Los días pasan, y la situación en Valencia es desoladora. Ya son 9 días desde que la DANA arrasaba con 69 municipios en el noreste de España, sobre todo en la provincia valenciana. Las pérdidas humanos crecen a cuentagotas -actualmente se sitúan en 219 fallecidos-, al igual que las personas desaparecidas, que ya suman más de 90. Mientras, otros miles de personas tratan de recuperar su vida, limpiar sus casas, retirar escombros y empezar de nuevo. Pero son muchos los riesgos y problemas que corren miles de familias. El temporal no solo ha arrasado con viviendas y vehículos, sino que pone en peligro el puesto de trabajo de alrededor de 420.000 personas, según ha estimado el Gobierno.
La falta de ingresos y la pérdida de empleo puede convertir una situación crítica en insostenible. Las ayudas económicas son más necesarias que nunca para hacer frente a innumerables gastos que las familias afrontan actualmente. En esta línea, las autoridades hablan de cifras: 350.000 asalariados y 70.000 autónomos podrán acogerse a ERTES por fuerza mayor y prestaciones por ceses de actividad respectivamente. Pero, para estos miles de trabajadores por cuenta ajena, ¿qué supone entrar en un ERTE y cómo los afectará económicamente?
La cara B de los ERTES
Por el momento, acogerse a un ERTE por fuerza mayor es la única opción para muchas empresas valencianas. Al hablar de ERTEs, nos referimos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, un procedimiento administrativo por el que el empresario puede suspender o reducir el contrato de trabajo de sus asalariados de manera temporal. En este caso, el Ministerio de Trabajo plantea la necesidad de llevar a cabo 75 de ellos para socorrer a familias y trabajadores, pero sus ingresos desde el momento en que entren en este procedimiento administrativo podría bajar, todo en función de la situación de cada trabajador.
Desde el momento en que un trabajador pasa a formar parte de un ERTE, este deja de recibir su salario habitual, ya que la empresa ha suspendido temporalmente su contrato. A diferencia de lo que ocurre en los ERES, donde sí puede haber despidos, la situación es temporal y el trabajador volvería a su puesto una vez pasado el tiempo necesario. Eso sí, esto no quita que, tras la finalización del ERTE, la empresa pueda prescindir del trabajador al no poder afrontar la situaciones ni los costtes que conlleva.
Para comprender bien qué implica formar parte de un ERTE, es necesario saber algo fundamental: el trabajador pasa a cobrar la prestación por desempleo, aunque no de manera íntegra. Es por esto por lo que los perjudicados por la DANA en Valencia también podrían verse con dificultades económicas si se encuentran en esta situación. Estos son los porcentajes de paro a recibir en estos casos:
- Durante los primeros seis meses: 70% de la base reguladora.
- A partir de los seis meses: 60% de la base reguladora.
Desde el momento en que se habla de prestación por desempleo, entra en juego la situación personal de cada trabajador. La cantidad no será la misma si se trata de un joven que trabajaba desde hace pocos meses o años en comparación con una persona con una larga trayectoria detrás. Para conocer la cuantía, hay que tener en cuenta dos factores: la base reguladora y la cantidad cotizada por la empresa durante los últimos 180 días.
Más ayudas para los afectados
Finalmente, es interesante conocer la cantidad mínima de prestación por desempleo manejada en España: 560 euros en el caso de trabajadores sin hijos, que corresponde con el 80% del IPREM -Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples- anual, tal y como informa el SEPE. Por el contrario, la cantidad máxima corresponde a aquellos que cumplan con los requisitos necesarios y tengan dos o más hijos: 1.575 euros.
Además de esto, el Gobierno ha anunciado más ayudas económicas para los afectados por la DANA. El coste a afrontar por parte del Gobierno de España asciende a 10.600 millones de euros, mientras que la línea económica de la Generalitat aportará 50 millones de euros por el momento. Entre las ayudas se encuentran miles de euros para la reparación de viviendas e inmuebles, indemnizaciones para aquellos que hayan perdido sus vehículos y 838 millones de euros para pymes y autónomos, entre otras.
