Cinco folios. Esa es la extensión del documento interno de la Policía incorporado al sumario del 'caso Ático' que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, intenta sacar de la causa a toda costa... sin éxito hasta ahora. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, ha dictado un auto por el que rechaza la pretensión del político y su esposa, Lourdes Cavero, también investigada (el término que ha sustituido al de imputado) por la compraventa bajo sospecha de una vivienda de lujo en la Costa del Sol. En el escrito judicial, la magistrada destaca que dicho informe, entrega por el polémico comisario José Manuel Villarejo, debe mantenerse porque este mando policial "lo elaboró en relación a las gestiones tendentes a la averiguación de los hechos que se investigan en este juzgado". En dicho documento, su autor relacionó dicho inmueble de lujo con un supuesto pago de la Gürtel por un 'pelotazo' en Arganda del Rey (Madrid), y apuntaba que Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre hicieron oídos sordos a las denuncias que les llegaban en 2004 sobre las supuestas irregularidades cometidas por el entonces número 2 del Ejecutivo regional madrileño.
La magistrada rechaza sacar del sumario el infome entregado por el comisario Villarejo porque éste lo elaboró para "la averiguación de los hechos que se investigan en este Juzgado"
La petición de Ignacio González y su mujer se había plasmado en un recurso que presentó el pasado 14 de marzo, más de un mes antes de tener que comparecer en el Juzgado para declarar. En el mismo, el político solicitaba a la juez Isabel Conejo, en primer lugar, que anulara la orden de investigar su patrimonio y los movimientos de sus cuentas registrados durante cerca de seis años. También reclamaba apartar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de las pesquisas y que se excluyeran tres documentos entregados por el comisario Villarejo, entre ellos el polémico informe. En su auto, la magistrada rechaza casi todas, salvo la de expurgar de la causa dos documentos entregados también por el mando policial y que eran sendas denuncias que presentó a raíz de las acusaciones que el político lanzó contra él tras salir a la luz la célebre grabación de la conversación que mantuvieron ambos y un segundo comisario.
Sin embargo, sobre "la nota informativa de 11 de julio de 2011", la juez es clara. Asegura que "procede mantener su incorporación a las actuaciones" ya que en el escrito que entregó junto a ella el "testigo" comisario Villarejo, éste destacaba que "lo elaboró en relación a las gestiones tendentes a la averiguación de los hechos que se investigan en este Juzgado". En previsión de esta respuesta, el político ya había presentado su recurso como subsidiario de apelación, por lo que será la Audiencia Provincial de Málaga la que decida, finalmente, si el documento sigue en el sumario o es expurgado como pretende el ex presidente madrileño.
"NI Sumario Gürtel-IG y otros"
El documento, con la referencia "NI [Nota Interna] Sumario Gürtel-IG [Ignacio González].y otros", fue entregado por el mando policial a la magistrada de Estepona después de registrarlo previamente en la propia Dirección General de la Policía el pasado 3 de marzo, según se observa en un sello que figura estampado en la primera hoja del mismo. El contenido del mismo apuntaba en la misma dirección que las declaraciones que el pasado 2 de febrero ya había hecho el comisario ante la juez Isabel Conejo. Entonces aseguró que un confidente de los agentes que investigaban la red presuntamente liderada por Francisco Correa les había asegurado que el político "había cobrado aproximadamente 2 millones de euros" de comisión y que el inmueble era parte del pago por la 'Operación Arganda', el mayor pelotazo de la red de corrupción por la que está imputado, entre otros, el constructor Fernando Martín, cuya empresa, Martinsa, fue la que se hizo con aquellos terrenos por 77 millones de euros.
La "nota interna" lleva fecha del 11 de julio de 2011, pero el mando policial no la registró oficialmente en Interior hasta días antes de entregárselo a la juez del 'caso Ático' el pasado mes de febrero
Sin embargo, en aquella declaración, en la que llegó a acusar al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, de presionar al dirigente del sindicato policial que presentó la denuncia que permitió abrir el sumario para que retirase ésta, no citó ni a Rajoy ni a Aguirre, cuyos nombres si aparecen de manera destacada en la nota interna que Ignacio González quiere sacar de la causa. De hecho, en la misma se destaca que según "las informaciones recibidas por ahora no contrastadas fehacientemente", las supuestas irregularidades habían llegado a "la dirección nacional del PP por denuncias entre otros de constructores que también se presentaron a los concursos de adjudicación y detectaron las trampas". Siempre según el documento policial, "el presidente de esta formación política, M[ariano] Rajoy, se limitó a mantener una reunión de trámite en la calle Génova con la presidente del PP-Madrid Esperanza Aguirre en noviembre de 2004 [en el informe figura por error el año 2000]".
La nota informativa añade que, tras ese encuentro, el entonces alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, imputado más tarde en el sumario de Gürtel por este presunto fraude, "fue llamado para que diera explicaciones". En aquel encuentro, el regidor "adujo que dicha operación de Arganda, al igual que otras similares, se habían hecho porque IG [Ignacio González] dio instrucciones concretas y precisas sobre cómo gestionar el suelo municipal". El informe policial desconocido hasta ahora continuaba asegurando que "según fuentes internas del propio PP" que en aquel momento no estaba recogidas judicialmente, "Aguirre dio garantías de todos los implicados y apenas unos días más tarde, en diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa se realizó tal y cómo la había pactado Correa, sin que las fingidas gestiones de la dirección nacional del PP, para aparentemente evitar la operación, cambiaran para nada el resultado".
El viaje a Colombia
La nota interna no se quedaba ahí. De hecho aseguraba que el 'pelotazo' de Arganda estaba relacionado con el viaje que Ignacio González realizó en el verano de 2008 a Colombia y que fue grabado por detectives privados, según destapó el diario El País un año más tarde. De hecho, llegaba a destacar la coincidencia en el hotel que ocupaba el entonces vicepresidente madrileño con dos españoles supuestamente relacionados con el "peligroso cártel de Cali". También detallaba supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid y que, según el informe del comisario Villarejo, es "la herramienta para los cobros y pagos de difícil justificación, así como el sistema de enriquecimiento ilícito de ciertos dirigentes de la Comunidad de Madrid". El documento incluso relacionaba dicha sociedad pública con supuestos pagos a periodistas y medios de comunicación con el fin de que ensalzaran a los dirigentes regionales del PP y criticaran a sus adversarios políticos. El Canal de Isabel II es actualmente investigado dentro del sumario del 'caso Púnica'.
El documento policial habla de "fingidas gestiones de la dirección nacional del PP" tras las denuncias de irregularidades en el 'pelotazo' de la trama Gürtel en Arganda del Rey
Otra empresa que figura en esta última causa y que también aparece en la nota del comisario es la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de la que el informe policial aseguraba que "adjudicaría contratos millonarios mediante aparentes licitaciones previamente pactadas con los adjudicatarios, elaborando facturas falsas, engordando contratos y/o liberando fondos en efectivo, parte del cual iría a la caja B del partido político controlador y parte se quedaría en manos de quienes estarían manejando dichas operaciones". El escrito policial también destacaba los "vínculos" de González y otro de los imputados en el 'caso Ático', el empresario Enrique Cerezo, en unas supuestas irregularidades en la adjudicación de las televisiones digitales en la Comunidad de Madrid. El documento policial hablaba también de la entrega de dinero en "bolsas de plástico" como comisión de otra operación urbanística amañada en la Comunidad de Madrid supuestamente instigada por el político madrileño en 2007 y las posteriores presiones a un juez para que archivara la investigación que se abrió entonces por aquella. También recoge la existencia de cajas de seguridad en un banco a nombre de varios colaboradores del expresidente madrileño que "periódicamente se reunían para repartir cuando éstas estaban llenas".
