El juez de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, investiga a Podemos por un presunto delito de financiación irregular. Sospecha que no se llegaron a prestar los trabajos electorales para los comicios de abril de 2019 que el partido pagó con dinero público a una empresa llamada Neurona Comunidad. Estas dudas tienen su origen en el baile de fechas y versiones contrapuestas que rodean al pago y realización de los servicios, la firma del contrato y la constitución de la empresa proveedora. Varios meses después, siguen siendo la clave del caso.
Al juez no le cuadra que Neurona Comunidad fuese constituida el 19 de marzo de 2019 en base al borrador de un contrato de prestación de servicios que llevaba la fecha del 27 de febrero; es decir, varias semanas antes. Además, ese contrato para las elecciones de abril al final se firmó el 6 de mayo, varias semanas después de los comicios. “Existen indicios racionales acreditativos” de que los pagos efectuados “no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno calificable como gasto electoral”, dice el juez en sus autos. Por eso el magistrado quiere saber en qué se empleó ese dinero.
Las dudas del Juzgado las comparte al Tribunal de Cuentas. En su informe de fiscalización sobre los gastos electorales señaló que Unidas Podemos aportó vídeos y diseños publicitarios. No obstante, con esa información no quedó "suficientemente acreditada su efectiva elaboración” por parte de Neurona. Cuando el Tribunal de Cuentas le pidió a Podemos más información, el partido le mandó el contrato firmado con Neurona el 6 de mayo por valor de 363.000 euros.
El objeto social no coincide
La alarma saltó al comprobarse que ya constaba una transferencia por esos trabajos del 5 de abril. Se pagaron los trabajos antes de firmar el contrato. El fiscal del Tribunal de Cuentas destacó además que el objeto social con el que se constituyó Neurona en marzo ni siquiera coincidía con los servicios por los que le pagó Podemos. El viernes 13 de noviembre, el abogado del partido dijo haber aportado en su día al juez de Madrid un total de 1.400 productos electorales. Con ello decía despejar las dudas en torno a la prestación de servicios. Pero aquí también será clave determinar bien las fechas.
Por ese motivo el juez Escalonilla le ha pedido a la Policía Nacional que haga un estudio de los metadatos de estos productos, según adelantó el ABC. Ha solicitado a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales de la UDEF que determine “la autoría, fecha de realización y cuales otros datos informáticos se puedan obtener”. El juez quiere saber si esos trabajos se realizaron realmente para la campaña o si el partido le ha mandado otro material confeccionado después.
Este viernes declaró el responsable de Comunicación de Podemos y persona de confianza de Pablo Iglesias, Juanma del Olmo. Admitió ser el responsable de la contratación de Neurona y defendió esta decisión en la trayectoria y reconocimiento internacional de la consultora. La conocía por su relación con uno de sus dueños, César Hernández Paredes, otro personaje cuyo testimonio ahora se antoja clave. Del Olmo dijo al juez que Podemos se limitó a contratar sus servicios, confirma que los trabajos se hicieron, pero afirma desconocer luego qué hizo Neurona con el dinero.
Hace días también declaró el administrador de Neurona, Elías Castejón. Esta persona, ajena al partido, cree que los servicios sí se prestaron porque en julio -tres meses después de los comicios- le remitieron un archivo con vídeos electorales, fotos de los candidatos y otros ejemplos de contenido electoral. Pero él manifestó que no los analizó, tan solo los pidió para poder acreditar su existencia. Respecto al baile de fechas sobre el contrato o los pagos, Castejón explicó al juez que todo se debe a un error en la fecha del primer borrador.
Así se creó Neurona en España
Según su relato, unos abogados mexicanos -nunca Podemos- se presentaron a principios de 2019 en la sede de un despacho de abogados de Madrid. Representaban a Neurona Consulting, una firma mexicana que colabora habitualmente con líderes latinoamericanos de izquierdas. En el grupo estaba una persona llamada Germán Cobos, clave en el caso y que no está investigado. En el despacho de abogados les recomendaron a Elías Castejón, un gestor de Sevilla que procedió a constituir una filial en España de Neurona. Lo hizo el 19 de marzo de 2019. En este punto todas las versiones coinciden.
Cobos ejercía de enlace entre los socios de Neurona, Podemos y la gestoría de Sevilla. Según Castejón, el 27 de marzo le mandó el borrador de un contrato por la cifra de 363.000 euros. El ya administrador de Neurona advirtió algunos errores en su redactado como el cálculo del IVA. Siempre según su versión, ya entonces pidió una garantía de la prestación de los servicios para tener algo que mostrar en caso de que la Agencia Tributaria preguntara por ello.
Al día siguiente, Cobos mandó de nuevo otro borrador con los errores subsanados. Según Castejón, le trasladaron que había prisa por firmarlo. Le pidieron que lo hiciera de puño y letra y que lo mandase físicamente a través de mensajero a Madrid. El error es que en ese documento físico se puso la fecha del 27 de febrero. Pero insiste en que eso es un error. Para acreditar su versión, defiende que el NIF de Neurona que figura en el contrato tras solicitarse a la Agencia Tributaria es del 21 de marzo.
El segundo problema es que ese contrato al final se firmó un 6 de mayo. En representación de Podemos lo hizo -con una firma electrónica- el responsable de Finanzas, Daniel de Frutos. Castejón alega que no se quedó con una copia del que firmó en marzo y cree que Podemos ha perdido el ejemplar. Por ello decidió volver a firmar, en este caso el que le remitieron en mayo.
Esta versión choca con la que han trasladado los exabogados de Podemos, José Manuel Calvente y Mónica Carmona. Ellos fueron los que presentaron la denuncia que dio origen al caso tras una investigación interna. Calvente sostiene que a él le pidieron como abogado del partido que revisase ya en febrero un borrador de contrato con Neurona: “Mis primeras sospechas de presunto fraude e implicación de algunos miembros de Podemos en contrataciones irregulares, surgen en el mes de febrero de 2019 cuando me piden que revise como abogado del partido dos borradores de contratos de servicios para la campaña electoral”.
Uno de ellos era con una empresa portuguesa, pero el juez no ha hallado indicios de ninguna irregularidad con ella y ha archivado esa parte del caso. El otro borrador era el de Neurona. La denuncia califica a Castejón de “testaferro” y sostiene que Neurona Comunidad “fue constituida expresamente para contratar con Podemos”. El abogado de Podemos tuvo la oportunidad de preguntarle por esta cuestión a Calvente cuando compareció en el Juzgado para ratificar su denuncia. El letrado de la formación se acogió también a la tesis del "error de transcripción" en la fecha. El partido alega que en el mismo documento aportado a la causa, en el primer párrafo, figura otro día del mes de marzo.
La Fiscalía de Madrid también ve indicios de delito en este punto: “Existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que es una empresa creada ad hoc para la prestación del servicio”. El Ministerio Público señalaba además que en las cuentas de Neurona no constan “gastos de personal, medios materiales o locales” propios de una actividad empresarial.
