Nuevo varapalo al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a cuenta del 'caso Acuamed'. En este caso, en el ámbito laboral. El titular del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid ha dictado este viernes una sentencia por la que declara nulo el despido de Gracia Ballesteros, una de las dos ingenieras de la empresa pública Aguas de la Cuena Mediterránea SA que fue represaliada cuando se negó a respaldar las irregularidades de los contratos que ahora investiga la Audiencia Nacional dentro de la 'Operación Frontino'. La decisión del magistrado se produce sólo unos días después de conocerse que la sociedad estatal había readmitido a tres de los presuntos cabecillas de la trama tras salir de prisión. Aún está pendiente de celebrarse el juicio por un segundo despido disciplinario, el de Azahara Peralta, fijado para enero de 2017. Esta trabajadora, que también rechazó avalar los presuntos amaños que ahora ha detectado el juez Eloy Velasco, envió recientemente una carta a la ministra Isabel García Tejerina para pedir su readmisión y la de su compañera como muestra de "su repulsa a la corrupción".
El juez de lo Social considera "nulo" el despido de una de las dos ingenieras que fueron represalidas por negarse a avalar los contratos amañados por la mafia del agua
El despido de Gracia Ballesteros y su compañera fue acordado por unanimidad por el Consejo de Administración de Acuamed en la reunión que celebró el 30 de julio de 2015. Según refleja el acta de aquel encuentro, presidido por el actual 'número 2' del Ministerio, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, todos los asistentes apoyaron la propuesta de expulsar de la compañía a ambas trabajadoras. "Tras la oportuna deliberación, el Consejo de Administración, por unanimidad, presta su conformidad a las medidas disciplinarias propuestas y solicita que se le vaya ofreciendo información exhaustiva sobre este punto en la siguiente reunión del Consejo", se lee textualmente en el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli. La decisión se tomó después de que un denominado Comité de Control Interno presentará un informe que aseguraba haber encontrado "una serie de deficiencias e irregularidades" de las que acusaba a ambas empleadas. Dicho comité estaba encabezado por Francisco Javier Gómez Pastor, uno de los trece detenidos por la Guardia Civil meses después y que fue enviado a prisión por su supuesta relevancia dentro de la trama. Gómez Pastor es también uno de los directivos que se acaba de reincorporar a la empresa tras salir de la cárcel bajo fianza de 300.000 euros.
Juicio a puerta cerrada
La consiguiente demanda de ambas se concretó en un primer juicio que se celebró el pasado 1 de abril en el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid, que es el que ahora ha dictado el fallo. Antes de la vista, los representantes legales de Acuamed ofrecieran la readmisión con condiciones (debían aceptar una sanción de un mes de empleo y sueldo) a las dos ingenieras. El objetivo, según fuentes cercanas a la ministra de Agricultura, era "cerrar" el pleito ante la repercusión mediática que había tenido el 'caso Acuamed'. Tras negociar los abogados de la empresa pública y los de la trabajadora durante cerca de dos horas, finalmente no llegaron a un acuerdo y la vista se celebró. Eso sí, a puerta cerrada ya que el magistrado consideró que en el transcurso del mismo podían salir detalles sobre los pufos que investiga en la Audiencia Nacional su colega Eloy Velasco y que aún mantiene secreto el sumario.
Poco antes de celebrarse la vista, el Ministerio ofreció a la trabajadora readmitirla si aceptaba una sanción disciplinaria. Ésta lo rechazó y el juez le da ahora la razón
Entre los testigos que finalmente declararon aquel día se encontraba Francisco Valiente, el directivo de la compañía que destapó las supuestas irregularidades con su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y que también fue despedido por ello en abril de 2014. Junto a él, estaban citados para comparecer el exdirector general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, aún encarcelado, y su mano derecha, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, quien ha salido de prisión recientemente y se reincorporó el pasado lunes a un despacho en la empresa pública. También lo hicieron técnicos y peritos de algunas de las empresas relacionadas con las obras investigadas, y se incorporó la declaración por escrito de Pablo Saavedra, quién presidió la reunión del Consejo de Administración de la sociedad estatal en el que se decidió despedir a las dos trabajadoras por unanimidad en su condición de Secretario de Estado de Medio Ambiente.
