El PP mantiene en vilo al Gobierno y elude dar un "sí" precipitado a la reforma de la Ley de Extranjería

El PP se encuentra en una encrucijada en cuanto a la inmigración: el Gobierno le exige el 'sí' a la reforma de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto por comunidades de los menores inmigrantes no acompañados mientras que Vox ha consumado finalmente sus amenazas y ya da por rotos los cinco gobiernos que mantienen en coalición.

El partido de Santiago Abascal había amenazado a los de Feijóo con dejar caer los acuerdos de gobierno si el PP cedía a las exigencias de Sánchez para el reparto de 'menas'.

Ayer Feijóo confirmó que sus comunidades acogerán a 209 'menas' contra la voluntad de sus socios aunque, tras la conferencia en Canarias, sí rechazó hacer obligatorio el reparto modificando la Ley de Extranjería, tal y como pide el Gobierno.

Este 'no' a reformar, de momento, la ley, no ha sido suficiente para Vox y el Comité Ejecutivo Nacional del partido se reunirá esta tarde para acordar los "siguientes pasos", acusando a Feijóo de romper estos pactos: "Es él, el señor Núñez Feijóo, el que ha roto los gobiernos de coalición PP-Vox".

Se complica la aprobación de la reforma

Tras la reunión de comunidades en Canarias, el frente con el Gobierno sigue abierto: los barones del PP han criticado el poco tiempo que ha tenido para revisar el texto -apenas un día- y que no haya una financiación suficiente para hacerse cargo de todos los menores -el Gobierno hasta ahora solo financia el primer año de acogida-, lo que complica un triunfo parlamentario de Pedro Sánchez en el Congreso.

El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dijo ayer al terminar la reunión que no entendía cómo el PP podía aceptar el reparto voluntario de los menores pero no modificar el artículo 35 de la ley para que este reparto sea obligatorio. "Si el PP ha sido capaz de decir que sí a 400 menores no entendemos por qué no se manifiestan a favor de una reforma que solvente de manera definitiva esta situación", reprochó.

El Ejecutivo se mantiene en su intención de llevar igualmente su texto a la Cámara Baja, aunque para aprobarlo aún tendrían que tejer una improbable red de síes entre sus socios parlamentarios, pues Junts ha pedido excluir a Cataluña del reparto; en caso contrario, podría optar por una reforma pactada con el PP -a quien pide una respuesta "de Estado"- y llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas formaciones.

"Solidaridad toda, chapuzas ninguna"

Este primer 'no' se corresponde con la postura que adelantó el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, dejando clara su posición: "Solidaridad toda, chapuzas ninguna".

En este sentido, Sémper ha admitido que es necesario establecer una política "a medio y largo plazo" ante un problema que, lejos de desaparecer, se agravará en los próximos meses.

Para ello, el PP ha emplazado al Gobierno a una reunión de presidentes en la que abordar este asunto con más profundidad.

Uno de los principales recelos del PP ante la obligatoriedad del reparto de menores inmigrantes en todas las comunidades es los recursos para sostenerlo. El presidente de la Comunidad Valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, ha criticado que solo tiene "financiación para 317 plazas, pero tengo acogidos a 481 menores. De modo que tenemos colapsados los centros".

"En estos momentos estamos amenazados por la Fiscalía y el defensor pueblo valenciano por el hacinamiento en nuestros centros de los menores. Soy xenófobo por el colapso y también por pedir medios para acoger a los nuevos", ha añadido.

Desde el Gobierno, sin embargo, se han comprometido a contribuir financieramente para garantizar una atención digna en el reparto equitativo de los menores migrantes. Así lo ha afirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha puntualizado que todos los territorios "sin excepción" entran en la propuesta del Ejecutivo para la acogida y ratificado por Torres en la reunión. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para conseguir el 'sí' del PP en el encuentro de Canarias.

Pide al PP romper con Vox

Montero ha aprovechado para lanzar un dardo al PP afirmando que si alguien no acepta esta obligación de acoger a los menores, "no será por una cuestión de dinero", sino "porque no quiere contradecir el discurso de Vox o porque realmente no quiere hacer frente a la amenaza que Vox ya ha hecho de romper esos gobiernos autonómicos".

En este sentido, ha dicho que "ojalá rompan los Gobiernos autonómicos porque, al igual que en Europa, el Gobierno de España siempre ha creído que hay que poner un cordón sanitario a la ultraderecha para que no forme parte de las instituciones". En este sentido, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León de Vox, Juan García-Gallardo, aseguró que no tenía "ninguna duda" en cuanto a abandonar el ejecutivo autonómico si el PP cede al reparto, algo que ya ha confirmado positivamente: "Entre el honor y los barcos, escogemos el honor", declaró.

Antes de conocer la decisión definitiva de Vox, Sémper había recalcado que no iban a cambiar su posición en una tema tan sensible como es la política migratoria por las "amenazas" de ningún partido. "Si se rompen (los acuerdos) será Vox el responsable y tendrá que explicar por qué" ha roto con el PP, ha dicho Sémper, antes de subrayar que prefieren que esos gobiernos "sigan funcionando y no se rompan".

El presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, también garantizó ayer que la comunidad acogerá a los 21 menores migrantes no acompañados que le corresponden mientras que aseguraba no temer por la estabilidad de su gobierno: "Los órdagos son para el mus, en política tenemos que ir a hechos. Creo que el Gobierno está funcionando bien independientemente de lo que cada uno pueda pensar".

Finalmente, Montero ha deseado que los 'populares' manifiesten "su voto favorable a esa modificación de la ley de extranjería para obligar a todas las comunidades con criterio objetivo a poder acoger en su interior a niños y niñas que vienen huyendo del hambre, de situaciones de guerra, de desesperación".