La investigación sobre el ático de Ignacio González en la Costa del Sol se reactiva. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, ha dictado una providencia por la que cita a declarar como testigos el próximo lunes a dos mandos policiales que intervinieron en las primeras pesquisas sobre el inmueble que fueron paralizadas entonces por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Se trata de los comisarios Agapito Hermes de Dios y José Luis Goudiña. El primero era el comisario de Marbella que hizo las primeras gestiones y que fue cesado de su puesto tras tachar Fernández Díaz de "ilegales" sus investigaciones. El segundo, destinado entonces en la UDEF, recibió el encargo de reanudarlas meses después, pero el superior que se lo había encargado, el comsiario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, fue destituido fulminantemente por ello.
Uno de los comisarios citados como testigos fue el que inició la investigación en 2011 y al que Fernández Díaz cesó tras llegar al Ministerio del Interior
El escrito judicial, al que ha tenido acceso Vozpópuli, señala el próximo 27 de junio, el día siguiente de las elecciones, como la fecha para la comparecencia de ambos mandos policiales. El primero lo hará a las 11 de la mañana. Media hora más tarde está citado el segundo. Eso sí, ninguno de los dos, actualmente destinados en Madrid, tendrán que viajar hasta la ciudad malagueña para hacerlo. Lo harán ante el titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, quien ha recibido un exhorto de su colega de estepona para practicar dicha diligencia. No es la primera vez en este caso, en el que están imputados el expresidente madrileño, su mujer, Lourdes Cavero, y el empresario Enrique Cerezo, que se toma esta decisión para evitar el desplazamiento de un testigo. Ya lo hizo, por ejemplo, el comisario Rodríguez Ulla, al que también se le preguntó por las razones que llevaron a archivar el caso en 2012.
Agapito Hermes, el primer policía que comparecerá, era el comisario jefe de Marbella en julio de 2011, cuando el PSOE aún estaba en el poder. Fue quien inició las pesquisas supuestamente por orden del entonces 'número 2' de la Policía, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico. Sin embargo, la llegada al Palacio de La Moncloa del PP se tradujo en la paralización de las investigaciones en abril de 2012, al considerar el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que las pesquisas que se estaban haciendo sobre el ático de su correligionario no habían sido registradas de forma oficial y, por tanto, eran "ilegales". La propia Dirección General de la Policía anunció entonces en una nota de prensa que "siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior" había abierto un expediente a este agente que también fue trasladado de destino.
Reabierto en junio de 2012
Sin embargo, el caso fue reabierto el 7 de junio de 2012 por el entonces comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, nombrado para el cargo tras la llegada del PP. En su declaración de marzo como testigo en el caso, este alto mando policial aseguró que lo hizo tras recibir tres notas registradas por un sindicato policial en las que se denunciaban supuestas irregularidades en el patrimonio del político. Ello le llevó a convocar una reunión de la comisión técnica de su departamento para analizar la información que contenía. De aquella reunión policial salió, precisamente, la decisión de encargar las pesquisas a la UDEF con "la premisa de que se diera cuenta a la Fiscalía Anticorrupción". Aquellas primeras diligencias recibieron incluso un número de referencia y fueron declaradas secretas a petición de otro comisario que participó en el encuentro. Las mismas se encargaron entonces a uno de los jefes de grupo de la Unidad, el hoy comisario José Luis Goudiña.
El segundo mando policial que comparecerá participó en el segundo intento de investigar el ático de González y que Interior cortó con el cese fulminante de su jefe
Rodríguez Ulla aseguró a la juez Conejo que al día siguiente se informó de las mismas tanto a su superior jerárquico, el también comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, como a la Fiscalía Anticorrupción. A partir de ese momento, se iniciaron las investigaciones y se planteó el desplazamiento de dos agentes a Asturias, donde vivía el primer propietario del ático que se lo había vendido a la empresa 'pantalla' que más tarde se lo alquilaría a Ignacio González y su mujer. A finales de ese mes, el comisario fue cesado "por pérdida de confianza" por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una decisión que contó con el respaldo público del ministro del Interior. Era la segunda vez que el caso se archivaba. Ahora la juez Conejo quiere saber las circunstancias de ello.
