De puntillas. Así quiere pasar el Gobierno sobre el polémico uso que la princesa alemana Corinna Zu Sayn-Wittgestein hizo supuestamente durante cuatro años de la madrileña finca La Angorrilla, situada a menos de ocho kilómetros del Palacio de La Zarzuela. En respuesta a una pregunta parlamentaria de IU, el Ejecutivo se limita a asegurar que en los archivos de Patrimonio Nacional, del que depende esta propiedad del Estado, no consta que la polémica amiga del rey celebrase en propiedades gestionadas por este organismo en el Monte del Pardo reuniones comerciales o que su nombre aparezca como arrendataria de alguna de ellas. En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se evita en todo momento negar que utilizara una de las mismas como residencia para ella y su hijo durante sus largas estancias en España. No es la única respuesta que deja 'en blanco'. También rechaza contestar si los supuestos gastos de alojamiento, manutención, viajes y dispositivos de seguridad de sus estancias corrieron a cargo del erario.
El Ejecutivo sólo se muestra taxativo para negar que la amiga del rey hubiera "recibido encargo por parte de este Gobierno" o que haya dispuesto de pasaporte diplomático
Así, a la pregunta del diputado de la coalición Ricardo Sixto sobre si “¿usa en la actualidad o ha usado esta señora recursos del Estado, como por ejemplo vivienda, parque móvil o servicios de secretaría?”, el Ejecutivo contesta con un genérico “respecto al uso de medios del Estado como vehículos u otros medios, éstos se asignan a las autoridades y altos cargos establecidos en la normativa reguladora correspondiente en función de sus responsabilidades oficiales”. Una manera de echar la pelota al tejado de la Casa Real. Igual vaguedad esgrime cuando el parlamentario le recaba datos sobre la utilización por parte de la amiga del rey de “alguno de los alojamientos situados dentro del recinto de El Pardo cuyo mantenimiento y gastos corren a cargo del erario público”. En este punto, Moncloa asegura simplemente que "existen determinados bienes de Patrimonio Nacional que son susceptibles de compatibilizar la función antes indicada con otro tipo de actividad, que entraña el acceso del público a los mismos”. Es decir, que sí puede haber sido utilizado como residencia.
La misma política de echar balones fuera la utiliza el Gobierno para responder a preguntas más concretas. "¿Tiene conocimiento el Gobierno del uso de las instalaciones de la Quinta del Duque del Arco y de su Palacio, ubicado en El Monte de El Pardo, o alguna otra de las instalaciones de Patrimonio del Estado ubicadas en dicho monte [entre ellas La Angorrilla], para la realización de reuniones o eventos relacionados con labores de alto asesoramiento o mediación en las que haya intervenido Corinna zu Sayn-Wittgenstein?", planteó en marzo IU en el Congreso. La respuesta se limita ahora a reconocer que la legislación que rige la propiedad estatal de La Quinta permite "alquilarlo para la celebración de eventos", pero que "de la información disponible en el organismo [Patrimonio Nacional] resulta que, examinadas las entidades (públicas y privadas) y objeto para las que se ha cedido el uso del inmueble, no se ha alquilado para los fines y personas que plantea la pregunta”.
Preguntas sin respuesta
Más 'opaco' aún se muestra el Gobierno en otras cuestiones. Así, a las preguntas si “¿han sido en algún momento sufragados gastos de estancia, manutención o viajes a Corinna zu Sayn-Wittgenstein con dinero público?, ¿qué organismo o institución se hizo cargo de los mismos? y ¿a cuánto ascendieron?” o sobre si “¿han tenido que preparar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en algún momento operativos especiales de seguridad para la protección de Corinna zu Sayn-Wittgenstein?, ¿desde cuándo?, ¿hasta cuándo? y ¿cuáles han sido los motivos para tener que organizar dispositivos de protección de su persona por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?”, el Ejecutivo no dedica ni una sola línea. Secretismo total.
En una de las pocas cuestiones en las que el Ejecutivo se muestra taxativo en su respuesta parlamentaria es en rechazar que la amiga del rey haya "recibido encargo por parte de este Gobierno". En este sentido, también niega que la amiga del rey haya "estado nunca en posesión de un pasaporte diplomático español". También descarta que haya habido relaciones comerciales entre la princesa alemana y sus empresas con la Administración Pública. Sobre este punto, IU preguntó si “¿ha recibido la empresa Apollonia Associates o la empresa de armas Boss&Co. algún tipo de adjudicación pública o han facturado por algún motivo al Estado español, al Ministerio de Defensa o a cualquiera de sus organismos, entes o empresas públicas?”. La respuesta del Gobierno asegura que “consultado el Sistema de Información Contable de la Administración General del Estado, Organismos Autónomos, Agencias Estatales y Otros Organismos Públicos adheridos al mismo, y el Registro de Contratos del Sector Público no figuran los terceros ni ninguna de las empresas que se solicita información: Corinna zu Say-Wittgenstein, Apollonia Asociates, y Boss&Co”.
