La juez del 'caso Plus Ultra' ha abierto una pieza separada para investigar la información fiscal de la aerolínea tras recibir la documentación de la Agencia Tributaria solicitada por el Juzgado, según consta en la última documental incorporada al procedimiento a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El pasado 5 de julio, el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid solicitó a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) la emisión de un certificado de deudas y un informe respecto al pago de impuestos de las sociedades Plus Ultra Líneas Aéreas S.L y Snip Aviation S.L.
De esta forma, la solicitud se efectuó un par de semanas antes de que Collazos suspendiera de manera cautelar la concesión del préstamo participativo del 34 millones a la aerolínea, el segundo tramo de un rescate que asciende a 53 millones. No obstante, el Juzgado de Instrucción acabó desbloqueando la ayuda el 9 de agosto.
"No constan deudas pendientes"
La Agencia Tributaria respondió a la solicitud del Juzgado que investiga la causa remitiendo la información fiscal de Plus Ultra Líneas Aéreas S.L., sociedad a través de la cual opera la aerolínea. Tras examinar los datos y antecedentes obrantes de las dos sociedades en su base de datos, la AEAT informó de que "no constan, en gestión de cobro, deudas pendientes" a fecha 30 de julio.
No obstante, la Agencia Tributaria aclara en su escrito que "el presente certificado hace referencia exclusivamente a las deudas liquidadas y pendientes de ingreso, sin perjuicio de que puedan existir otras deudas sin liquidar por obligaciones tributarias incumplidas, por posibles responsabilidades en que haya incurrido el deudor, o por períodos susceptibles de actuación inspectora".
El 2 de septiembre también proporcionó la documentación de Snip Aviation S.L, principal accionista de Plus Ultra al poseer el 45,3% de la compañía, según los últimos datos publicados en el registro mercantil. A su vez, esta sociedad está controlada por tres empresarios venezolanos (Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli y Raif El Arigie Harbie).
En ese caso, la AEAT también declaró que "no constan, en gestión de cobro, deudas pendientes a fecha 2 de septiembre de 2021, sin perjuicio de las obligaciones que pudieran estar incumplidas y de las cuales, caso de que así fuera, este órgano de Recaudación no tiene conocimiento". Aún así, la jueza ha decidido analizar toda esta documental en una línea separada de la causa para investigar toda esta información. Contra la resolución cabía recurso de reforma en un plazo de tres días. Es decir, antes del 1 de octubre.
Cinco meses de espera
De esta forma, la Agencia Tributaria cumple con el requerimiento formulado por la magistrada a mediados de julio en aras a esclarecer la situación fiscal de la compañía. Por ello, solicitó que se remitieran las declaraciones trimestrales de IVA, pago de impuestos, declaraciones anuales, así como certificado de deuda tanto de Plus Ultra como de su principal accionista. El objetivo es contrastar la titularidad real de la mercantil y si cumple o no los requisitos para considerarla como estratégica y, por tanto, merecedora del rescate de dinero público.
Con todo, el juzgado ha tenido que aguardar cinco meses hasta incorporar este material dado que la primera vez que se requirió se hizo a través de la Tesorería General de la Seguridad y no del Punto Neutro Judicial. Precisamente, el estado de sus cuentas es determinante en aras a determinar si el Consejo Gestor de la SEPI que dio luz verde a la ayuda tiene alguna responsabilidad penal en los hechos o, por el contrario, actuó sin diligencia alguna en este asunto.
Al respecto cabe recordar que la Abogacía General del Estado -que ejerce la defensa de los querellados- ha insistido en numerosas ocasiones que se obró acorde a la norma y con los informes financieros y jurídicos favorables al rescate. Frente a los servicios jurídicos del Gobierno se sitúan el querellante inicial (el sindicato Manos Limpias) y las formaciones de PP y Vox, que litigan en el procedimiento penal incoado en abril.
Pendientes de los testigos
Todos ellos insisten en apuntar que la mercantil acumulaba pérdidas desde su creación y, por lo tanto la inyección de fondos públicos podría suponer un importante menoscabo a las arcas públicas del Estado. Precisamente por este motivo, la magistrada Collazos dejó en el aire el pasado julio la entrega de los 34 millones del rescate relativos al préstamo participativo. El juzgado suspendió cautelarmente el desembolso de esta segunda parte de la ayuda a la espera de que la mercantil explicara los motivos por los que necesitaba con tanta urgencia la inyección.
En su respuesta Plus Ultra explicó que, de no abonar esta ayuda comprometida por el Estado, tendría muy complicado devolver los 19 millones prestados en un primer momento y se pondría en riesgo el cumplimiento del plan de viabilidad. Finalmente, el juzgado desbloqueó el desembolso, aunque sigue impulsando el procedimiento en el que todavía no se han tomado declaraciones hasta la fecha.
Al respecto cabe recordar que la magistrada accedió a la propuesta de que declarasen en calidad de testigos el director y la subdirectora de participadas de SEPI, José Ángel Partearroyo y Caridad de Andrés, respectivamente, además de Javier Loriente. Este último en calidad de exsecretario del consejo y exdirector de Asuntos Jurídicos.
Cabe destacar que tanto Partearroyo como Loriente estuvieron presentes en las sesiones celebradas entre febrero y marzo sobre el rescate de Plus Ultra, de acuerdo con las actas a las que ha tenido acceso este diario. Sin embargo, la juez trasladó que sopesaría llamar a los testigos tras estudiar las periciales acordadas en la causa.
