El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha requerido al Partido Popular que ponga a su disposición e cinco días los dos ordenadores portátiles que el ex tesorero Luis Bárcenas tenía en la sede de la formación. Ruz acepta la práctica de esta diligencia pedida por el abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, con el fin de hacer una prueba pericial y que se cotejen los archivos contenidos en los ordenadores con los que Bárcenas aportó al juez el pasado 15 de julio en una memoria USB, que contenía los correspondientes a la supuesta contabilidad B del partido.
El juez del caso Gürtel cree que esta diligencia es "posible" puesto que Cospedal aseguró durante su declaración que estos ordenadores "continúan custodiados" por la formación política. La presidenta de Castilla La-Mancha hizo esta afirmación en respuesta a las preguntas sobre una de las acusaciones de la pieza de los llamados papeles de Bárcenas, y añade que la respuesta permite "la verificación de la diligencia".
Según el juez, en dichos ordenadores estarían los "archivos primigenios" de los entregados por el extesorero en el lápiz de memoria.
Dentro de la misma investigación, el magistrado ha solicitado también una ampliación de la pericial relativa a las firmas de quien fuera responsable de las cuentas del partido Álvaro Lapuerta para comprobar si las firmas que aparecen en los folios, se corresponden con las del anterior extesorero, Álvaro Lapuerta. Para ello, reclama los cuerpos de escritura realizados en la Fiscalía Anticorrupción y en su Juzgado y oficia al Banco Popular para que le remita unos documentos en los que se refleja la rúbrica completa de Lapuerta en su condición de tesorero.
Con el fin de esclacer los hechos, Ruz pide a la sucursal que le envíe la documentación donde figuraría su firma sobre un crédito hipotecario concedido en 2006 al PP para la compra de la sede de Génova 13.
Los ordenadores de la discordia
El pasado 1 de marzo, Bárcenas acudió a la comisaría de policía del barrio madrileño de Salamanca para presentar una denuncia contra el PP, y en concreto contra Alberto Durán, por entrar sin permiso en el despacho que dijo que ocupaba en la sede nacional del partido, de dónde, aseguró, le habían "robado" dos ordenadores que tenía allí.
Una juez de Madrid archivó el 3 de mayo la denuncia al entender que, en contra de lo afirmado por Bárcenas, ni se produjo "robo con fuerza, ni hurto, ni apropiación indebida". Antes de adoptar esta decisión, la juez interrogó a Bárcenas y a Durán, y el extesorero aseguró que no sólo forzaron la cerradura de su despacho, sino que la quitaron y destacó que "la única llave" del despacho la tenía él.
