Han pasado cinco meses desde que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anunciase que los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno -Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska- estaban infectados por el sistema Pegasus de espionaje, pero las dudas en torno a los hechos aún están lejos de aclararse. Al mismo tiempo que un juez trata de arrojar algo de luz sobre el caso, la oposición solicita formalmente, en el Congreso de los Diputados, información relacionada con el escándalo. Recientemente, sobre el modelo de terminal que usan los miembros del Ejecutivo y su precio, abonado a partir del erario público. Moncloa, en su respuesta, esquiva la pregunta y rechaza dar los datos requeridos.
El caso Pegasus es uno de los episodios que ha suscitado un mayor número de preguntas parlamentarias en el Congreso de los Diputados. Cualquier diputado tiene la potestad de tramitar sus cuestiones en un sistema interno y el Gobierno debe responder. Es una de las herramientas más activas para controlar la actividad del Ejecutivo, si bien las respuestas no siempre satisfacen a los autores de las iniciativas.
Vozpópuli ha tenido acceso a una serie de iniciativas registradas por el Partido Popular (PP) el pasado 22 de junio. La respuesta -como suele ocurrir en estos procedimientos- se ha hecho esperar: la valoración del Gobierno no se ha recogido en el Boletín Oficial de las Cortes hasta esta semana; concretamente, en la edición del lunes, 3 de octubre. Y Moncloa ha optado por dar una misma respuesta a cuatro iniciativas diferentes tramitadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo.
Las preguntas registradas
El PP unificó sus preguntas en cuatro iniciativas diferenciadas. En uno de ellos requerían información sobre el "modelo de teléfono móvil" que emplean los miembros del Gobierno, el número de veces que se han renovado los terminales, los motivos que suscitaron cada una de esas renovaciones y "cuánto ha costado al erario público" la adquisición de dichos aparatos.
Las tres iniciativas subsiguientes recogían cuestiones relacionadas con los funcionarios encargados de velar por la seguridad tecnológica del teléfono de Pedro Sánchez, sobre el hipotético uso del sistema Pegasus -o similar- por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o sobre los cometidos del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno.
Moncloa reúne las cuatro iniciativas y ofrece una respuesta común a todas ellas -procedimiento habitual cuando se tramitan preguntas similares en diferentes documentos-, pero se niega a facilitar la información requerida. En concreto, pide a los diputados del PP que consulten las intervenciones que Pedro Sánchez y Margarita Robles hicieron en el Pleno del Congreso de los Diputados y en la Comisión de Defensa, respectivamente, relacionadas con el tema. En éstas, no obstante, no hay ninguna referencia al precio o modelo de los teléfonos del Ejecutivo, según ha podido constatar este diario
Asimismo, el Gobierno remite en su respuesta a la comparecencia que hizo la exdirectora del CNI, Paz Esteban, en la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados: "El control parlamentario de dicha información debe recabarse a través del órgano legalmente destinado a ese fin en el Congreso de los Diputados: la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados", resuelve Moncloa, de nuevo sin facilitar los datos de los terminales o su precio.
Quién está detrás de Pegasus
¿Quién infectó el teléfono del presidente del Gobierno y de los ministros de Defensa e Interior? Los expertos coinciden en la dificultad de rastrear la autoría de los hechos, si bien el peritaje puede arrojar algo de luz sobre las fechas en las que se sustrajo información. El juez José Luis Calama Teixeira, de la Audiencia Nacional, también investiga las circunstancias de los hechos, y para ello ha citado a declarar a los ministros Félix Bolaños, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. El primero ya lo ha hecho, por escrito, y los otros dos seguirán el mismo procedimiento.
La distribución de Pegasus corre a cargo de una firma especializada israelí, y principalmente vende el software a países aliados o a instituciones relacionadas con la lucha antiterrorista. Varios países vecinos disponen del sistema; entre ellos, Marruecos, a quien se acusa de haber sustraído con esta herramienta información a periodistas que incomodaban al régimen alauí.
De hecho, la infección de los teléfonos de Sánchez, Marlaska y Robles coincidió en el tiempo con la grave crisis diplomática que atravesaban Madrid y Rabat a partir de la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento en un hospital de Logroño. Aquel suceso, desvelado por la prensa, propició la retirada de la embajadora marroquí en Madrid y la entrada a Ceuta por vías irregulares de unas 10.000 personas en una sola jornada, bajo la connivencia de la gendarmería marroquí.
Por el momento no hay ninguna prueba que vincule la infección de los teléfonos del Gobierno con ningún agente externo y Moncloa insiste en la confianza absoluta que tiene en Marruecos, toda vez que las relaciones bilaterales se restituyeron tras el reconocimiento de Pedro Sánchez de los planes de soberanía que Rabat extiende sobre el Sáhara. Fue Mohamed VI el que reveló el comunicado del Gobierno español, que dio pie a "una nueva fase" en las relaciones bilaterales, dejando atrás todas las tensiones diplomáticas de los últimos meses.
Pero el cierre de un frente diplomático supuso la apertura de un nuevo cisma. En este caso, con Argelia, que criticó sin tapujos la decisión de España sobre el Sáhara y, en respuesta, encarece el precio del gas que envía a nuestro país, en un momento en que la crisis energética amenaza a toda Europa a consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.
Un contexto, no obstante, que no es definitivo sobre el caso Pegasus. ¿Cómo se infectaron los teléfonos de los mandatarios españoles? ¿Qué información específica se sustrajo? ¿Hasta qué punto supuso una amenaza para la seguridad nacional? Información difusa que el juez trata de aclarar y que el Gobierno rehúye en las últimas preguntas tramitadas en el Congreso de los Diputados.
