Diputados de Podemos, En Comú Podem y En Marea presentaron ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid al considerar que se trata de una norma a la carta para favorecer las grandes operaciones urbanísticas en la capital. Pero, de forma sorprendente, el texto recoge que los demandantes comparten el objetivo y finalidad del precepto que recurren.

La entidad dispone de un nuevo plazo para salir al mercado: tiene de límite hasta 2020, pero no lo hará antes de canjear los más de 380 millones en CoCos de la antigua Ceiss, que intentará colocar entre inversores institucionales. La entidad y Microsoft firman un acuerdo para desarrollar la transformación digital de Ibercaja: nueva aplicación para el móvil, nuevos canales de venta, etc.

El portavoz de los 'populares' en la Comisión de Economía y Hacienda asegura que todas las facturas destapadas por el PSOE están "perfectamente justificadas" y que su partido no tiene nada que ocultar. La Junta pagó más de ocho millones de euros en 2014 en "gastos diversos", incluyendo restaurantes, casas rurales y costas judiciales, entre otras partidas.

Ignacio González había pedido que se sacara de la causa la nota interna que elaboró en 2011 el comisario Villarejo y que ya relacionaba la vivienda de lujo en Estepona del dirigente madrileño con la trama Gürtel. La magistrada lo ha rechazado al considerar que se elaboró "en relación a las gestiones tendentes a la averiguación de los hechos que se investigan en este Juzgado". 

El Gobierno que preside el 'popular' Juan Vicente Herrera también asumió facturas por un total de 190.000 euros en restaurantes y de 2.000 euros en artesanía. Los pagos figuran en el epígrafe de "gastos diversos" de la Cuenta General de 2014 y han sido destapados por el PSOE. El PP, por su parte, se defiende asegurando que "la mayoría de estos gastos pueden encontrarse en todas las administraciones".

La fiscal Belén Suárez sostiene que no es competencia de la Audiencia Nacional investigar las hipotecas sobrevaloradas que Caja Madrid concedió entre los años 2003 y 2009 cuando Miguel Blesa presidía la extinta entidad. En tres informes enviados al Juzgado Central Número 5 a lo largo de los años 2014, 2015 y 2016, la Fiscalía se opuso a investigar las hipotecas dadas por dicha entidad en plena 'burbuja inmobiliaria'.