La candidata gubernamental a nueva magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez Bueso, como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias ha rubricado los dictámenes de ese organismo que respaldaron las leyes de desconexión lingüística salidas del Govern y del Parlament para evitar el cumplimiento de las sentencias sobre el 25% de enseñanza en castellano. Díez se estrenó con esos pronunciamientos en el Consell de Garanties Estatutàries donde entró el pasado mes de mayo, aunque trataban sobre una materia que le resulta familiar desde su paso como adjunta del Síndic de Greuges entre 2004 y 2010.

Que el organismo del que Díez es vicepresidenta bendijera las normas pensadas para burlar lo sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y respaldado por el Tribunal Supremo, no ha sido óbice para que el citado TSJC tenga presentada cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional al que se va a incorporar esta colaboradora de Pedro Sánchez. Un asunto, y no el único, por el que estará contaminada y sobre el que previsiblemente tendrá que abstenerse.

Díez participó en aquella decisión unánime de los consejeros del Consell, el pasado mes de junio, con unos dictámenes hechos a la medida de los objetivos del gobierno independentista catalán y sus socios necesarios, los socialistas comandados por Salvador Illa y Miquel Iceta. Fueron unos pronunciamientos de urgencia en los que la previsible magistrada del Tribunal Constitucional rubricó la doble conclusión de ambos dictámenes que viene a decir lo mismo:

• "(…) en cuanto a la omisión de la declaración del castellano como lengua vehicular, no vulnera los artículos 3 y 27 de la Constitución ni los artículos 6 y 35 del Estatuto".

• "(…) en cuanto al criterio de inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas, no vulneran los artículos 3 y 27 de la Constitución ni los 29 artículos 6 y 35 del Estatuto".

El pronunciamiento del organismo catalán que vela por el cumplimiento del estatuto y la Constitución hace, según fuentes jurídicas, “una interpretación forzada de la constitucionalidad” de las leyes de desconexión lingüística. Y también obvia la Ley Orgánica que al organizar la educación en horarios obliga a establecer porcentajes en los territorios bilingües. De ahí que los estudiosos de las políticas lingüísticas interpreten que la normativa implantada en Cataluña es completamente distinta a las que rigen, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o Galicia.

El espíritu que anima al Consell de Garanties Estatutàries, vicepresidenta incluida, asoma por diferentes páginas de los citados dictámenes, como en este fundamento del dictamen 3/2022 que implícitamente desautoriza al TSJC y al Tribunal Supremo por sentencias sobre derechos lingüísticos: “(…) la configuración concreta del tratamiento de las lenguas oficiales en el sistema educativo de Cataluña es una decisión claramente de naturaleza política, que corresponde adoptar a los poderes políticos y, en primer lugar, al legislador catalán”.

De esa forma la vicepresidenta Díez y los otros siete miembros del Consejo de Garantías Estatutarias allanaron el camino a las pretensiones de Pere Aragonès y su consejero de Educación, Josep González Cambray, y despacharon un asunto tan fundamental, por afectar a derechos y por encubrir una burla a tribunales superiores, que la ley y el decreto ley respaldados por dicho Consejo han terminado en el Tribunal Constitucional.

Díez dejó en mayo su puesto de directora general de Asuntos Constitucionales en Moncloa para ocupar su destino en el Consejo de Garantías Estatutarias Fue así gracias a un pacto alcanzado en febrero de este año por los socialistas catalanes con los independentistas de ERC y Junts para renovar altos cargos de la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, del Síndic de Greuges, del Consejo Audiovisual de Cataluña y del citado Consejo de Garantías.

La profesora Díez, con cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, muy cercana al PSC, está familiarizada con los planteamientos nacionalistas desde hace tiempo. No solo por sus escritos simpatizando con el referéndum de Quebec, con la vía escocesa a la independencia y con la consulta al pueblo catalán, sino por su trayectoria como adjunta del Síndic de Greuges durante seis años, de 2004 a 2010, cargo en el que le sucedió Jordi Sánchez, el ya expresidente de la ANC convicto por sedición.

Fueron esos los años en los que empezó a hacerse más notoria la tendencia nacionalista y soberanista del Síndic Rafael Ribó y también cuando esa institución empezó a ocuparse más asiduamente de cuestiones lingüísticas. Por lo tanto Díez, entonces en su condición de adjunta, también era corresponsable de los informes anuales del Síndic de Greuges presentados al Parlament, como el de 2008, que en relación a las medidas de acogida a inmigrantes mantenía que “de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y con el modelo lingüístico y educativo, la lengua vehicular de acogida es el catalán. El servicio de acogida debe garantizar el aprendizaje, en primer lugar, de la lengua catalana (…)”.

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