Carles Puigdemont seguirá en la cárcel mientras se resuelve su entrega. Asumido este primer revés de las autoridades alemanas, su defensa ya trabaja en el siguiente asalto. Su plan pasa por que la justicia germana entre en el fondo de los hechos por los que España reclama al expresidente de la Generalitat. En concreto buscan que se pronuncie sobre el presunto uso de la violencia que esgrime el juez Pablo Llarena para acusar a los líderes del procés de rebelión. Consideran que si un país como Alemania niega este punto, la causa quedaría tocada en lo que afecta a Puigdemont y a los otros doce procesados por este delito.
Desde la cárcel y a través de su entorno, realizó un llamamiento a la calma en las calles de Cataluña, agitadas este fin de semana tras su arresto: "ahora no debe haber violencia". Según informan fuentes conocedoras de la estrategia del líder independentista, sus abogados no se limitarán a alegar aspectos formales o una persecución política contra el independentismo en España. Van a tratar de presentar pruebas con el objetivo de que las autoridades germanas digan si hubo o no violencia y si lo que sucedió en los meses de septiembre y octubre se puede considerar delito.
El trámite de las órdenes de detención europeas se limita en principio a acreditar que el Código Penal del país en el que se produce el arresto contiene el mismo delito por el que se le reclama en su país de origen. Sin embargo, los abogados de Puigdemont se muestran confiados en poder alterar ese procedimiento y cuentan ya con sentencias de tribunales alemanes y jurisprudencia de ese país en la que se defiende la competencia para entrar en el fondo de los hechos en contenciosos como este. Lo que no hará en ningún caso la justicia alemana es una investigación paralela u ordenar nuevas diligencias de prueba.
Un plan a cara o cruz
Estas fuentes asumen que la partida se jugará a cara o cruz ya que la otra opción es que los tribunales alemanes avalen la instrucción del juez Llarena, Puigdemont sea entregado a España y se le aplique una condena que sería incuestionable en el ámbito internacional. En su auto del viernes, el magistrado del Tribunal Supremo explicaba que, tras los hechos del 20 de septiembre en Barcelona, los independentistas se valieron de la presión de la calle y asumieron la violencia para forzar al Estado a aceptar la independencia. El juez recuerda que los Mossos avisaron al Govern del riesgo de violencia el 1-O y aún así no desconvocaron la consulta.
La rebelión del Código Penal español (artículo 472) castiga a “los que se alzaren violenta y públicamente” para, entre otros fines, “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o para “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. También a quienes lo hagan para “sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno”.
Lo más parecido a esto en el Código penal alemán se encuentra en su artículo 81 sobre la Alta Traición contra la Federación dirigido contra quien “intente con violencia o por medio de amenaza con violencia perjudicar la existencia de la república federal de Alemania o cambiar el orden constitucional”. En el caso alemán esto se castiga con penas que van desde los diez años hasta la cadena perpetua. En ambos casos se hace alusión al orden constitucional y al uso de la violencia. Por ello para Puigdemont es tan importante poder cuestionar el relato de Llarena para romper la reciprocidad que pretende alegar la justicia española.
Según los datos de la Comisión Europea, Alemania tiene un alto índice de entregas, alrededor del 80 por ciento en un plazo medio de 42 días. Cabe recordar que, aunque los jueces alemanes no aceptasen la entrega por un delito de rebelión, Puigdemont podría ser entregado a España por el otro delito de malversación por el que se le acusa bajo una posible pena mucho menor de hasta ocho años. No obstante, este riesgo es precisamente el que llevó al juez Llarena a retirar la orden europea de detención el pasado diciembre cuando Puigdemont se instaló en Bélgica y esperar a una fase más avanzada del procedimiento.
