya que el 80% de lo acordado en 2023 no se ha cumplido. Rego dijo que la respuesta debe ser permanente y no coyuntural.  El cupo a repartir este año son 347 niños.

Según la propuesta del Ejecutivo, Andalucía acogería a 30, Aragón 20, Asturias 24, Baleares 10, Cantabria 29, Castilla y León 21, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 31, Comunidad Valenciana 23, Extremadura 30, Galicia 26, Madrid 30, Murcia 16, Navarra 15, País Vasco 18 y La Rioja 4. Finalmente, Ejecutivo y comunidades debatirán la creación de un grupo de trabajo para la atención a niños y niñas migrantes no acompañados.

Desde Madrid, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha insistido en que rechazarán la reforma de la Ley de Extranjería si el Gobierno no excluye a Cataluña del reparto de menores migrantes no acompañados. Además, ha señalado que lo que no se puede hacer es "abusar" de la solidaridad de Cataluña.