El recurso que diputados de Podemos presentaron ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley del Suelo de Madrid alaba la normativa, hasta el punto de que los recurrentes dicen compartir su objetivo y finalidad. No se trata de una broma ni de un error tipográfico; en todo caso, un extraño ejercicio de oposición a algo con lo que se está básicamente de acuerdo.
La nueva Ley del Suelo de Madrid, aprobada por el Parlamento regional a finales del pasado año, acababa con la limitación de las tres alturas más ático para los nuevos desarrollos urbanísticos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, un precepto que se impuso en la etapa en que Esperanza Aguirre estuvo al frente del gobierno regional. El cambio normativo, propuesto por Ciudadanos, socio de gobierno del PP, contó con el voto en contra del PSOE y de Podemos, pese a que esta última formación se había manifestado en numerosas ocasiones a favor de acabar con la limitación de las alturas.
La nueva Ley del Suelo de Madrid, aprobada por el Parlamento regional a finales del pasado año, acababa con la limitación de las tres alturas más ático
De ahí que causara sorpresa el hecho de que varios diputados nacionales de la formación morada, entre ellos sus cabezas visibles Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, presentaran nada menos que un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley del Suelo. Además, el trámite administrativo contó con la luz y los taquígrafos de los medios de comunicación, ante los que una representación de los recurrentes explicó que la normativa parecía hecha a medida para favorecer a los grandes desarrollos urbanísticos como Distrito Castellana Norte (la conocida como ‘operación Chamartín’) y la operación Mahou-Calderón (la explotación de los terrenos donde se ubica el estadio Vicente Calderón y se situaba la antigua fábrica de la cervecera Mahou). Los recurrentes señalaron su oposición a que se legislara a la carta, motivo principal para la presentación del citado recurso.
Pero las sorpresas no se acababan ahí; de hecho, la mayor de ellas aparece en el contenido del recurso. En la parte donde se recogen los fundamentos de Derecho, los recurrentes matizan que el objeto de la reclamación ante el Tribunal Constitucional no es la Ley del Suelo en sí misma. Y no sólo eso sino que además aseguran sobre la nueva normativa que “no sólo no sostienen reproche alguno de constitucionalidad contra el artículo único de esta Ley sino que también comparten el objetivo y finalidad de ese precepto”.
Cuestión de interpretación
Es más, los diputados de Podemos ahondan en que la limitación de las tres alturas con la que acaba la Ley que ellos recurren “impuso durante su vigencia un modelo de desarrollo urbanístico insostenible social y ambientalmente por fomentar la dispersión territorial, con un considerable incremento de impermeabilización del terreno, así como de consumos energéticos e incremento de los costes de servicios municipales, derivados de una menor densidad poblacional”.
¿Dónde está del punto de la reclamación? Nada menos que en la disposición adicional de la Ley, que únicamente aclara un punto de la normativa de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. Los recurrentes aseguran que esta disposición pretende interpretar aquella disposición adicional para conseguir revertir los fallos judiciales que, en virtud de la norma de las tres alturas, tumbaron proyectos como los citados anteriormente.
“El texto del recurso podía llevar la firma de los promotores de las operaciones urbanísticas, lo suscribirían prácticamente en su totalidad”, asegura una fuente jurídica, que asegura que, en ningún caso, el cambio de una normativa podría repercutir en fallos judiciales anteriores.
La Asamblea se personará
El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, afirmó que cuando Ciudadanos propuso retirar el punto de la antigua Ley del Suelo que limitaba a tres alturas los edificios ya dijeron que “era un verdadero problema y una demostración de cómo estaban manejando la Ley para favorecer a un grupo muy pequeño de gente”.
“Se está beneficiando la operación Mahou-Calderón y la 'operación Chamartín'. No se puede estar legislando solamente para los beneficios de unos pocos. Ya lo contamos en su momento y votamos en contra. Y al final va a tener que ser el Tribunal Constitucional quien pare y quite esta aberración jurídica", afirmó entonces. El texto del recurso contrasta claramente con estas palabras.
No obstante, la Asamblea de Madrid ha aprobado personarse y formular alegaciones contra el mencionado recurso ante el Tribunal Supremo.
