La diputada del PP Carmen Álvarez-Arenas Cisneros ha ocultado al Registro de Intereses del Congreso de los Diputados la fuerte dependencia que una de las empresas que administra tiene de las subvenciones públicas. En su última declaración de actividades, la parlamentaria explicó, sin aportar más detalles, que es administradora de una “empresa familiar de prestación de servicios, sin ninguna relación con el sector público”, pero lo cierto es que esa relación existe, en forma de subvenciones.
Desde que presentó esa declaración a finales de 2011, una de las empresas que gestiona Álvarez-Arenas, Centro Especial de Empleo Genser SL, ha cobrado cientos de miles de euros de diferentes gobiernos autonómicos en concepto de subvenciones a sus costes salariales.
Preguntada por este asunto, la diputada admite que omitió ese detalle, que sí figuraba en la declaración que presentó al Congreso en diciembre de 2008, al comenzar su primera legislatura en la Cámara Baja. En aquella declaración, Álvarez-Arenas explicó que desde el 25 de octubre de 2008 era “Administradora solidaria de las sociedades familiares Genser, SL y Centro Especial de empleo, S.L” y que, aunque “ninguna de las sociedades contratan con el sector público”, “la segunda de ellas percibe subvenciones regladas por actividad y contratación de trabajadores minusválidos como consecuencia de la aplicación automática de la normativa vigente”.
La diputada explica que, durante la anterior legislatura, mandó un escrito al entonces presidente del Congreso, José Bono, para modificar esa declaración porque, aunque “es muy buena la transparencia”, cuando la vio publicada en la web del Congreso la información que contenía le parecía demasiado detallada. Sin embargo, y para su disgusto, Bono le contestó “que no la iba a modificar”.
Con el actual presidente del Congreso, su compañero de partido Jesús Posada, la diputada tuvo más suerte. Álvarez-Arenas optó por omitir los detalles que no le gustaban y su declaración, mucho más genérica que la anterior, pasó el corte sin problemas.
“Lo que hice fue simplificarla”, explica, aunque ahora asegura que la va a cambiar: “Voy a añadir, porque es verdad, que la empresa recibe subvenciones regladas”, junto con otros detalles, como su reciente nombramiento como consejera delegada de ambas empresas (antes era la administradora única). “No tengo el más mínimo problema”, dice.
La diputada también asegura que no tiene “ni idea” del montante de las subvenciones que ha recibido en los últimos años Genser CEE. Aunque es difícil hacer una estimación, dado que en ocasiones los gobiernos autonómicos publican sus concesiones de ayudas públicas con importantes retrasos, sí es posible hacerse una idea aproximada.
Así, la empresa figura como perceptora de al menos 337.000 euros en subvenciones desde 2011 por parte de los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid y Baleares, ambos gobernados por el PP.
La última ayuda, publicada en abril pasado, ascendió a 108.037,47 euros correspondientes al ejercicio 2013 y se la concedió en marzo pasado la Comunidad de Madrid, de la que la propia Álvarez-Arenas fue alto cargo hasta el año 2008.
Hija del militar Félix Álvarez-Arenas y Pacheco, capitán general con el dictador Francisco Franco y ministro del Ejército durante la Transición, la diputada y empresaria acredita una trayectoria política que dura ya décadas: antes de su llegada al Congreso, fue diputada de la Asamblea de Madrid (entre 1987 y 2008), secretaria de la Mesa del parlamento regional (entre 2003 y 2005), viceconsejera de Empleo y Mujer con Esperanza Aguirre (2005-2008), viceconsejera de Presidencia de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente (1995-1999) y senadora por Madrid (1999-2003).
Actualmente, la diputada desempeña, entre otras, las funciones de portavoz del PP en la Comisión de Empleo y Seguridad Social y vocal de las comisiones de Defensa y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso.
Como Centro Especial de Empleo (CEE), la empresa de la diputada tiene derecho a la devolución del 50% de sus costes laborales porque al menos un 70% de su plantilla está compuesta por personas con una discapacidad superior al 33%.
En España hay más de 2.200 centros de este tipo en los que trabajan más de 64.000 discapacitados que reciben más de 528 millones de euros al año en ayudas de la administración pública, según datos de la Fundación Once. El que gestiona la diputada se dedica a ofrecer servicios de limpieza a terceras empresas, lo que permite a sus clientes cumplir con la Ley de Integración Social del Minusválido (Lismi).
Esta norma establece que las empresas públicas y privadas con una plantilla superior a 50 trabajadores deben contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2% de su plantilla o, en su defecto, implantar medidas alternativas, como subcontratar con terceras empresas la prestación de servicios ajenos y accesorios a su actividad normal. Y es a eso a lo que se dedica la empresa de Álvarez-Arenas.
