El presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de la Asociación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento, Casimiro Curbelo ha propuesto lanzar bombas contra las coladas del volcán de La Palma para encauzar el flujo de la lava.
La curiosa propuesta de tratar de evitar un mayor desastre en La Palma con el uso de armamento militar no es la primera polémica que protagoniza el político canario. En el año 2011, Curbelo tuvo que renunciar a su escaño como senador del PSOE tras protagonizar un incidente nocturno en una sauna y un posterior enfrentamiento con la Policía.
El senador fue detenido el 14 de julio de aquel año por un delito de atentado a agentes de la autoridad, tras haber agredido a un policía. Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid informó de que el senador fue detenido en la calle Orense de la capital y trasladado a continuación a la Comisaría de Tetuán, donde prestó declaración ante la Policía.
Llamó "terroristas y borrachos" a los agentes
Aquella noche, el senador se quejó a unos policías del trato que su hijo, él y una tercera persona acababan de recibir en un establecimiento del que habían sido expulsados. Según los indicios recabados en la instrucción, cuando los policías le explicaron los pasos que debía seguir para presentar una denuncia, el hijo de Casimiro Curbelo insultó y empujó a un policía, por lo que fue detenido.
Curbelo llamó entonces terroristas y borrachos a los agentes, los avisó de que era senador y los amenazó con acabar con sus carreras y denunciarlos por detención ilegal.
Multa de 900 euros
Tras producirse el incidente de julio, Curbelo negó en rueda de prensa haber agredido a los agentes y denunció que el único "maltratado, agredido y humillado" en este asunto había sido él.
Casimiro Curbelo dimitió de su cargo de senador, del que era electo por La Gomera desde 1996, tras el incidente de Madrid y tras ser investigado por el Tribunal Supremo, pactó con la Fiscalía una pena de multa de 900 euros y una indemnización de 50 euros al policía al que agredió, en una condena en la que el fiscal ha aceptado aplicarle una rebaja muy cualificada de dilaciones indebidas.
