Pablo Casado está dispuesto a intentar aguantar al frente del PP junto a su secretario general, Teodoro García Egea, con la confianza de que la Fiscalía pida la imputación de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Todo ello, pese a las deserciones en su propio comité de dirección y la presión de los barones para que dimita.
El presidente del partido ha reaccionado a esas críticas convocando una junta directiva nacional en la que, a la espera de confirmarse el orden del día, se votará la celebración de un congreso extraordinario.
En todo caso, desde el equipo de pretorianos de Casado calculan que, si finalmente se produce esa votación, el líder nacional, y el secretario general, marcarán el calendario, ya que tienen garantizado el respaldo de una gran mayoría de los más de 300 vocales que componen el citado organismo.
Así, y tal y como se informó en estas páginas, las cuentas que hacen en Génova es que entre el 60 y el 70 por ciento de los integrantes de la junta directiva nacional está con Casado. Por tanto, haya o no votación, afirman las fuentes consultadas, el líder nacional marcará los tiempos del próximo congreso.
Tiempo para imputar a Ayuso
De esta forma, Pablo Casado pretende enrocarse en el cargo hasta la celebración de un congreso en el que, a pesar de las innumerables críticas recibidas en los últimos días, quiere presentarse: "Desde la dirección nacional afirman que aspira a la reelección", afirman a Vozpópuli altos cargos del partido.
Las fuentes consultadas afirman que en este tiempo la actual dirección del PP busca “la imputación por corrupción" a Isabel Díaz Ayuso por los contratos de su hermano. Recuerdan que el asunto ya está en la Fiscalía y confían en la socialista Dolores Delgado, la fiscal general del Estado.
En el PP asumen que "dentro de dos años dirán que no había nada", pero, para entonces, "ya habremos despedido a Díaz Ayuso de la política…”.
De momento, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha emplazado a Dolores Delgado a que se abstenga de conocer sobre las tres denuncias presentadas por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos por el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad, además, envió a Fiscalía la documentación completa relativa al contrato. Además de lo ya facilitado a los medios la semana pasada, se adjuntaron los albaranes de las entregas, que se hicieron en dos días en el Hospital temporal de Ifema (182.000 mascarillas el 17 de abril y 68.000 el 20 de abril, imagen de las mascarillas en cuestión FFP2/KN95, las facturas, la autorización y la diligencia de la fiscalización por parte de la Intervención General de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
La victimización de Casado
Desde Génova no solo quieren dejar a Isabel Díaz Ayuso como la mala de la película desde el punto de vista judicial, sino también desde el personal. En ese sentido, pretenden utilizar la multitudinaria manifestación del domingo contra el presidente nacional para victimizar a Pablo Casado y culpar a la presidenta de la Comunidad.
En ese sentido, fuentes de la dirección nacional del PP califican la concentración como un "escrache organizado por Miguel Ángel Rodríguez, con cartelería y consignas ya preparadas". Aseguran que es "un punto de inflexión" para hacer ver a la gente quién es el atacado.
Los afines a Casado recuerdan, además, que fue el presidente nacional el que tendió la mano a Isabel Díaz Ayuso el pasado viernes y que ella rechazó firmar la paz. Además, destacarán que al inicio de esta polémica la dirigente autonómica afirmaba que su hermano no tenía contratos con la Comunidad y después afirmó todo lo contrario.
Las mismas fuentes añaden, además, que "no hay ninguna razón objetiva para que Casado dimita", y destacan que "el partido no ha perdido elecciones y está libre de corrupción".
Concluyen, además, que las presiones del aparato para echar a un líder nacional ya se vivieron en 2016 con Pedro Sánchez y éste ha acabado en La Moncloa, después de recibir el respaldo de los militantes y los cargos intermedios. Unos cargos que, según afirman en el PP, "están todos escandalizados" por lo sucedido el domingo en Génova.
