Las autoridades canarias están preocupadas por un fenómeno trágico para las niñas y jóvenes que residen en las islas procedentes de países de la costa africana, mayormente. En Canarias la mutilación genital femenina (MGF) es un delito de violencia de género pero es muy complicado erradicarlo salvo que pediatras, fisios y ginecólogos además de médicos de atención primaria tomen este asunto como tal y no como una práctica cultural. En Canarias, unas 4.500 mujeres sufren o están en riesgo de mutilación genital femenina, según cifras publicadas por el Instituto Canario de Igualdad. El Parlamento de Canarias ubicó esa cifra en 2022 en 1.000 niñas en Canarias y urgió a activar un protocolo de actuación ante esta barbarie. En España, según datos del INE 2018, hubo 15.562 niñas entre 0 a 14 años en riesgo de que se les practicará.
Para Unicef la MGF constituye una violación de los derechos de las mujeres y las niñas y limita sus oportunidades para el futuro en materia de salud, educación e ingresos según Unicef. Esta práctica, que está arraigada en la desigualdad de género y los desequilibrios de poder, es un acto de violencia por razón de género que daña el cuerpo de las niñas, ensombrece su futuro y pone en peligro sus vidas en las islas. El Parlamento de Canarias ha aprobado un llamamiento donde apuesta "por promover buenas prácticas para evitar la estigmatización y el rechazo, y por favorecer la convivencia entre comunidades".
Desde hace 20 años la asociación canaria de mujeres mauritanas Dimbe trabaja para acabar con esta práctica primitiva en las islas. Este 2024 la Diputación del Común (la figura del Defensor del Pueblo en Canarias, que depende del Parlamento de Canarias, y goza de respeto por la sociedad civil isleña), Beatriz Barrera, ha avanzado con Asociación Intercultural de Mujeres Mauritanas Dimbe para continuar trabajando en la prevención y erradicación de esta práctica.
Dimbe ha pedido que se siga formando al personal sanitario en Canarias para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la MGF y conseguir frenar esta práctica en las islas. En este punto, también consideran esencial trabajar la prevención desde el ámbito educativo. La presidenta de Dimbe, Hawa Touré, explica que hasta ahora no encontraban suficiente apoyo de los servicios sanitarios en la lucha contra la MGF, pero esto cambió tras interponer una queja en la Diputación del Común. "El Servicio Canario de Salud en Fuerteventura nos abrió puertas para hacer formaciones, y nos llaman cuando necesitan identificar la problemática".
Actualmente Dimbe atiende a 76 familias que vienen de los países donde se realiza la MGF, y trabaja también con los hombres y adolescentes para transformar mentalidades, "ya que es una práctica arraigada en normas sociales". Beatriz Barrera ha expresado su determinación de continuar trabajando para detener una práctica que "constituye un acto de violencia de género contemplado en nuestra Ley canaria", en aplicación directa del Convenio de Estambul, y expresó su intención de realizar un seguimiento de los avances "y detectar más puntos de mejora en las formas de abordar la problemática".
