Cambio de calado en el caso Cuarteles. La magistrada que investiga irregularidades en las obras de acuartelamientos de la Guardia Civil ha dado un giro a la investigación abriendo la puerta a que se les juzgue por la ley del jurado. Por ese motivo mantiene la citación del teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Alonso Rodríguez para el 17 de mayo y cita además a una comparecencia a los otros tres imputados, entre los que se encuentra el teniente general Pedro Vázquez Jarava.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durántez, explica en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli que transforma esta investigación penal en un procedimiento ante tribunal de jurado a petición de la Fiscalía y ante los indicios que apuntan a la posible comisión de falsedad continuada en documento oficial en concurso medial con delito de malversación de caudales públicos y a un delito de cohecho.
Según detalla la juez, estos tipos penales abren la puerta a que el enjuiciamiento de los hechos sea competencia de un tribunal de jurado. Por ese motivo, tras transformar las diligencias, convoca una comparecencia a los investigados para el próximo 17 de mayo. Ese mismo día estaba citado para declarar el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, quien pidió comparecer a voluntad propia, tal y como avanzó este medio. Además, procede a citar a los peritos designados por la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Malversación, falsedad y cohecho
El procedimiento que se sigue en estos juzgados de Madrid arrancó en el año 2019 en Ávila. La causa nació a tenor de un informe de Asuntos Internos de la Policía Nacional que recogía supuestas irregularidades en más de una decena de obras de cuarteles de la Guardia Civil. Una denuncia anónima dio pie a una investigación que destapó contratos en acuartelamientos de la provincia de Ávila que se habrían fraccionado para que fueran menores y que se concedieron a Ángel Ramón Tejera de León. Este es uno de los empresarios canarios salpicados en la trama del tito Berni.
El informe alertó que las empresas de Tejera de León entre el segundo semestre de 2016 y principios de 2017 consiguieron la adjudicación de contratos para estos trabajos pese a que lo lógico es que los realizasen empresas locales. En su declaración como investigado, Carlos Alonso expuso que la orden de contratar con este empresario canario provino del teniente general Pedro Vázquez Jarava, entonces al frente de la Subdirector General de Apoyo de la Guardia Civil, con sede en Madrid.
Ello abrió la puerta a que el juzgado de Ávila se inhibiera a Madrid y propició una nueva vía de investigación abierta por Asuntos Internos que reveló que en trece comandancias de la Guardia Civil (Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid) se habrían adjudicado también estas obras a las empresas de Mon. Destacaron además que muchas de ellas no estaban ni terminadas y que se incrementó "enormemente" la facturación de los trabajos.
La causa, en la que figura un cuarto imputado en su condición de empresario vinculado a 'Mon', llevaba meses parada a la espera de conseguir luz verde por parte de un ente para peritar las obras. La arquitecta del Ministerio del Interior que evaluó las de la comandancia de Ávila declinó este encargo al considerar que excedía su capacidad de actuación. De esa manera la causa quedó varada más de medio año hasta que, finalmente, se consiguió que fueran expertos de la Dirección General de Patrimonio del Estado los que accedieran a comprobar la certificación de las obras bajo sospecha.
Se da la circunstancia de que los cuatro imputados en el bautizado como 'caso Cuarteles' serán juzgados por un delito cuya pena acaba de rebajar el Gobierno. La rebaja de la malversación que impulsó el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la que trató de beneficiar a los condenados y procesados por el 'procés' podría aplicarse en este procedimiento toda vez que la modificación legal contempla una rebaja en aquellos casos en los que el desvío de fondos públicos no vaya aparejado de lucro personal; tesis que defienden los mandos de la Guardia Civil imputados.
Vínculo con la red del tito Berni
El nexo de unión entre el 'Caso Cuarteles' y el 'Caso Mediador' es el empresario canario Ángel Ramón Tejera de León. Conocido como 'Mon', este inversor tenía desde hace año contactos dentro de los mandos de la Guardia Civil y también aprovechaba su posición al ser el primo de una alcaldesa del PSOE de las Islas Canarias.
En el círculo de 'Mon' estaba el general de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa Navas, una de las ramas fundamentales de la trama que implica al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias el 'tito Berni'. Su relación era fluida y constante.La empresa de este hombre viajaba desde las Islas Canarias a la Península para realizar obras en diferentes cuarteles de la Guardia Civil gracias a la buena relación que tenía entre los mandos. En total estuvo en un total de 13 comandancias.
Sin embargo, estos trabajos de pintura y de impermeabilización no cumplían con las exigencias mínimas deseadas. Unos precios desorbitados y labores que se dejaban a medias eran otras de las denuncias que se realizaban desde las asociaciones del Cuerpo.
Una de estas muestras fue el puesto de Fuente de Cantos en Badajoz en 2016. Los trabajos costaron casi 60.000 euros y tenían un valor real de 12.000, según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli. Los agentes no daban crédito cuando llegaron los pintores venidos desde Canarias a un pequeño pueblo de poco más de 4.000 personas. Años después Asuntos Internos entrevistó a los responsables del cuartel. No solicitaron esta reforma y la orden fue impuesta "desde arriba".
DANIROCIO
es un poco desmotivador y triste que pasen estas cosas en el cuerpo que mas exito ha tenido y tiene como fuerzas de seguridad ,y por culpa de algunos personajes alguien tire por tierra a este prestigioso cuerpo que tanto y bueno hace en España