El Gobierno ha decidido imprimir un acelerón al plan de aforamiento de la figura del príncipe de Asturias, que en estos momentos, por uno de esos despistes de los padres de la Constitución, es un "ciudadano más" a los efectos de las responsabilidades penales. Ya hace meses el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, mencionó al diario La Razón su preocupación por esta circunstancia, cuya modificación depende en una primera instancia de su ámbito de competencia. Miembros del Gobierno y parlamentarios disfrutan de este privilegio que les concede la opción de declarar únicamente ante el Tribunal Supremo en el caso de resultar imputados.
El pasado viernes, y tras conocerse la imputación de la infanta Cristina en el 'caso Nóos', la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se pronunció en esta misma línea, al asegurar que el Ejecutivo está "abierto a escuchar" cualquier tipo de iniciativas del departamento fiscal en este marco legal. "El fiscal tiene un papel muy importante en la redacción de las leyes que están sometidas a su informe", señaló la vicepresidencia.
No encontrará el Gobierno más que colaboración por parte de Torres Dulce ya que, en la mencionada entrevista periodística, había declarado que "sé que no es problablemente el momento de suscitar esta cuestión, pero un juez, un fiscal o un policía tienen un fuero especial y resulta absolutamente incomprensible que los príncipes de Asturias no lo tengan. No me parece equilibrado". El fiscal general hablaba de "los príncipes de Asturias", refiriéndose a la pareja y no en exclusiva al heredero de la Corona, asunto que también ha sido objeto de conversaciones entre la Zarzuela y la Moncloa. La ausencia de una ley orgánica que regule todos los aspectos referidos al sucesor de la Corona, tal y como recomienda la propia Constitución, ha dado lugar a este vacío legal y jurídico que ahora se pretende enmendar.
El Gobierno, según ha podido saber este periódico, se ha interesado activamente por los trabajos que desarrolla el equipo de Torres Dulce a fin de que la figura del aforamiento se incluya en la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuyo contenido se redacta actualmente. Fuentes de Moncloa señalan que no se trata de mostrar ningún tipo de nerviosismo o prisas sobre este aspecto pero sí de enmendar una situación a todas luces irregular. Si un diputado autonómico está protegido por esta figura y, en caso de incurrir en alguna anomalía de índole penal sería el Supremo y no los tribunales ordinarios quien se ecncargaria del caso, mayor motivo hay para deducir que la figura del heredero debe, al menos, gozar de esta condición, señalan fuentes del Ejecutivo.
Apoyo del sector judicial
En este sentido se han manifestado públicamente portavoces de diversos colectivos de jueces, quienes han considerado que es imprescindible dar este paso cuanto antes puesto que por su rango y por su nivel de representación institucional, la figura del príncipe debería, si procediera, ser investigado y juzgado por el tribunal de más alta cualificación judicial.
Este fin de semana se ha sabido, por ejemplo, que la Casa del Rey quedaría finalmente incluida dentro de la Ley de Transparencia que prepara el Ejecutivo, al igual que partidos políticos y sindicatos, un paso que el Gobierno consideraba necesario desde hace meses pero que la Zarzuela no le había dado luz verde hasta hace tan sólo unos días, en coincidencia con las complicaciones judiciales de la infanta Cristina.
La inmunidad tendrá que esperar
La ampliación de la condición de aforado al príncipe también cuenta con un consenso muy amplio entre las formaciones políticas de mayor representatividad en el Congreso de los Diputados, con algunas excepciones previsibles. La medida, pues, está en marcha y en proceso de aceleración, para atajar cuanto antes una irregularidad que muy pocos entienden o justifican.
Debate bien distinto es la posibilidad de dotar de la condición de inmunidad a cuantos actos ejecute el príncipe Felipe, o su irresponsabilidad penal y civil, tal y como ahora recoge la Constitución exclusivamente para la figura del rey, "incuestionable y no sujeta a responsabilidad". Esta posibilidad, que ni siquiera se ha tratado en el Gobierno, resultaría más complicada puesto que obligaría a una reforma de la Constitución.
